El infierno laboral de los temporeros inmigrantes en Andalucía: salarios ínfimos y trato inhumano

Salarios ínfimos, jornadas laborales eternas, temporalidad, ausencia de contrato o escaso derecho a la sindicación. Son muchas las “severas y flagrantes” violaciones de los derechos básicos que sufren los trabajadores en la agricultura intensiva andaluza denunciadas por la ONG británica Ethical Consumer en el informe Produce of exploitation (Producto de la explotación) publicado en la noche de este jueves. El documento destaca que la situación es “endémica y generalizada” desde hace dos décadas en los invernaderos de Almería y Huelva, donde trabajan unas 100.000 personas migrantes. La entidad describe que en ambos casos existe un “modelo explotador de mano de obra” que incumple ocho de los nueve principios recogidos por la iniciativa Comercio Ético. También destaca la inacción del Gobierno español y las autoridades locales y pide a los nueve principales supermercados de Reino Unido que se abastecen en Andalucía que asuman su responsabilidad y participen en el cambio de este abusivo sistema.

“Sus condiciones compiten con las peores que he visto en cualquier parte del mundo”, afirmaba a principios de 2020 el entonces relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, Philip Alston, tras visitar uno de los asentamientos chabolistas de Lepe, en Huelva. “Viven como animales”, insistía al comprobar que carecían de agua, electricidad o retretes. Sus palabras se hubieran repetido en Almería, donde la situación es la misma a pesar de que el valor de las exportaciones de tomates, calabacines o pimientos supera los 3.000 millones de euros anuales. Este informe demuestra que las precarias condiciones laborales incluyen sueldos que rondan los cinco o seis euros la hora, una temporalidad generalizada, o escasez de contratos de trabajo. Su sucesor en el puesto, Olivier De Schutter, ha asegurado a Ethical Consumer que aquel año contactó con el Gobierno español y la patronal para pedir el fin de los abusos, pero que este documento deja “dolorosamente claro” que “las violaciones continúan, sin tener en cuenta las normas internacionales de derechos humanos”.

A lo largo de 97 páginas la organización social realiza una exhaustiva descripción de las condiciones en las que viven buena parte de los trabajadores de los invernaderos almerienses y onubenses, cuya precariedad llegó en marzo de 2021 al Parlamento Europeo. A partir de entrevistas propias a los migrantes y evidencias procedentes de sindicatos, informes académicos, entidades sociales, medios de comunicación e investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizan una profunda descripción que refleja la exclusión y “abusos flagrantes” a los derechos básicos de los empleados agrícolas migrantes de ambas provincias.

No es el primer informe de esta entidad británica, que ya denunció la situación en 2020 debido a la importancia de estas provincias en aquel mercado: sus datos reflejan que uno de cada cuatro pimientos importados por las islas británicas procede de Almería y que desde Huelva viajan la mitad de fresas, arándanos o frambuesas consumidas en el país. Entonces se hicieron eco de una frase demoledora: “El milagro exportador alimentario español no existiría sin explotación laboral”, recogida por El ingrediente secreto, investigación desarrollada por la ONG Justicia Alimentaria y financiada por el Ministerio de Derecho Sociales y Agenda 2030.

Para llegar hasta las duras conclusiones de su trabajo, Ethical Consumer ha comprobado si se cumplen o no los puntos incluidos en la iniciativa Código Ético, acuerdo que recoge una serie de normas sobre los derechos de los empleados basadas en las condiciones mínimas recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De los nueve puntos analizados, la agricultura intensiva andaluza solo cumple uno: “No se utilizará mano de obra infantil”. De los ocho restantes se han encontrado evidencias de incumplimiento. Entre ellos se incluyen la escasez de salarios dignos, la discriminación, el trato duro inhumano, condiciones de trabajo inseguras y poco higiénicas o la dificultad de los trabajadores para sindicarse. “Tanto la cantidad como la naturaleza de las pruebas disponibles muestran que los problemas son endémicos en estos territorios”, señala el informe, que destaca cómo los derechos fundamentales “se niegan rutinariamente” en ambas provincias. Práctica extendida que ha llevado a la entidad a no mencionar empresas o fincas concretas porque cree que lo importante es tomar un enfoque “más sistémico” y general para modificar esta realidad.

Falta de respuesta de las instituciones

El informe también subraya la falta de repuesta tanto del Gobierno como de las autoridades locales. Al primero achaca que no toma las medidas adecuadas para hacer cumplir los derechos de los trabajadores y a los segundos —en este caso ayuntamientos y Junta de Andalucía— su inacción respecto a los que son, de hecho, sus vecinos. Las dificultades para el empadronamiento —como denunciaba esta semana Andalucía Acoge— y la profunda escasez de alojamientos dignos son solo dos situaciones a los que ninguna administración pone solución.

En este sentido hay dos ejemplos claros. Uno en Huelva, donde Gobierno, Junta de Andalucía y ayuntamientos de los municipios onubenses de Lepe y Moguer firmaron el verano pasado un protocolo de colaboración para fomentar albergues y viviendas para los temporeros pero, de momento y casi un año después, no se ha abierto ninguno de los dos. Otro en Almería. Allí, precisamente el temor a la mala imagen que generan los asentamientos chabolistas de migrantes para los compradores del norte de Europa fue uno de los motivos que llevó —según las entidades sociales de la zona—al Ayuntamiento de Níjar a desalojar y destruir uno de los mayores, Walili, sin apenas alternativas para sus moradores. “Durante años, las autoridades y los empleadores del sur de España se han contentado con sentarse y observar cómo los trabajadores migrantes soportan las condiciones de trabajo más horribles e inhumanas”, insiste Olivier De Schutter.

El trabajo de la ONG británica concluye que todas estas condiciones configuran “un modelo explotador de mano de obra migrante” que “se utiliza para proporcionar grandes cantidades de fruta barata y verduras cultivadas bajo los túneles de plástico”. Y ante la pasividad de autoridades y patronal, la investigación sugiere que los nueve principales supermercados del Reino Unido (Aldi, Asda, Co-op, Lidl, Marks & Spencer, Morrisons, Sainsbury’s, Tesco y Waitrose, todos con materia prima adquirida en Almería y Huelva) pongan de su parte. “Tienen una obligación legal y moral con los trabajadores de los que dependen”, afirman desde la ONG, que propone una serie de medidas que ayudarán a mejorar las condiciones laborales que van desde la transparencia sobre los proveedores a eliminar prácticas comerciales que pongan presión en los agricultores para reducir sus costos.

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