Solo está empadronado uno de cada cuatro moradores de los barrios de chabolas de Almería

Solo una de cada cuatro personas que residen en los asentamientos chabolistas de la provincia de Almería está empadronada. Y quienes lo han conseguido lo han hecho por vía irregular, ya sea pagando por él —a pesar de ser un trámite gratuito— o formalizando su presencia en el padrón en un municipio o provincia distinto al que reside. Este es solo uno de los datos que explican las condiciones de vida de “extrema exclusión” de los cerca de 3.500 migrantes que viven en campamentos en suelo almeriense, según recoge un informe elaborado por Andalucía Acoge. El documento denuncia que la imposibilidad de registrarse supone una situación “injusta” sobre todo porque “solo depende de la voluntad política” y, a cambio, obstaculiza el acceso a servicios básicos. “Es necesario que un derecho y una obligación como es el empadronamiento se cumpla”, afirma Ángel Madero, coordinador de un estudio que subraya cómo el 72% de estas personas tiene muchas dificultades para acceder a un punto de agua, cifra que asciende al 80% para tener electricidad.

El documento Asentamientos 2022: Consecuencias de la discriminación en los asentamientos en la Comarca de Níjar es un trabajo —presentado esta mañana en la Universidad de Almería— que pretende dar una foto fija de lo que ocurre en los 59 asentamientos repartidos por la provincia andaluza, de los que la mayoría, 44, están ubicados en el término municipal nijareño. Aunque las cifras fluctúan a lo largo del año, los campamentos acogían a 3.537 personas —89 de ellas menores— en abril de 2022, cuando comenzaron las más de 700 entrevistas y la veintena de reuniones grupales realizadas por el equipo de Almería Acoge.

La panorámica que ofrecen los resultados —que indican que la mitad estas personas tienen entre 30 y 44 años y la mitad son marroquíes, casi un tercio de Senegal y el resto procede otros países africanos— destaca la invisibilidad de estos campamentos y de sus habitantes respecto a los derechos más básicos, la gran carencia el acceso a servicios o que la mayoría —el 76,3% de los hombres y el 86,8% de las mujeres— se encuentran en situación administrativa irregular.

A finales de enero, cuando se desalojó uno de los mayores asentamientos de Níjar (Almería, 26.126 habitantes) —denominado Walili y hoy ya totalmente arrasado por las excavadoras—, sus residentes insistían en las dificultades que tienen para empadronarse. “Cada vez que voy al ayuntamiento me dicen que no”, afirmaba Samir, de 25 años. “Es muy difícil, un gran problema. La Ley dice que puedes empadronarte en el municipio que vives residas donde residas, pero nadie nos quiere inscribir”, añadía Nora, de 28 años, desde otro de los mayores campamentos chabolistas de la zona, Atochares. Sus palabras solo dicen lo que las instrucciones del Gobierno publicadas en 2020 determinaban. “El padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio”, explica el documento, que señala que las infraviviendas “pueden y deben figurar como domicilios válidos”. “Cada ayuntamiento asume esas instrucciones como quiere. Es incuestionable que el empadronamiento es muy difícil para los migrantes”, insistían desde el Equipo de Atención al Inmigrante (Edati) de la Guardia Civil.

La única solución para estas personas suele proceder de quienes se aprovechan de su situación y les ofrecen la posibilidad de empadronarse a cambio de entre 600 y 2.000 euros. “También se le tienen que dar recursos a los ayuntamientos para poder atender a sus vecinos”, apunta Madero.

Para Andalucía Acoge el padrón es la llave a otros servicios básicos. Luz y agua son dos de ellos y conseguirlos no es fácil en los asentamientos, donde el precario cableado es peligroso. Hay algunos, como Atochares, donde existen puntos de acceso a agua instalados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) o a los que el municipio lleva una cuba cada cierto tiempo. En la mayoría, como los de la zona de El Barranquete, no ocurre eso. El 80% de residentes tiene también mucha o máxima dificultad para acceder a saneamiento en sus chabolas, donde carecen de recogida de basuras, que se acumula y genera insalubridad.

La situación de aislamiento y falta de recursos básicos tiene otras consecuencias, como los incendios que de forma periódica ocurren en estos espacios de manera accidental. “Hay que dotarlos de servicios mínimos”, subraya Madero. Juan Miralles, director de Almería Acoge, afirma que la situación en estos lugares es “una vergüenza” resultado de la “inacción de todas las administraciones”.

La mayor dificultad para estas personas —y el resto de la población local— es la vivienda. El 98% de los residentes en los campamentos chabolistas asegura que tienen mucha o máxima dificultad para acceder a un alojamiento a pesar de que la mayoría (56,6%) lleva más de un año residiendo en España y el 15% lo hace desde hace más de diez años. Gracias al trabajo, hay quienes tienen capacidad de alquilar un piso, pero la extrema escasez —y la discriminación y racismo en el mercado del alquiler— es uno de los problemas más graves, según el documento de Andalucía Acoge, que solicita “ampliar el parque de viviendas sociales para el conjunto de la población”.

Las administraciones solo construyen 62 pisos a las afueras de Campohermoso, en un polígono industrial sin servicios alejado del núcleo urbano y de los invernaderos donde los migrantes trabajan, dificultando aún más su situación, dado que el 50% de los entrevistados tiene “máxima dificultad” para acceder a transporte público. Muchos lo hacen en patinete o bicicleta, un riesgo en las estrechas y ajetreadas carreteras de la zona.

Andalucía Acoge espera que esta investigación sirva de “palanca de impulso para alcanzar nuevos compromisos, especialmente desde los ayuntamientos”, según han explicado desde la organización en un comunicado, donde destacan la importancia de impulsar medidas coordinadas entre los agentes implicados, es decir, administraciones públicas, sindicatos, tejido empresarial, sociedad civil organizada y las propias personas que viven en los asentamientos.