Hacienda suspende la regla de gasto de los Ayuntamientos y retoca el decreto tras su fracaso en el Congreso

El Gobierno ha decidido suspender en 2020 la regla de gasto para los Ayuntamientos, el mecanismo que limita el aumento de los gastos en los Presupuestos y que marca la cifra a partir de la cual se construyen las cuentas públicas, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del Ministerio de Hacienda. La decisión llega cuatro días después de que el Ejecutivo sufriera una severa derrota en el Congreso, que rechazó de forma generalizada la convalidación del real decreto sobre los remanentes de los Ayuntamientos, unos 14.000 millones de ahorro que los consistorios tienen congelados. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había advertido antes de la votación del pasado jueves que no habría otra oportunidad, pero este lunes ha anunciado que volverá a presentar el mismo texto legal aunque sin el capítulo sobre los remanentes.

El nuevo texto aliviará la situación financiera de los Consistorios, que exigían ayudas ante la crisis económica derivada de la pandemia, pero solo a medias. La suspensión de la regla de gasto les permitirá aumentar sus compromisos e inversiones en los próximos meses. A la vez, el decreto incluirá medidas por valor de 3.000 millones, lo que les permitirá cumplir sus metas de déficit. Sin embargo, el texto no resuelve el gran problema de los remanentes municipales, una de las demandas de los alcaldes que, en el contexto actual, pedían una fórmula para usar esos 14.000 millones de superávit que se han ido acumulando en los bancos desde la aprobación en 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El real decreto tumbado por el Congreso la semana pasada fue la respuesta al rechazo de todas las fuerzas políticas, salvo el PSOE y Unidas Podemos, a la propuesta del Gobierno de dar 5.000 millones de esos ahorros a los municipios a cambio de prestar al Estado el resto de sus superávits acumulados durante años. Una medida calificada de insuficiente por los alcaldes. Para tratar de calmar la situación, en la que los ayuntamientos se quedaban como estaban, Hacienda aprobará ahora el mismo decreto con solo aquellas medidas que sí suscitaban consenso y pretende prorrogar para 2020 el posible destino del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones. La medida supondrá un buen respiro para los regidores.

En cualquier caso, el tema de los ahorros municipales, a los que impide acceder tanto la Ley de 2012 como la Constitución -y cuya modificación requeriría de acuerdos políticos que difícilmente podrían salir adelante en el actual estado de crispación parlamentaria-, queda en el aire. Fuentes de Hacienda sostienen que más adelante, "cuando haya acuerdo, se intentará vehicular esa medida” que permitía a los ayuntamientos acceder a 5.000 millones y que fue rechazada el jueves.

El decreto permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciado en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros. También se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.

El decreto que ultima el Gobierno permitirá que las entidades locales con problemas financieros puedan pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación. Se permitirá también que las entidades locales cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito. Esta medida permitirá que muchos Ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste. Para las entidades que tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería.

La norma establecerá las instrucciones esenciales para el cálculo de la liquidación definitiva de la participación de los tributos del Estado de 2018, lo que supone para los Ayuntamientos 634 millones. Además, se instrumentan los suplementos de crédito necesarios para atender las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en tributos del Estado para fin de ejercicio. Hay que recordar que estos importes se han calculado sin tener en cuenta el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas. Las entregas a cuenta han aumentado en 821,9 millones de euros en 2020.

El texto legal, según Hacienda, permitiría que las Diputaciones Provinciales y entidades equivalentes puedan salir en ayuda de los municipios con problemas. Así, podrán formalizar préstamos con estas entidades locales y, además, destinar el superávit de 2019 a transferencias corrientes en favor de los consistorios más apurados. Establecerá un procedimiento de tramitación urgente de modificaciones de créditos para entidades locales para atender gastos extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria.