El plan de vivienda social del Gobierno con 50.000 pisos de la Sareb también dependerá de la voluntad de las comunidades

El informe de la nueva estrategia de Sareb que llega este martes al Consejo de Ministros ha puesto al banco malo en primera línea política y electoral. En realidad, lo que escuchará el Ejecutivo en su reunión semanal es cómo la entidad, desde que hace un año pasó a tener mayoría de capital público, ha reorientado su actividad para cumplir con el nuevo mandato social que se le encomendó en enero de 2022 (junto con su cometido principal, que siempre ha sido el de deshacerse del máximo de deuda posible). El resultado de ese giro es la posibilidad de añadir 50.000 viviendas al parque público español, como anunció el domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque no se trata ni mucho de menos de una incorporación inmediata o de una cifra cerrada. Fuentes de la entidad destacan el carácter “dinámico” de la gestión de sus inmuebles, más bien forzada por las circunstancias de una cartera de activos en permanente transformación. Y buena parte de esas incorporaciones dependerán de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos den el paso de comprar o acceder a cesiones de inmuebles para uso social.

En la foto que ha presentado el Gobierno, las 50.000 viviendas se desglosarán en tres grandes bloques. El más nutrido son 21.000 pisos que se destinan para transferirlos a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Se trata de inmuebles “que potencialmente pueden tener ese uso social”, según indica el Ministerio de Asuntos Económicos, del que depende el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, que es a su vez el instrumento a través del cual el Estado posee el 50,14% de la Sareb). Fuentes de esta última precisan que estas 21.000 unidades son las que, dentro del total de casi 47.000 casas con licencia de primera ocupación que tiene el banco malo, se considera que están listas para vender. Se trata de pisos que están “en comercialización” pero “no se ofrecen en exclusiva” a las Administraciones públicas, según las mismas fuentes. Por tanto, su incorporación al parque de vivienda social dependería del interés que despierten en comunidades y consistorios, que hasta la fecha no han mostrado mucho.

Aunque la idea de la Sareb es vender esas casas, en operaciones como la que recientemente anunció con la Generalitat Valenciana para adquirir unas 500 viviendas, el banco malo también ha llegado a acuerdos de cesión en el pasado. Por esta vía llegó a haber más de 3.000 pisos gestionados por comunidades y ayuntamientos, aunque últimamente se ha reducido al entorno de los 2.000 y no es una línea de trabajo prioritaria porque el banco malo siempre ha encontrado una respuesta tibia a sus ofrecimientos.

En cambio, explican fuentes de la Sareb, la venta a una Administración permitiría tanto la garantía del uso social de la vivienda como avanzar en el objetivo de reducir la deuda de la compañía. En 2012, la entidad recibió más de 50.000 millones de deuda y una cantidad teóricamente equivalente en activos (buena parte del ladrillo tóxico del que la banca se quería deshacer). Ahora le quedan unos 26.500 millones en activos e inmobiliarios y casi 30.500 millones de deuda, que desde 2020 se tiene que anotar como pública. Reducir esta al máximo antes de que acabe su mandato (teóricamente, en 2027) es la manera de amortiguar la factura final que el banco malo tendrá para los contribuyentes. Y además, el Gobierno, que ha aumentado significativamente los fondos para políticas de Vivienda gracias a las ayudas europeas, ha destinado partidas en los últimos Presupuestos con esa finalidad. Como sucede con la futura ley de vivienda, gran parte de los planes anunciados por el Ejecutivo dependen de lo que luego harán las autonomías, al tratarse de una competencia transferida.

