Raquel Sánchez: “El control de precios no va a solucionar por sí solo el problema de la vivienda”

Raquel Sánchez Jiménez (Gavà, Barcelona, 47 años) lleva casi dos años al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Cuando llegó, la negociación de la futura ley de vivienda ya llevaba tiempo coleando. Justo una semana después de que se anunciara el acuerdo parlamentario de su partido, el PSOE, con Unidas Podemos, Bildu y ERC para sacar adelante la norma, la ministra recibe a EL PAÍS en su despacho en Madrid para reivindicarla. También las medidas en materia de vivienda que el Ejecutivo ha anunciado en los últimos días y que, defiende, “no son electoralistas”.

Pregunta. ¿Por qué se ha demorado tanto el acuerdo para la ley de vivienda?

Respuesta. A nadie se le escapa que esta ha sido una ley complicada. Va a constituir la primera ley de vivienda de la democracia y queríamos que reuniera el máximo consenso posible y hasta llegar a ese punto hemos trabajado mucho; en el trámite parlamentario se han analizado más de 800 enmiendas. Creo que lo importante, más allá de cuándo llega, es que ha llegado y que hemos cumplido con uno de nuestros compromisos principales, que era aprobar la ley de vivienda durante esta legislatura.

P. Si en mayo no hubiera elecciones autonómicas, ¿habría acuerdo?

R. Habríamos tenido acuerdo durante esta legislatura porque era un compromiso recogido en el pacto de Gobierno de coalición. Este Gobierno trabaja para mejorar las condiciones de vida de la gente y vamos a aprovechar hasta el último minuto de la legislatura para aprobar cuantas medidas sean necesarias. Otros están en la crítica permanente, en el obstruccionismo, pero nosotros estamos en la gestión y, sobre todo, en la gestión de todo aquello que sea útil para la gente.

P. Para las empresas inmobiliarias la ley va demasiado lejos y para los sindicatos de inquilinos se queda corta. ¿Qué les diría?

R. Precisamente ahí está la virtud, en el equilibrio que se ha conseguido. Es una ley que no va en contra de nadie y pretende establecer las bases sólidas de un nuevo modelo de vivienda. Es evidente que no existía una política de vivienda. Por lo tanto, es una ley que busca fomentar y constituir un verdadero parque público que no se pueda vender, que es lo que hacía el PP. Y también garantiza que la regulación de los alquileres esté controlada, que no se puedan producir subidas desproporcionadas como hasta ahora.

P. La literatura académica no es uniforme sobre los controles de precios. ¿Por qué cree que van a funcionar?

R. Es una medida más, no es la única. En países de nuestro entorno, como Portugal, Francia o Alemania, existen regiones donde están regulados los precios de los alquileres. Incluso en Italia se están planteando medidas similares. Es una medida que puede funcionar, pero evidentemente sola no va a solucionar el problema que tenemos de vivienda en este país. Somos muy conscientes de que lo primero de todo pasa por constituir un verdadero parque público de vivienda. Lo decía el otro día el presidente del Gobierno, tenemos un parque público de vivienda que se sitúa en torno al 2,5%-3% y los países de nuestro entorno están alrededor del 9%. No vamos a conseguir cambiar esta situación de un día para otro, pero estamos sentando las bases.

P. ¿Cuándo veremos las primeras áreas tensionadas y las primeras bajadas en los alquileres?

R. Tenemos prevista la aprobación de la ley en las próximas semanas. El compromiso de este ministerio es iniciar lo antes posible las conversaciones con todas las comunidades que tengan la voluntad de aplicar las declaraciones de áreas tensionadas. Creo que en los próximos meses serán capaces de aprobarlas.

P. Llevan cuatro años gobernando durante los cuales los alquileres han subido. ¿No se podían haber tomado medidas antes?

R. Hemos tomado medidas antes. Cuando iniciamos el mandato había un plan para construir vivienda en alquiler asequible, que situamos en un primer objetivo de 20.000 casas y pasamos a hablar de un plan de 100.000 viviendas, del que ya hay un 60% movilizadas. Creo que tenemos que dejar de pensar en una cifra cerrada. Hay una dirección clara de todos los recursos públicos para constituir un parque público de vivienda, un parque que la ley prohíbe que se pueda vender.

P. ¿Entiende que los últimos anuncios al respecto hayan sido calificados de electoralistas?

R. No son medidas electoralistas. Respecto a los 4.000 millones de euros, es una medida que se adopta en el momento justo en el que tenemos que negociar esa adenda con la Unión Europea. En cuanto a la Sareb, hace apenas un año que este Gobierno asumió su control. Si las medidas son buenas, bienvenidas cuando sea. Nosotros empezamos esta legislatura proponiendo un pacto de Estado por la vivienda que el PP rechazó. Está absolutamente fuera de juego, no sabe cuáles son los problemas de la ciudadanía. El otro día, el señor Feijóo presentaba sus propuestas en una terraza de un hotel de lujo. Creo que debería hacer la reflexión de hablar con cualquier joven de nuestro país que tiene problemas para pagar su alquiler.

