La ley de vivienda ya prevé que haya un 20% de pisos sociales en 20 años pero solo en áreas tensionadas

El borrador de la futura ley de vivienda que han pactado en el Congreso el PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu contempla el objetivo de aumentar el parque de vivienda social hasta el 20% en las denominadas áreas tensionadas de precios. Así lo recoge el texto, según fuentes conocedoras, y lo dejó entrever este lunes la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una entrevista radiofónica. Preguntada en Onda Cero por el compromiso que expresó el domingo el presidente, Pedro Sánchez, de alcanzar un 20% de parque de vivienda social, la ministra respondió que se trataba de un “objetivo ambicioso”. Y añadió que “la ley de vivienda ya lo regula de esa manera (…) en un plazo aproximado de 20 años”. Fuentes del Ejecutivo indicaron que el presidente también se refería a lo que señala la norma, aunque en el contexto del mitin de Valencia en el que lo dijo, no lo especificó.

El proyecto que el Gobierno remitió el año pasado a la Cámara baja ya vinculaba la declaración de zonas tensionadas, que dependerá de las comunidades autónomas, a la aprobación de medidas estructurales para revertir esa situación (más allá de los límites de precios temporales). Una de esas metas a largo plazo es aumentar la vivienda social en esas áreas. Y en el borrador pactado ahora, fruto de una negociación parlamentaria ardua en la que se han modificado muchas cuestiones, se fija como objetivo aumentar en dos décadas el parque social hasta el 20%.

No obstante, se trata de una “referencia general”. El texto prevé, según las fuentes conocedoras del detalle, que esta meta se haga operativa cuando haya pasado un año desde que una Administración haya declarado un área tensionada sin aprobar medidas específicas adicionales. Es decir, que opera como una orientación para las comunidades autónomas. Por otro lado, y para comprobar el cumplimiento de esa obligación, el texto fija que estas informen anualmente de cómo avanzan los objetivos que se han propuesto en las áreas tensionadas y cuánto dinero han invertido en ello.

España es uno de los países europeos con un menor parque social de vivienda, y hay casi unanimidad entre los expertos en señalar ese factor como clave para mejorar la accesibilidad a los alquileres. Un informe del Ministerio de Transportes en 2020 destacaba que solo un 2,5% de los 18 millones de viviendas principales (es decir, las que sirven como residencia habitual de una familia) tenían una función social. Esto equivalía a unos 450.000 inmuebles. En el sector siempre se ha hablado de la necesidad de al menos un millón de estas viviendas, e igualar la media europea del 9% supondría tener 1,6 millones. Según estos cálculos, España tendría un déficit de entre medio millón y 1,2 millones de viviendas sociales.

El Gobierno no pone cifras a cuántas casas debería surgir del objetivo de aumentar la vivienda social al 20% en las zonas tensionadas. El motivo principal es, lógicamente, que eso dependerá de cuántas y qué zonas se declaren, lo que no será sencillo porque es un proceso que dependerá de las comunidades autónomas y todas las que gobierna el PP se han mostrado hostiles con la norma que ha de salir del Congreso. No obstante, en Transportes sí detallan que el objetivo de alcanzar un 20% del parque total, “no tendría demasiado sentido”. Eso supondría sumar al menos 3,1 millones más de pisos sociales, lo que se antoja posible en un plazo de 20 años e innecesario porque los problemas de accesibilidad a la vivienda no tienen la misma intensidad en todas partes.

A raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, la construcción de vivienda social en España cayó en picado. Si entre 2004 y 2012 se acabaron más de 50.000 VPO en todos los ejercicios, desde 2015 en ningún año se ha llegado a finalizar ni 10.000 viviendas protegidas. Y además, las que se hacen todavía siguen siendo mayoritariamente para venta, lo que supone que muchas veces acaban en el mercado libre pasados unos años (lo que se conoce como descalificación, que algunas autonomías permiten a los pocos años de la compra y que la futura ley quiere eliminar). Pese al interés en aumentar las VPO para alquiler, apenas una de cada cuatro entre las que se terminaron el año pasado tenían esa finalidad, según los últimos datos del ministerio.

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