El segundo de los tres grandes paquetes de viviendas que el Gobierno quiere movilizar para el parque social son 14.000 casas que ya están habitadas. De esas, 10.000 acogen a familias en las que se han detectado rasgos de vulnerabilidad. Esto hace que entren en el programa de acompañamiento social que la Sareb ha puesto en marcha en los últimos meses, lo que ofrece la posibilidad de regularizar la situación, pagar un alquiler más o menos simbólico y acceder a un servicio de inserción laboral. Las otras 4.000 no tienen ese perfil, y pueden salir de ese programa, pero en su lugar podrían entrar otras familias porque la cartera de Sareb cambia continuamente. Por ejemplo, si se adjudica la titularidad de un inmueble como fruto de un proceso de préstamo impagado y ese inmueble está ocupado. En cualquier caso, 14.000 son las familias que la entidad estima que acabarán entrando en su programa social. Este lo gestionan terceras compañías (el concurso lo ganó Servihábitat en alianza con Sogemedi y Gesocin), se anunció hace un año y actualmente alcanza a unos 2.000 hogares.

Así, 35.000 de las 50.000 viviendas que proyecta el Gobierno saldrían de los inmuebles que ya tiene la Sareb. Ni fuentes de la entidad ni del Gobierno han precisado el detalle de dónde se ubicarán esas viviendas, pero las primeras sí señalan que será “un fiel reflejo” del parque que tiene el banco malo. Este, compuesto por 46.542 viviendas, según la información disponible en su página web, tiene un 29% de sus pisos en Cataluña, un 19% en la Comunidad Valenciana, un 10% en Andalucía, un 7,5% en Murcia y un 6% en Madrid. Es decir, más de siete de cada 10 casas de la Sareb están en esas comunidades, y más de la mitad se ubican en las provincias del arco mediterráneo del este de España. Si eso se trasladase en el equivalente a viviendas sociales, a la provincia de Madrid le corresponderían unas 3.000, más de 4.000 a la de Valencia y 7.500 a Barcelona.

Respecto a la capital catalana, la alcaldesa, Ada Colau, ha asegurado que la medida anunciada por Sánchez no tendrá efecto, informa Clara Blanchar. “Sobre el anuncio de la Sareb, los que llevamos mucho tiempo sabemos lo que hay, y que en grandes ciudades como Barcelona hay muy pocos [pisos] y de muy poca calidad. Estoy a favor, pero en las grandes ciudades este anuncio no tendrá impacto”, ha dicho. En 2016, Barcelona llegó a un acuerdo en forma de convenio de cesión de pisos de la Sareb para destinarlos a alquiler social de emergencia. Colau exigió más de 500 al banco malo y los cedidos fueron 200, la mitad ocupados ilegalmente por familias.

Nuevos desarrollos

El tercer gran bloque hasta sumar 50.000 viviendas son unas 15.000 que tienen que salir de nuevos desarrollos. Es decir, de edificar bloques para alquiler sobre solares que son propiedad del banco malo. Se trata de un proyecto que se está ultimando y las fuentes de la Sareb estiman que “las primeras licitaciones podrían salir en verano”. Se trata de imitar lo que han hecho ya algunas Administraciones: ceder el derecho de superficie a particulares, que construirían y cobrarían un alquiler por esos pisos durante un plazo por definir, pero que no sería inferior a 50 años (ni superior a 80, que es el tope legal). A cambio, la Sareb puede determinar otras condiciones, como por ejemplo cuál es el precio máximo que se puede cobrar por metro cuadrado. Se trataría, si se copia lo que hasta ahora se ha hecho, de un alquiler más asequible que social (que raramente saldría rentable a desarrolladores privados), aunque también existe la posibilidad de hacer promociones públicas en esos suelos.

De nuevo, la cifra de 15.000 viviendas engloba situaciones dispares. El banco malo contempla que unas 10.000 de esas casas se levantarían en suelos que ya están listos para ello, pero “no todas a la vez”. Es decir, que prevé una incorporación escalonada de viviendas y las primeras tardarían años en ver la luz (puesto que todavía no están listas ni las licitaciones). Las otras 5.000 están en solares que están identificados y se ven potencialmente atractivos para este uso. Pero no son suelo finalista, lo que significa que ahora mismo no se puede edificar sobre él porque está pendiente de gestiones urbanísticas.

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