Incontestables cifras de vivienda

Decía el matemático y físico británico Lord Kelvin que: “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”. En los últimos días han aparecido importantes estudios oficiales sobre las necesidades reales de viviendas en España. Los resultados apuntan unas cifras abrumadoras que explican lo alejados que estábamos de medir bien nuestras necesidades reales y adoptar las medidas adecuadas a pesar de los importantes esfuerzos realizados en los últimos tres años.

El Banco de España ha dedicado un extenso capítulo de su Informe Anual 2023 al problema de la vivienda. En su diagnóstico señala que converger a los niveles del parque público promedio de las economías de la Unión Europea “supondría realizar un esfuerzo extraordinario, que se estimaría en la provisión en torno a 1,5 millones de nuevas viviendas en alquiler social. Un plan a 10 años con el objetivo de disponer de este parque de viviendas supondría incrementar en más de un 150% la producción anual media de viviendas en España registrada en los últimos años”.

El economista Julio Rodríguez López, expresidente del Banco Hipotecario de España, profundo conocedor del sector, en un reciente trabajo Resolver los problemas históricos de la vivienda en España, recogido en Economía, Política y Ciudadanía de Economistas Frente a la crisis, (Catarata) sugiere que el gasto público directo en acceso a la vivienda y fomento de la edificación debería superar los 5.000 millones de euros anuales”. No es un objetivo imposible. Los gobiernos de Pedro Sánchez ya realizaron un cambio trascendental al elevar el gasto público en vivienda desde los 480 millones de euros anuales que lo había rebajado el Partido Popular hasta los 3.500 millones de euros del presupuesto del Gobierno de coalición de 2023. Esto no quita que el discurso de la falsedad que se ha instalado este país, permita al PP reprochar a Sánchez su responsabilidad en la falta de viviendas.

El déficit de viviendas afecta gravemente a varios países europeos. El primer ministro de Irlanda, Simon Harris, ha anunciado un plan para resolver este problema en su país mediante la construcción de 250.000 viviendas en cinco años. Irlanda tiene una población de 5,2 millones de habitantes.

El análisis de Julio Rodríguez señala que “el estado autonómico es un modelo confuso de delimitación competencial en cuanto a política de vivienda”. Precisa que las comunidades autónomas han asumido con carácter exclusivo las competencias en materia de política de vivienda, pero es el Estado quien aporta la mayor parte de los recursos que se destinan a estas funciones. Su propuesta concreta es que, en ausencia de un banco público especializado en la financiación de la vivienda social, habría que crear “una sociedad pública de gestión que administraría un fondo nacional que financiaría el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Esta última entidad obtendría los recursos mediante aportaciones del Gobierno, fondos europeos y emisiones de bonos”.

Ahora ya conocemos bien las medidas del problema. Apremian las soluciones.

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