Entidades y agricultores de Níjar señalan al crecimiento de los invernaderos y la falta de vivienda como causas del colapso de Walili

Bajo la lluvia y el intenso frío, decenas de personas migrantes veían este lunes cómo varias máquinas protegidas por la Guardia Civil y la Policía Local de Níjar (Almería, 26.126 habitantes) destruían el poblado chabolista Walili, donde muchos residían desde hace varios años. “Nadie nos quiere alquilar una habitación, la única opción era vivir aquí”, sostenía Mamadou, joven senegalés de 25 años y vecino del campamento desde 2017. Sus palabras son la clave para entender lo que supone esta demolición, que es la punta del iceberg de una situación que afecta a unos 3.000 migrantes que habitan en alrededor de medio centenar de asentamientos solo en esta comarca almeriense. Son parte de la mano de obra que sostiene el milagro económico de los invernaderos, que en esta comarca han duplicado su superficie en 20 años, pero las entidades sociales creen que nadie ha reparado en ellos y su precaria situación se vuelve invisible desde hace años.

“La agricultura intensiva se ha desarrollado solo teniendo en cuenta las hectáreas de invernaderos, no los trabajadores que hacen falta para mantener la actividad”, afirma Fernando Plaza, enfermero, docente de la Universidad de Almería y que ejerce como portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). “¿Cómo se pueden crear tanta superficie nueva y que nadie piense en las viviendas necesarias para los empleados?”, se pregunta en la misma línea Nadia Azougagh, activista del colectivo La Resistencia. Según explican ambos, muchos de quienes trabajan bajo el plástico y mantienen esta industria no tienen quién les alquile un piso. No tienen más remedio que malvivir compartiendo colchón en una habitación, en garajes donde conviven varias personas o levantando chabolas con madera, cartón y plástico en asentamientos como Walili, reducido ya a escombros por la piqueta.

El camino hasta este desalojo arrancó en los años 90, cuando las primeras personas migrantes llegaron a Almería a trabajar en la agricultura. Con el cambio de siglo su número aumentó y su precariedad, también. En el año 2000, tras los disturbios xenófobos de El Ejido, fueron a la huelga para solicitar mejoras en el sector. El paro acabó cuando las administraciones —local, regional y estatal— llegaron a un acuerdo para invertir 800 millones de euros en la zona, con especial atención al desarrollo de viviendas temporales. “Ninguna de las partes, en realidad, quiso poner en marcha aquel plan. Quien tenía que dar el dinero no lo hizo, quien debía poner el terreno no lo puso, quien iba a empezar la obra no la empezó”, destaca Plaza.

El documento quedó en papel mojado mientras la agricultura intensiva crecía a pasos agigantados. Los datos de la Junta de Andalucía indican que en el término municipal de Níjar las hectáreas bajo plástico se han casi duplicado en las dos últimas décadas: de las 3.373 de 2001 a las 6.087 de 2021, como refleja el informe Cartografía de invernaderos en Almería, Granada y Málaga. A cambio, en este mismo periodo no ha existido ninguna iniciativa pública de vivienda y apenas ha habido construcciones privadas. Se comprueba en un vistazo rápido en Idealista: en la zona de San Isidro y Campohermoso —donde están la mayoría de asentamientos— apenas hay una vivienda en alquiler y 80 a la venta, la mayoría con un precio que supera los 100.000 euros.

“En zonas agrícolas como esta hay que impulsar un plan de vivienda pública. Es la única solución, pero aquí hace décadas que no se construyen”, sostiene Andrés Góngora, secretario provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), quien subraya que la mano de obra migrante “es imprescindible” para el sector. “Sin ellos, no podría ser el que es”, insiste el almeriense. La única iniciativa pública es la construcción de 62 viviendas en la barriada Los Nietos, a casi ocho kilómetros de Walili, que impulsa la Junta de Andalucía con apoyo del Gobierno central, que financian con 1,6 millones de euros el proyecto. “La lucha contra el chabolismo es una competencia municipal”, recordaba ayer Alicia Martínez, secretaria general de Vivienda de la administración andaluza.

Allí se mudarán —en un plazo de al menos dos meses—algunos de sus habitantes en régimen de alquiler barato. ¿Qué pasará con las otras 3.000 personas que residen en asentamientos como el derribado este lunes? Nadie lo sabe. “A nadie le importa. El ayuntamiento solo quería quitar ese porque mancha la imagen turística y de los productos ecológicos de la zona, pero las condiciones infrahumanas son iguales en todos los campamentos”, concluyen subrayan desde la plataforma Derecho a Techo. “Da una imagen que no es la que corresponde a un lugar competitivo en Europa”, decía hace un año la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez (PSOE), al presentar el proyecto para los 62 pisos, cuando decía que el plan es seguir desmantelando asentamientos “si hay colaboración institucional”.