Juan Alfonso Ruiz: “Las rebajas fiscales del PP perjudican doblemente a las rentas bajas”

Juan Alfonso Ruiz Molina (Toledo, 62 años) repite una legislatura más capitaneando la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, ahora también con competencias en transformación digital. A los mandos de la política tributaria en una de las pocas comunidades que conserva el PSOE tras las elecciones de 2023, insiste en que debe hacerse “pedagogía” para que la ciudadanía entienda el valor de los impuestos como sostén del Estado del bienestar. También anima al Ministerio de Hacienda a impulsar una armonización fiscal para acabar con la competencia entre territorios.

Recibe a EL PAÍS en la Consejería de Toledo, desde donde reclama al Gobierno avances en uno de los asuntos transcendentales para su territorio: el sistema de financiación. “Recibimos mucho menos de lo que nos corresponde”.

Pregunta. Castilla-La Mancha suele ser la voz discrepante del PSOE. ¿También en materia fiscal?

Respuesta. Siempre hemos sido reivindicativos con independencia de quién estuviera gobernando. El presidente [Emiliano García] Page ha sido siempre coherente en esas reivindicaciones, sea con Mariano Rajoy en La Moncloa o con Pedro Sánchez, de igual forma que lo he hecho yo con Hacienda. Hemos insistido en lo que más nos afecta, que es la financiación autonómica, porque somos una de las regiones peor financiadas.

P. Castilla-La Mancha envió una carta el Gobierno donde pidió que las cuestiones que afectan a la capacidad financiera de las autonomías se tomen conjuntamente.

R. Es absolutamente necesario el principio de lealtad institucional para que cuando el Gobierno de la nación adopte medidas que afectan a las finanzas de las comunidades, se valore y se compense. Pedimos que en la próxima Conferencia de Presidentes se alcance un compromiso de Estado para que la capacidad financiera de las autonomías no se vea afectada por decisiones del Ejecutivo nacional, como la rebaja en el IVA.

P. ¿Puede reformarse el sistema de financiación en esta legislatura?

R. Hay interés por parte del Gobierno, pero el ambiente no acompaña. Lo veo difícil, y no tanto por parte de las comunidades, que somos las más interesadas, sino por la confrontación que existe a nivel nacional.

P. ¿Qué reclaman en esa reforma?

R. Garantizar el principio de igualdad, es decir, que todos los ciudadanos, con independencia de dónde residan, tengan el mismo nivel de prestación en los servicios públicos. Es necesario hablar de población ajustada para que se valore adecuadamente cuál es el coste efectivo de esos servicios fundamentales. Por las características sociales de nuestro territorio, abogamos por una ponderación importante de la superficie y de la población distribuida entre los diferentes grupos de edad. Defendemos que se valore adecuadamente la dispersión e incluso el nivel de renta, porque está claro que cuanto más ingresos tiene el ciudadano, menor uso hace de los servicios públicos. Y mientras llega esa reforma, defendemos la puesta en marcha de un fondo transitorio.

P. Comparten reivindicaciones con muchas autonomías del PP. ¿Por qué es tan complicado el acuerdo?

R. Tenemos características muy similares a Castilla y León, Galicia o Andalucía. Con muchas comunidades del PP no nos separan más que pequeños matices que podríamos perfectamente abordar en cualquier negociación. Sería importante empezar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que el Gobierno central pusiera sobre la mesa una propuesta.

P. ¿Por qué no lo convoca Hacienda?

R. Hubo ya un primer borrador en algo tan importante como la población ajustada. Las comunidades hicimos las aportaciones que consideramos pertinentes, pero no sabemos más. Fue un paso importante y deberíamos continuar.

P. ¿Les preocupa la competencia fiscal entre territorios?

R. Todos los consejeros estamos reclamando mayor atención, pero al mismo tiempo algunos rebajan impuestos y trasladan a la ciudadanía el mensaje de que los impuestos no valen para nada, cuando son los que financian el Estado del bienestar. Esa carrera por eliminar impuestos me parece contraproducente y, desde luego, me parece incoherente bajar impuestos y al mismo tiempo pedir mayores recursos para el sistema de financiación.

P. ¿Se han planteado alguna vez entrar en esa carrera?

R. Somos conscientes de la importancia que tienen los impuestos para financiar el Estado del bienestar. Desde luego, no vamos a entrar en esa lucha y hay que hacer pedagogía.

P. A nivel electoral parece que sí funcionan esas propuestas...

R. Algunas comunidades están diciendo que bajar los impuestos aumenta la recaudación. Vemos asomar a los seguidores de la curva de Laffer, que académicamente se ha demostrado que no es real. Por eso nos parece importante en materia fiscal la armonización y el establecimiento de unos umbrales mínimos. Algunas comunidades, y también el Partido Popular de esta región, dicen que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos. Y yo siempre les digo que solo en el caso de los que tienen dinero. Las rentas bajas se ven perjudicadas doblemente por las rebajas fiscales generales. Por un lado, porque no se benefician de algunas al no llegar al umbral mínimo para declarar. Por el otro, por el deterioro de los servicios públicos.

P. ¿Comparten la propuesta de condonación de parte de la deuda autonómica en la que trabaja Hacienda?

R. Esa reestructuración de la deuda es un elemento importante en el debate del sistema de financiación. Es una deuda que se origina por el ciclo económico de la crisis financiera, por la infrafinanciación y por las decisiones de gasto que hayan podido adoptar las autonomías. Abogamos por que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pondere estas causas en cada caso para determinar qué grado de reestructuración debe tener cada territorio.

P. ¿Cuál es el de Castilla-La Mancha?

R. De los 16.000 millones que tenemos de deuda viva, aproximadamente un 93% es consecuencia de factores exógenos a la comunidad, es decir, la crisis financiera y la infrafinanciación.

P. ¿Cómo valoran la propuesta de financiación singular de los partidos soberanistas catalanes?

R. Es injusta y egoísta. Rompe el principio de solidaridad y de igualdad. Con ella, se podría producir el hecho de que dos ciudadanos con igual renta y carga tributaria tuviesen mejores o peores servicios públicos en función de dónde residan. La solidaridad es importante y la practicamos todos cuando pagamos los impuestos. Tengo que recordar que España ha sido solidaria con Cataluña. Lo recuerdo en el caso de los Juegos Olímpicos de 1992, al igual que con la Expo de Sevilla de ese año. Mientras los castellanomanchegos estábamos siendo solidarios, aquí no teníamos ni una sola resonancia magnética y los dos millones de habitantes tenían que desplazarse a Madrid para estas pruebas diagnósticas. No puede ser que un conjunto de comunidades comamos menú del día y otras quieran comer a la carta.

P. ¿Se extiende esto a País Vasco y Navarra?

R. Sus regímenes están recogidos en la Constitución. Aunque es verdad que sería importante que su contribución a la solidaridad estuviese en proporción a lo que aportan otras autonomías ricas.

P. La Airef suele alertar de los niveles de déficit de algunas comunidades, entre ellas Castilla-La Mancha.

R. Estamos ponderando adecuadamente los compromisos que adquirimos con los ciudadanos con la seriedad fiscal. Y todo ello pese a que tenemos una financiación que no se corresponde con la que nos tocaría si el modelo funcionara adecuadamente.

P. ¿Se pueden seguir saneando las cuentas en esta situación?

R. Es mucho más difícil porque tenemos un déficit de financiación de 315 millones anuales, pero lo estamos intentando.

P. ¿Le perjudica a Castilla La Mancha estar tan cerca de Madrid, la región con más rebajas fiscales?

R. Ahora se está produciendo una deslocalización de domicilio fiscal de las rentas más altas para tributar en Madrid. Es una competencia desleal, porque no estamos en las mismas condiciones para practicar esa política fiscal tan laxa. Yo no entro a juzgar si es justo o no lo que hace Madrid con sus tributos. Me gustaría saber cuál es la repercusión que tiene esa política en sus servicios públicos, pero no es de mi competencia. Pero es cierto que las comunidades autónomas que somos limítrofes con Madrid nos vemos perjudicadas. Madrid se beneficia de unas condiciones de capitalidad e inversión que nosotros no tenemos y está practicando una política fiscal que las demás no nos podemos permitir porque va en deterioro de los servicios públicos. Es necesaria una armonización para que ninguna comunidad se aproveche de una situación privilegiada.

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