Así son los planes del Gobierno para sumar hasta 160.000 nuevas viviendas sociales

Más de 160.000 casas suman todas las promesas, antiguas y nuevas, del Ejecutivo en materia de vivienda social. Si hasta ahora el mensaje se centraba en añadir 100.000 pisos al parque de alquiler asequible, las propuestas de Pedro Sánchez, realizadas en los últimos días conforme el clima de precampaña electoral se ha intensificado, suponen elevar mucho la apuesta del Ejecutivo. Una apuesta que en buena parte es retórica todavía, porque muchos inmuebles no serán realidad hasta que pasen unos años, y que resulta difícil de seguir porque mezcla situaciones y actuaciones distintas que a veces pueden solaparse. A grandes rasgos, los planes se explican a partir de tres grandes bloques: el original de 100.000 viviendas, las 50.000 casas de la Sareb de las que habló Sánchez el domingo, y los 43.000 pisos de alquiler que añadió en la sesión parlamentaria del miércoles. 163.000 inmuebles en total tras eliminar las duplicidades. Esto es lo que se sabe de cada una de estas propuestas:

Plan de 100.000 alquileres asequibles

Ha sido el eje central de las políticas de vivienda social del Ejecutivo en esta legislatura y lo monitoriza el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento). En realidad, empezó como un plan de 20.000 viviendas, pero siendo ministro todavía José Luis Ábalos, escaló en 2021 hasta el volumen actual. El Gobierno reivindica que tiene ya más de un 60% de viviendas “en desarrollo” y que, por tanto, España sumará en los próximos años unas 60.000 viviendas al parque social. En realidad, remite a dos situaciones diferentes: la vivienda social y la asequible, que la futura ley de vivienda distingue en función de su titularidad, pública o privada, pero que en todos los casos se refiere a precios por debajo de los de mercado.

Entre las casas que se incluyen en este bloque, el ministerio contempla 14.266 que impulsan comunidades autónomas y ayuntamientos recurriendo a los últimos planes estatales de vivienda (es decir, con financiación de esos planes). A esas se añaden casi 10.000 más (9.849 exactamente, según los últimos datos de Transportes) que tienen naturaleza similar pero no están incluidas en los planes estatales. Se trata en todos los casos, por tanto, de nuevas promociones que se tienen que construir y están en diferentes fases. También de nueva promoción son las 15.000 casas que prevé desarrollar Sepes, la entidad pública del suelo, en sus parcelas.

Otras 10.000, en cambio, ya son inmuebles habitados por familias que pagan un alquiler más barato que el de mercado. Son las que constituyen el Fondo Social, que nutren los bancos en función de un acuerdo con el Gobierno, cuyo primer convenio se firmó en 2013, cuando Mariano Rajoy estaba en La Moncloa. El actual Ejecutivo lo prorrogó y acordó que la banca proveyera otras 1.000 casas, para un total de 11.000.

Por último, aquí también se integran dos programas que se solapan con los nuevos anuncios del Ejecutivo. Por un lado, viviendas obtenidas de otros operadores privados, con los que no se ha avanzado, y por otro la Sareb, con la que hay importantes novedades los últimos días. Inicialmente, se contemplaban unas 28.000 viviendas, pero no se consideraban entre las “movilizadas” (aunque algunas, como se verá en el bloque dedicado al banco malo, ya lo están). Lo último son 20.000 pisos de nueva construcción con estándares de alta eficiencia energética, una característica obligada porque forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se financia con fondos europeos. De estas, hay proyectos firmados ya para 14.000, y las 6.000 restantes están en camino y el Gobierno espera sumarlas pronto (de ahí el anuncio hecho el miércoles por Pedro Sánchez, que ahonda en esta línea).

