Más cobertura del IMV, aprovechar a las mutuas y cerrar la brecha en pensiones: las prioridades de la Seguridad Social

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para informar sobre las prioridades de su departamento durante esta legislatura. Entre ellas destacan mejorar la cobertura del ingreso mínimo vital (IMV), que alcance a más potenciales beneficiarios; reforzar el papel de las mutuas en las bajas traumatológicas dada su especialidad al respecto; seguir subiendo las pensiones mínimas y no contributivas con especial atención en cerrar las brechas de género; y mejorar la atención ciudadana en las oficinas de la Seguridad Social. Además, ha anunciado que su ministerio colaborará con el Nobel Abhijit Banerjee en la evaluación de sus políticas y que, según sus estimaciones, la hucha de las pensiones alcanzará los 25.000 millones de euros en 2028, casi cinco veces más que ahora. El déficit del sistema cerró en el 0,5% en 2023.

“Sabemos que las brechas de cobertura en prestaciones vinculadas a rentas, como el IMV, son amplias. No todas las personas que podrían tener derecho a la prestación terminan solicitándola. Ocurre en España y en todos los países del mundo”, ha reconocido Saiz. Esa falla en la cobertura es una de las principales críticas de los expertos en la materia. “Es un aspecto que nos preocupa particularmente”. Para mejorar este problema, Saiz ha anunciado que su ministerio desarrollará más campañas para dar a conocer el IMV y que emprenderá una “búsqueda activa” de potenciales beneficiarios.

Asimismo, la ministra ha indicado que se eliminará la extinción de la unidad de convivencia cuando fallece el titular, “que ahora mismo supone, en la práctica, que se tenga que volver a solicitar esta prestación”. “Algo parecido sucede con el empadronamiento de una nueva persona en el hogar beneficiario de IMV, y queremos eliminar la extinción automática”, ha comentado.

La ministra ha reivindicado que desde 2020 el IMV ha llegado a 750.000 hogares en los que viven más de 2,3 millones de personas. Esta cifra no equivale a los beneficiarios actuales, un dato que el ministerio no detalla. Este es uno de los motivos que ha motivado críticas contra el ministerio, a las que el departamento contesta con un refuerzo en la evaluación de sus políticas.

Saiz ha anunciado la creación de un laboratorio de evaluación de políticas públicas junto con el profesor Abhijit Banerjee, premio Nobel de Economía y profesor del MIT (Massachuestts Institute of Technology). “Cuando acabe el proceso de evaluación, en marzo de este mismo año, habremos obtenido evidencias respecto a las actuaciones que pueden tener mayor o menor impacto en el acompañamiento a las personas vulnerables”, ha dicho la ministra.

Cerrar la brecha de género

La ministra ha insistido en que cerrar la brecha de género en las prestaciones, especialmente en las pensiones, será una de sus prioridades. “Somos conscientes de que esta brecha tiene su origen en el mercado laboral, pero desde la Seguridad Social tenemos palancas para mejorar esta situación”. También en materia de pensiones, Saiz ha asegurado que el fondo de reserva (la conocida como hucha de las pensiones) alcanzará a final de 2024 los 9.000 millones de euros y que al final de la legislatura (en 2028, si no hay elecciones antes) calcula que alcanzará los 25.000 millones. Hoy hay 5.500 millones. “El déficit de la Seguridad Social se ha reducido en más de un punto desde 2018, lo que nos va a conducir próximamente al equilibrio presupuestario”. Así, el déficit del sistema ha cerrado en 2023 en un 0,5%. Otros expertos dudan de que este optimismo del Gobierno esté justificado.

“Se ha de abordar también la jubilación anticipada en actividades penosas para establecer un procedimiento efectivo, que permita el reconocimiento de coeficientes reductores en actividades en las que se acredita objetivamente la penosidad”, ha añadido Saiz. “Este nuevo procedimiento contará con indicadores objetivos para justificar dichas condiciones, en los que se tendrá en cuenta factores como la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que se puedan causar”. A la vez, Saiz ha destacado el peso de las jubilaciones voluntariamente demoradas, que se ha duplicado en 2023 y ha empujado la edad media de jubilación hasta los 65 años.

Por otro lado, la ministra ha indicado que “a corto plazo” mejorará la gestión de las incapacidades temporales, es decir, de las bajas laborales. “Estamos preparando el camino para articular fórmulas de colaboración entre los servicios públicos de salud y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para optimizar la atención de un tipo de procesos de muy concreto, las contingencias comunes de origen traumatológico”, ha indicado. Esta línea sigue la senda marcada por el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que sindicatos y patronales firmaron en mayo del año pasado. “Es, en definitiva, una vía que nos permite utilizar mejor los recursos públicos”.

Mejor atención y cambios en extranjería

Asimismo, Saiz ha destacado que mejorará la atención al público en las oficinas de la Seguridad Social, otra de las principales críticas que recibió el departamento en la anterior legislatura y que motivó convocatorias de paros de los trabajadores. “Hay un asunto que va a ser mi prioridad durante esta legislatura: buscar la excelencia en la gestión con el objetivo de garantizar la mejor atención al público posible. Queremos que la relación con la Seguridad Social sea más fácil, ágil, cercana. Para lograrlo, vamos a poner corazón, oídos, manos… Más personal también, pero también toda la tecnología que está a nuestro alcance: la inteligencia artificial y el uso de nuestras importantes bases de datos nos ayudarán a dar una mejor atención”, ha indicado, antes de señalar que la atención presencial creció un 30% en 2023.

La ministra ha anunciado un proyecto de ley de mejora de la gestión de la acción protectora de la Seguridad Social. Augura que esta ley incluirá la posibilidad de que “las entidades gestoras reconozcan de oficio el derecho a las prestaciones o el incremento de su importe cuando, de los datos que obren en su poder, queden acreditados los requisitos sin que tenga que solicitarlo el interesado”. Eso sí, ha especificado que esta posibilidad, de momento, “no es viable”. Este escudo protector alcanza desde el 1 de enero a los estudiantes en prácticas no remunerados, unos 37.000 en este momento según los datos que ha aportado Saiz.

En materia de migraciones, Saiz ha comentado que su departamento reformará el reglamento de extranjería “con el objetivo de reducir las múltiples figuras de permisos ahora vigentes”. Las líneas maestras del cambio consistirán en simplificar las autorizaciones de estancia, de residencia y de residencia y trabajo; potenciar la tramitación telemática de los procedimientos de extranjería; regular un estatus propio de familiares de ciudadanos españoles; completar la transposición de la directiva de tarjeta azul; desarrollar reglamentariamente la autorización de víctimas de violencia sexual; y acentuar la protección de los derechos de los migrantes contra la explotación laboral.

Críticas de la oposición

El principal grupo de la oposición, el PP, ha cargado contra Saiz con los mismo argumentos que usaba contra su antecesor, José Luis Escrivá. La diputada popular Irene Garrido ha recordado la críticas de la Airef al despliegue del ingreso mínimo vital (más de la mitad de los hogares que podría recibirlo ni lo solicita), de Fedea contra la reforma de pensiones (cree que el ministerio infravalora el impacto sobre el déficit del sistema) o del Banco de España. “Somos conscientes de que acaba de llegar, pero hereda la mala gestión de su antecesor”, ha indicado Garrido.

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