P. Si ya propusieron un pacto de Estado, ¿por qué han rechazado el ofrecimiento del PP?

R. El PP no ha hecho ni una sola propuesta a esta ley. Ofrece un pacto de Estado en materia de vivienda, pero no tiene la credibilidad para ofrecer pactos de Estado en ninguna materia. Y quiero recordar el incumplimiento de la Constitución con la obstaculización permanente para renovar el Consejo General del Poder Judicial. La credibilidad que nos merece es nula.

P. Si usted tuviera un inquilino que no paga la renta, ¿estaría preocupada por esta ley?

R. La ley no va en contra de nadie, es garantista para los propietarios, reconoce sus derechos y pretende protegerlos. El Estado, que había abandonado las políticas de vivienda, vuelve y está presente. Evidentemente lo hace de la mano y con la colaboración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. También necesita del sector privado, que tiene que ver que hacer vivienda de alquiler asequible es rentable. Y ofrece ayudas a los más vulnerables, a las familias trabajadoras, a los jóvenes y a los pequeños propietarios.

P. ¿Teme una retirada de pisos del mercado?

R. Era uno de los riesgos que queríamos evitar. Frente a aquellos que dicen que va a retraer vivienda de alquiler asequible, nosotros decimos que no. La ley introduce incentivos fiscales para que a los pequeños propietarios les resulte beneficioso aplicar rebajas en el precio del alquiler. Si cualquier persona que tiene un piso para alquilar hace el ejercicio de calcular qué beneficios fiscales obtiene bajando el precio un 5%, va a comprobar que le sale más a cuenta no incrementar el precio.

P. Eso será en zonas tensionadas. ¿En qué va a beneficiar la ley a quienes viven en comunidades que no aplicarán la ley?

R. Esas comunidades tendrán que explicar por qué dan la espalda a sus ciudadanos, a los jóvenes, a los colectivos vulnerables y a tantas familias trabajadoras que viven con angustia el pago del alquiler al final de mes. El PP y la derecha se ha opuesto siempre sistemáticamente a todas aquellas medidas y leyes que han supuesto avances sociales en nuestro país. La ley pretende ser el quinto pilar del Estado de bienestar, por lo que aquellos que decidan abstraerse o reprocharla tendrán que dar explicaciones.

P. ¿Cómo se sentiría si el Gobierno cambia de color y deroga la ley?

R. Será una mala noticia para la inmensa mayoría de nuestro país porque hay dos modelos. El del PP, que tenemos la desgraciada suerte de haber padecido sus consecuencias; y la política que pretende dar una respuesta eficaz a la ciudadanía. Yo espero que aquellos que no apuestan por este modelo reciban no solo el reproche político que podemos hacer las formaciones que apoyamos esta ley, sino también el reproche social.

P. Para aumentar la oferta de alquiler, ¿los fondos son necesarios o son el enemigo?

R. No, para nada. Siempre lo hemos querido dejar claro: el sector inmobiliario no es el enemigo. Tiene que ser un aliado necesario para poder impulsar el parque público de vivienda. Las Administraciones públicas muchas veces no tenemos capacidad, no somos una empresa inmobiliaria. Necesitamos fórmulas de colaboración público-privada y eso es algo que funciona. Que nadie se preocupe por el sector inmobiliario, seguro que su rentabilidad está garantizada. Pero esa rentabilidad tiene que ser moderada.

P. ¿Sus socios de gobierno están alineados con esta idea?

R. La ley contiene herramientas para movilizar más suelos en sectores de nueva urbanización y, por tanto, permite que el sector privado pueda entrar en el mercado de alquiler asequible. Se trata de incentivar mucho más ese modelo.

P. Pero habla de su posición y le preguntábamos por la de su socio…

R. Sacamos un proyecto de ley del Consejo de Ministros para tramitarlo en las Cortes Generales y celebramos todos la aprobación de esta ley. Yo creo que eso es lo importante.

P. ¿Por qué no han aceptado la propuesta de los fondos para la cesión de 25.000 alquileres sociales?

R. Estamos en esa negociación. Reconozco esa voluntad que tienen los grandes tenedores. Existe un programa en el Plan Estatal de Vivienda que permite acuerdos para que se puedan poner a disposición de comunidades y ayuntamientos esas viviendas. El sector pretende que esos acuerdos se alcancen directamente con el Gobierno. Ahí nos encontramos con un problema competencial y lo que queremos es buscar una alternativa.

P. ¿Basta con un 0,1% del PIB para financiar lo que consideran el quinto pilar del Estado de bienestar?

R. Nosotros ponemos encima de la mesa todas las herramientas y recursos de los que disponemos. También las comunidades autónomas tienen que poner recursos, porque no es una competencia del Estado y ahí tenemos ciertas limitaciones. Pero pasar de 450 millones, que es lo que destinaba el último presupuesto del PP, a 3.500 millones de euros es una diferencia significativa. Hemos multiplicado por ocho los presupuestos. También los fondos del Plan de Recuperación nos tienen que ayudar a cumplir ese objetivo. Seguro que cuanto más mejor, pero creemos que estos recursos van a suponer un impulso y una palanca sin precedentes.

