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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El coste económico de la discordia

Hernández de Cos pone el acento en la pérdida de confianza en las instituciones y el aumento de las desigualdades

Pablo Hernández de Cos gobernador del Bando de España
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en una imagen de diciembre de 2023.JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)
Andreu Missé

Cada vez hay más evidencias de que la creciente crispación política está afectando seriamente el futuro de la economía española. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional, en su último análisis sobre España han señalado que la falta de consensos y la elevada fragmentación política “afectaría negativamente a las perspectivas de crecimiento económico futuro”. Lo recordaba el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en la presentación del Informe Anual 2023.

Resulta bastante frustrante la constatación de estos hechos en un momento en que a pesar de las conocidas dificultades, “la economía española destacó por registrar un crecimiento significativamente por encima de la media del área del euro”, como precisaba el gobernador. Una economía que registra un intenso reequilibrio de sus cuentas con una reducción de su deuda pública desde el 120,3% al 107,7%, entre 2020 y 2023, más intensa que la de la zona euro, aunque esa se encuentra en un nivel más manejable (88,6%).

A los desafíos ampliamente divulgados, como los referentes a la sostenibilidad de las pensiones y las dificultades del acceso a la vivienda, Hernández de Cos pone el acento en dos aspectos especialmente significativos: la pérdida de confianza en las instituciones y el aumento de las desigualdades con el aumento de las dificultades de los más vulnerables. “Desde la crisis financiera”, señala, “se ha producido en nuestro país una caída en la confianza en las instituciones y en la percepción de su calidad; un deterioro que habría sido más acusado que el observado en otros países de nuestro entorno”. Un deterioro que requiere “impulsar la eficacia y la eficiencia de las administraciones públicas españolas, incluido el sistema judicial”.

Varios indicadores certifican el aumento de las desigualdades como la Encuesta Financiera de las Familias que reflejó que en 2002 el 43% de la riqueza neta total de los hogares se concentraba en el 10% más rico de la población mientras que este porcentaje era del 54% en 2020. Si bien, en el contexto mundial la desigualdad es mayor. En 2021, el 10% de las familias poseía el 76% de toda la riqueza.

Es notable la apelación del supervisor a las políticas de rentas y transferencias porque “pueden desempeñar un papel relevante para mitigar las implicaciones adversas que están asociadas a niveles de desigualdad o vulnerabilidad elevados”. Desigualdades a las que sin duda han contribuido el comportamiento de las entidades financieras que “han logrado una mejora significativa de su rentabilidad, impulsada fundamentalmente por el crecimiento del margen de intereses”. Y el reconocimiento de que “la buena evolución del margen de intereses se ha sustentado, a su vez, en la traslación asimétrica del alza de tipos de interés”. Es decir, han subido mucho más el coste de las hipotecas que la remuneración del ahorro.

Es significativo que en su último mensaje el gobernador haya dejado, a modo de testamento, su preocupación por los perjuicios que causan a la economía la pérdida de confianza en las instituciones, el sistema judicial y el aumento de la discordia.


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