Los municipios disparan sus ahorros hasta un récord de 37.000 millones

Tener dinero y no poder usarlo. Una paradoja que tiene atrapados a los municipios desde hace años y que se retroalimenta por sí misma, porque menos gasto se traduce en más ahorro. Los últimos datos del Banco de España lo relatan con elocuencia. Las corporaciones locales —que incluyen a ayuntamientos, cabildos, consejos insulares y diputaciones forales o provinciales, entre otras— atesoraban a cierre de 2022 más de 37.300 millones de euros en efectivo y depósitos. Un récord absoluto que supera en casi 9.000 millones la cifra prepandemia, cuando ya se había alcanzado un máximo histórico. Los remanentes no han parado de crecer en los últimos tres años pese al lastre económico causado por la covid y la guerra en Ucrania, la suspensión de las reglas fiscales, el gasto público disparado, la inflación galopante y el primer déficit contable de las entidades locales en una década.

La cifra es casi más llamativa por el contexto que por el resultado en sí mismo, porque la hucha de las corporaciones locales lleva 10 años engordando a tasas sostenidas. Los municipios fueron acumulando dinero a golpe de superávits desde 2012: cada ejercicio ingresaban más de lo que gastaban, mientras que las comunidades autónomas veían enquistarse sus números rojos. La explicación no hay que buscarla tanto en una gestión más virtuosa de las cuentas, como en unas reglas presupuestarias estrictas y rígidas junto con unos recursos y desembolsos muy estables.

En 2012 entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que prohíbe a las entidades municipales incurrir en déficit y les impone una estricta regla de gasto, cuyo cumplimiento es revisado de manera severa por parte de la intervención local. Además, prevé que el dinero de los superávits —el llamado remanente de tesorería, que no coincide exactamente con los datos de depósitos y efectivo del Banco de España, pero refleja el colchón disponible— no se pueda gastar libremente en los en ejercicios siguientes, estableciendo limitaciones en cuanto a cantidades y destino (básicamente, amortizar la deuda).

“Las corporaciones locales fueron acumulando superávits, pero no podían usarlos”, resume Diego Martínez López, profesor de Economía en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador de Fedea. “No tiene sentido tener el dinero parado, menos aún si supone un coste. Antes eran las comisiones y ahora se lo come la inflación”.

A este apretado corsé se suman unos ingresos fiscales poco sensibles al ciclo económico y muy estables, la mayoría de ellos vinculados a los bienes inmuebles. Dos tercios de la recaudación de la hacienda local proceden del IBI, que tiene un comportamiento inelástico. El carácter de los gastos también es estable —recogida de basura, transporte— y no presiona tanto al alza como las políticas más enfocadas al Estado de bienestar —sanidad, educación y servicios sociales—, que son competencia de las comunidades.

El resultado de estos condicionantes está grabado en las estadísticas: de tener cuatro veces más deuda que ahorros, ahora las entidades locales guardan en cuentas bancarias una cantidad superior en 14.000 millones a su pasivo. La situación quedó invariada cuando en 2014 se les permitió destinar una cantidad de su hucha a las llamadas inversiones financieramente sostenibles, siempre y cuando respetaran determinados requisitos. “Miles de Ayuntamientos estaban entre la espada y la pared: no cumplían con los requisitos, pero tampoco tenían deuda; o el coste financiero de amortizarla anticipadamente era muy alto”, explica Martínez López.

La siguiente flexibilización en el uso de los superávits llegó con la pandemia. Hacienda suspendió la Ley de Estabilidad y, tras una dura pelea con los alcaldes —que le valió al Gobierno su primera derrota parlamentaria—, relajó el uso de los ahorros municipales. Ahora, con las reglas fiscales aún suspendidas, los ayuntamientos deben aprobar sus cuentas en equilibrio, pero a lo largo del ejercicio pueden incorporar modificaciones presupuestarias respaldadas por sus remanentes. “El problema es que son operaciones complicadas, muchas no se materializan porque no da tiempo”, asegura el economista. Es así que el ritmo de crecimiento de la hucha de los municipios se ha mantenido constante durante la crisis sanitaria: “Es como si la pandemia no hubiera supuesto ningún terremoto para las corporaciones locales”.

Competencias

Los depósitos bancarios de los municipios volvieron a crecer entre 2021 y 2022, como en los dos años anteriores, aunque el conjunto de las corporaciones locales registrara al cierre del año pasado su primer déficit en una década, del 0,12% del PIB. El desfase se debe a los ajustes del sistema de financiación (que se liquida a dos años y recoge el desequilibrio contable que provocó la caída del PIB en 2020), sin los cuales las corporaciones habrían registrado un ligero superávit. Los ayuntamientos han tenido que apuntarse en 2022 toda la liquidación negativa correspondiente al año de la pandemia, que Hacienda les devolverá de forma escalonada en tres años.

Carmen López Herrera, socia en el área de Finanzas Públicas de la consultora Afi (Analistas Financieros Internacionales), explica que la incorporación del remanente a las cuentas municipales genera inestabilidad presupuestaria. “Entra como activo financiero, que no computa a efectos de déficit, mientras que el gasto que se financia con ello sale como inversión. Algunos ayuntamientos no han incorporado remanentes por esta razón, pero los años buenos para gastarlos eran estos. Cuando vuelvan las reglas fiscales va a ser más difícil”, añade.

El desfase en las cuentas autonómicas, al contrario, es constante. “No tiene sentido que haya sectores con un desajuste estructural y otras con superávit. Quizás habría que repensar y redistribuir las competencias o pensar en otras fórmulas. Por ejemplo, las corporaciones locales podrían prestar el dinero a otras Administraciones a un tipo de interés ventajoso”, sugiere Martínez López.

López Herrera coincide en la revisión de las competencias. Las mismas corporaciones locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, pidieron en 2020 tener más responsabilidades y financiarlas con los ahorros acumulados. La economista también propone que el uso de los remanentes no compute para el cálculo el déficit, siempre y cuando su uso no dispare el gasto corriente y genere un agujero en las cuentas futuras. “No dejan de ser ahorros generados por las mismas corporaciones en ejercicios anteriores”, subraya. Además, recuerda que, al margen del resultado global, hay mucha disparidad entre corporaciones. “Muchas corporaciones locales que están mal ahora también lo estaban antes de la crisis”.

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