El ayuntamiento de Níjar acomete la demolición del asentamiento de El Walili con 450 inmigrantes

Tiene unos 15 años de antigüedad y sus moradores han ido cambiando de perfil al ritmo que lo ha hecho la inmigración irregular en España. El asentamiento de El Walili, en Níjar (Almería), también conocido como El Cruce o Los Nietos, un poblado chabolista en el que ahora viven unas 450 personas, está compuesto principalmente por hombres, de origen subsahariano y marroquí, que trabajan en los invernaderos de la zona. Este lunes, resolución judicial mediante y si nada lo impide, la alcaldesa del municipio, Esperanza Pérez (PSOE), acomete su demolición, tras solicitar el desalojo, según recoge el auto del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Almería. Las ONG que trabajan en la zona denuncian que “no hay alternativa para sus habitantes”, entre los que también hay 12 mujeres (solteras y viudas) marroquíes.

“Si nos echan también de aquí, meteré mi cama en el coche y me iré a la puerta del ayuntamiento”, dice Adil Ejjabri, un ciudadano marroquí que de 37 años que lleva 21 cotizando en España y que ha trabajado durante 15 en un restaurante de San José, en el Cabo de Gata. “Quise hacer la reagrupación familiar, tras casarme en Marruecos y tener una hija, que ahora cumplirá tres años y que he visto tres meses en total, por todo lo que me está pasando”, cuenta. A Adil le denegaron la reagrupación porque su casa tenía goteras y el garaje estaba desordenado. Acabó teniendo que dejar su vivienda y teniendo que buscar otra sin éxito: “Todo está pensado para el turismo, así que a nosotros, los trabajadores inmigrantes, no nos alquilan nada, ni aunque intercedan nuestras jefes”, relata, desesperado, después de tres años buscando una casa de alquiler. Por ese motivo acabó en un cortijo del asentamiento de El Walili, junto a más de 400 personas cuyo desasosiego se hunde en el abismo que separa una infravivienda de la nada.

La agricultura intensiva almeriense, la llamada “huerta de Europa”, se ha valido históricamente de población inmigrante (con y sin papeles) para plantar y recoger sus cosechas. Son muchas las localidades, sobre todo del poniente almeriense, en las que la población extranjera supone ya el 30%, como por ejemplo en El Ejido. También históricamente, muchos de esos trabajadores, se instalaban en viejos cortijos que les dejaban los propietarios de las tierras que trabajaban, o directamente en las chabolas que se fabricaban cerca de los campos de cultivo, como las de El Walili, de plástico negro y palés. Recientemente, el pasado mes de noviembre, fueron desmantelados otros asentamientos más pequeños, como el de Saladar y Leche, cerca de Campohermoso, o El 40, en San Isidro, “sin darles alternativas tampoco a sus habitantes”, apuntan desde la Plataforma Derecho a techo, que lleva años dando la batalla para que se encuentre una solución digna a estos trabajadores, “que pretenden invisibilizar”.

Invisibilizar al trabajador

Las ONG aseguran que esta escalada de demoliciones de asentamientos chabolistas de inmigrantes en la zona tiene que ver con las presiones que los ayuntamientos, y concretamente el de Níjar, han recibido de parte de la patronal. “El poblado de El Walili está en un sitio muy visible y, ahora, con el boom del producto ecológico, cuando vienen los empresarios con sus visitas no quieren que se vea porque está feo que quienes trabajan en la creación de tus frutos vivan en condiciones infrahumanas”, señalan.

La justificación que recoge el auto judicial es que “las chabolas se encuentran en estado ruinoso, sin licencia municipal de obras, que representan un peligro inminente para las personas, por existir riesgo de derrumbe, de incendio y de explosión y electrocución, existen además pozos negros con vertidos de residuos y aguas fecales al subsuelo, que implican riesgos de caída y atrapamiento”.

En mayo de 2021 la Guardia Civil detuvo a dos personas por provocar un incendio en el asentamiento, en el que entonces se hacinaban entre 600 y 800 inmigrantes. Hubo un herido y 200 personas se quedaron si hogar.

A la espera de que se conozca el destino de los afectados ahora por el desalojo, las elucubraciones no cesan. Fuentes cercanas al consistorio apuntan a que los habitantes del asentamiento “podrían ser trasladados a 62 viviendas sociales en construcción en la pedanía de Los Grillos (Níjar), o a un gran almacén próximo a esa zona que harías la veces de albergue temporal”. Sin embargo, nada es oficial de momento.