P. Pero 2.500 millones de los 3.500 son de fondos europeos. La pregunta era si la financiación nacional debe crecer…

R. Desde luego, y es lo que estamos demostrando. Es uno de los principales problemas de la ciudadanía. Un Gobierno progresista no puede ser ajeno a esos problemas y estamos dando esa respuesta.

P. ¿Cuánta vivienda social tiene España y cuánta debería tener?

R. El parque público de vivienda se sitúa en torno a 290.000 o 300.000 viviendas. Somos ambiciosos, aspiramos a situarnos en los niveles de los países más avanzados. Estamos empezando y estamos poniendo encima de la mesa todos los recursos para que las comunidades, los ayuntamientos, las entidades del tercer sector y el sector inmobiliario apuesten por este modelo. Queremos sentar un nuevo modelo de vivienda en nuestro país.

P. Se prometió a Bruselas el peaje general en las autovías y se ha retirado, ¿lo guardan para la próxima legislatura?

R. No es que lo estemos guardando. Somos conscientes de que es un tema complejo y la alternativa que planteemos tiene que reunir los máximos consensos. Es cierto que, por las consecuencias de la guerra en Ucrania, con una inflación que estamos consiguiendo disminuir y contener, el contexto social y económico es complejo, quizá no es el mejor momento. Eso lo venimos diciendo desde hace ya muchos meses, no lo estamos diciendo ahora porque se acerquen unas elecciones.

P. ¿Está satisfecha con cómo se ha encarrilado la solución al problema de los trenes de Asturias y Cantabria?

R. Estoy satisfecha relativamente, claro. Partimos de un error que se dio en ese proceso de diseño de los trenes que, quiero insistir, nunca se fabricaron y nunca se habrían fabricado. Y no ha supuesto ni un solo euro de gasto público, pero ha supuesto el retraso en la entrega de los trenes. Lo primero que quiero es lamentar que se haya producido ese error. Pero dicho eso, hemos puesto encima de la mesa todas las medidas para intentar que el impacto sea el mínimo para los cántabros y los asturianos.

P. ¿Y cuándo van a poder ver los extremeños una mejora significativa del servicio de tren?

R. Se ha producido una mejora significativa del servicio. Hemos reducido los tiempos de conexión en 50 minutos y pusimos en marcha hace más de un año la primera fase de la llegada de la alta velocidad. Seguimos trabajando en el resto del trazado. Creo que nos hemos quedado todos un poco atrapados en las incidencias que se produjeron durante las primeras semanas, que yo también lamenté. Desde luego, los agravios que ha sufrido Extremadura durante años anteriores de desinversión los estamos empezando a corregir desde el año 2018, cumpliendo todos los acuerdos que se habían suscrito en la mesa del Pacto Social y Político por el Ferrocarril.

P. ¿El Corredor Mediterráneo va a estar en 2026? ¿Cuánto preocupan al Gobierno los planes de la parte francesa?

R. Mantenemos el compromiso de tener finalizada en 2026 la conexión de Almería con la frontera francesa. Desde 2018 hemos puesto en servicio 233 kilómetros de Corredor Mediterráneo, y vamos a llegar al final de la legislatura a 350. Dicho eso, claro que nos preocupan esos criterios orientadores que se han aprobado en Francia. Hemos hecho constar públicamente nuestra disconformidad porque no responde a los compromisos y las manifestaciones que se hicieron durante la cumbre hispano-francesa. Y también hemos pedido a la Comisión Europea que sea vigilante y que solicite a Francia el cumplimiento de esos compromisos y obligaciones que vienen impuestos por los reglamentos de las redes transeuropeas de transportes.

P. ¿Va a haber algún nuevo anuncio sobre el cuarto cinturón de Barcelona antes de las municipales?

R. Confío en que va a ser posible en breve un acuerdo para hacer realidad esa ronda norte que une Terrassa y Sabadell, que beneficia y da servicio a más de medio millón de personas y que también cumple un objetivo que es el de descarbonizar las ciudades. Estoy satisfecha porque creo que vamos a conseguir en breve ese acuerdo.

P. ¿Ve alguna alternativa para el aeropuerto de El Prat que no pase por la ampliación?

R. Si queremos que El Prat sea un hub intercontinental, hay pocas alternativas. Evidentemente, cualquier proyecto tiene que llevar aparejadas todas las medidas ambientales para asegurarnos de que estamos cumpliendo con los mandatos de la Comisión Europea. Y siempre decimos que seguimos manteniendo nuestra propuesta y seguimos abiertos al diálogo. A la Generalitat le decimos que, si valora este proyecto como positivo, lo que hay que hacer es sentarse a trabajar, recuperar esa mesa de trabajo técnico. Y si tenemos claro el objetivo, ya definiremos el cómo.

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