Las 50.000 viviendas de la Sareb

En un mitin en Valencia, Sánchez adelantó el domingo este nuevo paquete de inmuebles para engrosar el parque social. En realidad, lo que sucedió el martes es que se informó al Consejo de Ministros de la nueva estrategia de la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, también conocida como banco malo). Esta sociedad es de mayoría de capital público desde hace un año tras comprar a los bancos su participación por un precio simbólico, lo que le ha permitido incorporar un mandato social. Por ello, y también por cuestiones de negocio (el objetivo de esta empresa es deshacerse del máximo posible de ladrillo tóxico que heredó de la banca en la anterior crisis financiera con la menor factura posible para el erario público), la entidad ha puesto en marcha un programa social en el que contempla que entrarán hasta 14.000 viviendas que son de su propiedad y que están habitadas, normalmente de forma irregular, por familias. En 10.000 de esos inmuebles ya ha identificado situaciones de vulnerabilidad, y a 2.000 de esas familias se les ha ofrecido ya un alquiler social.

Las otras 36.000 viviendas que la Sareb pone a disposición de las administraciones públicas se pueden dividir a grandes rasgos como las que existen y las que no. Las primeras son 21.000 viviendas que forman parte de los planes de comercialización del banco malo. Es decir, las tiene o las va a poner a la venta. Y las ofrece, pero no en exclusiva, a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que engrosen su parque social de alquileres. La Comunidad Valenciana, que es donde más de esas casas hay (casi 5.000), anunció en febrero un preacuerdo para comprar 500 inmuebles. La idea es cerrar otras operaciones similares, pero también se ofrecerá la posibilidad de cesiones temporales de inmuebles (una fórmula ensayada desde hace años sin demasiado éxito). Que las 21.000 viviendas se conviertan o no en parque social dependerá del interés que muestren las administraciones públicas a las que se dirigen. Y no todas están ya completamente listas: 9.000 sí se han puesto ya en mercado, y las otras 12.000 dependen de trabajos de adecuación que se concluirán dentro de entre seis y nueve meses, según el banco malo.

Las últimas 15.000 viviendas de la Sareb, las que no existen, son las que se proyectan sobre parcelas del banco malo. De ellas, 10.000 están en suelo finalista (en el que se podría empezar a edificar a corto plazo). Forman parte de un programa que el banco malo está ultimando para ofrecer el derecho de superficie de esas parcelas a promotores, que construirían sobre ellas casas para alquiler de precio limitado (con las condiciones que ponga la Sareb) durante un periodo no inferior a 50 años. Las otras 5.000 están en suelos en los que ahora mismo no se puede construir sin hacer antes alguna actuación urbanística, que depende del Ayuntamiento de turno.

Las 43.000 viviendas de fondos europeos

Son una estimación del Ejecutivo. La medida concreta que Sánchez anunció en el Congreso consiste en destinar 4.000 millones más de fondos europeos (provenientes de los recursos extra que saldrán de la adenda al plan de recuperación español) en créditos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El requisito es que sirva para crear nueva vivienda social en inmuebles de alta eficiencia energética. Una parte de ese dinero, aclara una portavoz gubernamental, podría destinarse a ampliar el plan ya existente de 1.000 millones y 20.000 viviendas, ya que se considera que este “ha funcionado muy bien”.

Pero también habrá nuevas líneas del ICO, entre otras cosas porque el Gobierno con esta ampliación incluye también la rehabilitación energética. Es decir, que no solo serán nuevas promociones, también inversores que tengan un edificio entero podrán recurrir a esta financiación ventajosa para renovarlos si a cambio luego lo destinan a alquileres de precio limitado. Estos programas se vehiculan a través de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en Vivienda, pero sobre unos requisitos mínimos comunes. El principal es que el uso social de los pisos debe mantenerse durante al menos 50 años. Las 43.000 viviendas surgen de la proyección de cuántas casas se podrían construir desde cero con ese dinero (con un coste medio de unos 93.000 euros por inmueble) pero podrían ser más o menos en función de las actuaciones que se acojan a la línea del ICO.

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