Andalucía impugna el nuevo Plan de Vivienda del Gobierno por considerar que invade sus competencias

El Gobierno en funciones que preside Juan Manuel Moreno va a plantear un conflicto de competencias al Gobierno de España en relación con el Plan de Vivienda 2026-2030, aprobado el pasado mes de abril. El Ejecutivo andaluz considera que el contenido del programa estatal para regular las ayudas a la vivienda en ese periodo de tiempo vulnera las atribuciones sobre la materia recogidas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Los servicios jurídicos de la Junta se han decantado por esta forma de impugnación por entender que el Real Decreto que lo regula es “una norma sin fuerza de ley”, según el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno. La Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP, ha optado por recurrir al Tribunal Supremo.

En esa reunión, que se ha producido de manera extraordinaria -el Consejo de Gobierno ordinario se celebrará este miércoles- y por videoconferencia, se ha formulado un requerimiento al Consejo de Ministros. Se trata del paso previo preceptivo para poder iniciar el conflicto de competencias para dirimir cuál de las dos administraciones tiene el derecho y la capacidad de ejercer una función o regular una materia específica, en este caso, las ayudas a la vivienda y que resolverá el Tribunal Constitucional.

La Junta pide que se deroguen los artículos de la norma que desarrollan el nuevo reparto de la financiación, por el que el Estado aporta un 60% y las comunidades un 40%; los que recogen la “exhaustiva descripción de las actuaciones” y el que regula el blindaje permanente de las viviendas protegidas. El Gobierno de Moreno, en línea con las críticas del resto de comunidades gobernadas por el PP, considera que estas medidas vulneran su autonomía financiera, impiden poder desarrollar el objeto de las ayudas en función a las necesidades del territorio y deja a las regiones como meras gestoras de las subvenciones.

Cuestionan que con la nueva distribución –adoptada “sin motivación”- Andalucía deberá poner 400 millones más que en el plan anterior, más de seis veces más (6,47), mientras que la contribución del Estado no llegaría a triplicar lo que ahora aportaba.

También se censura que se supedite la presentación de las actuaciones financiadas con cargo al plan a la autorización o presencia del ministro. En el último año el Gobierno ha cuestionado la presentación de promociones de vivienda por parte del presidente de la Junta financiadas por el Ministerio de Vivienda y sin apenas aportación regional, sin los logos correspondientes o sin la presencia de los responsables de ese departamento.

Con el nuevo Plan de Vivienda, el Gobierno ha querido garantizar un parque público de vivienda asequible y permanente, contrario al modelo del PP que se opone a la intervención en el mercado y que considera que la apuesta por las subvenciones pueden provocar una subida de los precios. “El Gobierno de Pedro Sánchez ha cambiado las reglas del juego de este plan estatal sin negociación previa con las comunidades autónomas y también sin dejarnos margen para poder implementar nuestras políticas en materia de vivienda, a pesar de cofinanciar este plan”, ha señalado la consejera de Fomento en funciones, Rocío Ruiz. “Desde el Gobierno de Juanma Moreno, vamos a seguir trabajando en materia de vivienda para ofrecer soluciones a los ciudadanos y poniendo mucha más vivienda a disposición, vivienda asequible y vivienda protegida”, ha continuado.

La Junta de Andalucía ha sido muy beligerante en materia de vivienda con el Ejecutivo de Sánchez. Frente a la ley de vivienda estatal, que no ha aplicado, Moreno opuso la ley andaluza que aboga por la liberalización de suelo y la construcción de vivienda nueva. También recurrió el decreto que regulaba el Registro Único de Arrendamientos de corta duración y que el Tribunal Supremo anuló.