Las ‘villas miseria’ de los temporeros rebrotan del fuego

En apariencia es solo una nave industrial de un polígono de Lepe (Huelva), pero lo que se esconde tras su puerta verde evidencia que con voluntad se pueden encontrar alternativas para los asentamientos chabolistas de temporeros. En sus 313 metros cuadrados, la Asociación Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (Asnuci) ha construido un albergue temporal para 40 jornaleros. Está casi listo. Falta la cocina, pero las habitaciones de la planta baja, para mujeres, y la de arriba, para hombres, tienen ya literas y armarios. Hay dos zonas de duchas, cuatro lavadoras, salón y comedor. Se ha levantado en plena pandemia, con la única ayuda de aportaciones de particulares en una campaña en redes sociales que ha recaudado 100.000 euros. “Lo hemos hecho nosotros ante la inacción de las administraciones. Es un gesto para demostrar que se pueden encontrar soluciones: no valen las excusas”, explica Seydou Diop, portavoz de Asnuci y uno de los principales promotores del proyecto.

Fotogalería | Las múltiples aristas de los asentamientos chabolistas

Este alojamiento es la excepción en Andalucía, donde existen 119 asentamientos chabolistas: 40 en la provincia de Huelva y 79 en Almería. En ellos viven unas 13.000 personas, según los datos trasladados por la ONG onubense Asociación Multicultural de Mazagón y Almería Acoge a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha pedido a la Comisión que investigue la situación. Los poblados se han ido levantando desde finales de los 90 y se han asentado al albur de la industria hortofrutícola que empezó a asimilar mano de obra extranjera a comienzos del siglo XXI.

Javier Pérez, coordinador de Cepaim en Andalucía, explica que “en Almería, los asentamientos siempre han sido permanentes por el tipo de agricultura, y [en ellos] viven familias, con mujeres y niños; en Huelva, al principio, se levantaban solo para lo que duraba una campaña, pero ahora ya viven todo el año y cada vez hay más masificación”. La situación es la misma, o peor, que hace 25 años: carecen de agua potable, luz o recogida de basuras. No hay censos oficiales, pero los cálculos de las diferentes asociaciones que trabajan con ellos coinciden en que entre el 60% y el 80% de sus habitantes están en situación irregular.

La estancia máxima en el albergue de Lepe es de seis meses, lo que dura una campaña. No es una obra de beneficencia y Diop lo deja muy claro. Diop explica que “para entrar hay que ser socio de Asnuci y pagar 96€ de fianza. Es un alquiler y hay que pagar el agua y la luz”. E incide: “Dicen que vivimos en chabolas porque queremos ahorrar dinero y eso no son más que prejuicios, a nadie le gusta vivir así”.

Diop sabe de lo que habla. Llegó hace cuatro años a España desde Senegal y vivió en los asentamientos de Lepe. “Me he roto el alma para salir de esta situación”, explica. Ahora sigue trabajando en el campo como mediador e intérprete. Frente a su albergue se levanta otro. Lo empezó a construir el Ayuntamiento de Lepe en 2005 para alojar a temporeros y en 2011 se abandonó tras una inversión de más de un millón de euros. Ahora lo ocupan un centenar de jornaleros. Uno de ellos, Francisco Braima, de 64 años, asegura: “No queremos nada gratis, pero yo en tres meses no he ganado ni 2.000 euros. ¿Cómo voy a pagar un alquiler?”. Y recuerda el miedo que pasó en los incendios de asentamientos del verano pasado. “Cuando todo arde, vienen a interesarse, pero luego todo sigue igual. Nadie ayuda”, lamenta.

Frente a ese segundo albergue se asoman algunas chabolas de un poblado vecino, iguales a las que a 60 kilómetros rodean a Yousseff Alsisi, que descarga arena en una carretilla. Está amasando un rudimentario preparado de cemento para enlosar la superficie de otra infravivienda. “Bastan cinco minutos para que todo arda y una semana para ponerlo en pie”, dice con una triste sonrisa.

Alsisi ayuda a levantar chabolas desde que el 19 de febrero un incendio arrasó con la mitad de su asentamiento en Palos de la Frontera (Huelva). El fuego redujo a la nada no solo las endebles construcciones, sino también el futuro de muchos de sus habitantes, que vieron arder su documentación y el dinero ahorrado. Él reconstruyó la suya el 2 de marzo, tal y como ha marcado en el asfalto de la entrada. “Me costó 250 euros”, relata. Es lo que suma el precio de los palés (a dos euros cada uno), los cartones y la mezcla para el cemento.

Como no tiene papeles, Alsisi no puede encontrar trabajo: “Mis vecinos me pagan unos 20 euros por construirles las casas”. Fousseynu Tounkara y Fanoumou Camara, de Malí, no tienen dinero para poner en pie la suya y duermen a la intemperie cuando no consiguen que algún compañero les haga hueco. No muy lejos, en Lucena del Puerto, hay otros 13 asentamientos en pie. En el de Santa Catalina, el ghanés Ato tiene un pequeño bar, donde hay una iglesia y se ofrecen clases de español. Por las tardes su local se llena de compatriotas que acuden a tomar una cerveza por un euro y ver partidos de fútbol. Morales advierte de que “no hay que olvidar que estas personas son vecinos de sus municipios y que los poblados, aunque estén alejados, son ya barrios”.

A 550 kilómetros de ahí, en el otro extremo de Andalucía, la escena en Níjar (Almería), el municipio más pobre de España, es similar. El campamento de Atochares está construido a base de plásticos, maderas y unos pocos ladrillos. Una isla invisible donde residen unas 800 personas en dos barrios. Al sur viven personas de origen magrebí. Al norte, subsaharianos, que vieron cómo su área ardió el 13 de febrero. Esta semana, quienes no iban a trabajar en los invernaderos se afanaban en reconstruir sus casas sobre las cenizas. Richard y Yao, de Ghana, ponían cemento entre bloques de hormigón guiados por tiralíneas. A su alrededor, escombros y palés con sacos de cemento y ladrillos. Apenas cuentan con el apoyo de algunos colectivos ciudadanos y la solidaridad del resto del asentamiento. “Cualquier ayuda es bienvenida”, dicen con una dignidad a prueba de fuego junto a decenas de bicis, casi el único medio de transporte de estos vecinos.

Nadia Azougagh, activista del colectivo La Resistencia, cuenta que aquí “la situación es dramática: ellos son la base de la riqueza de la provincia [la agricultura almeriense factura 3.500 millones de euros anuales] y se ven obligadas a vivir en situaciones infrahumanas”. Alrededor de un té, en el interior de una precaria pero limpia y acogedora cabaña de plástico, Azougagh relata historias plagadas de pésimas condiciones laborales y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. El secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, reconoce que “la ausencia de albergues, el déficit de pisos de alquiler o el racismo inmobiliario a la hora de arrendar a migrantes y la estacionalidad de las campañas explica la proliferación de estos campamentos”. En Níjar, el portal Idealista ofrece solo tres habitaciones para compartir —a unos 250 euros mensuales— y 24 viviendas, solo seis por debajo de 500 euros al mes. La cifra es prácticamente el salario que, con suerte, obtienen mensualmente quienes trabajan a diario.

Espiral de excusas

El padrón es la puerta de entrada a los derechos y para arrancar la complejísima tarea de regularización, un proceso lleno de obstáculos, muchos insalvables sin ese primer paso. El empadronamiento es un derecho y una obligación que la justicia ha avalado en el caso de las chabolas. Los ayuntamientos, sin embargo, se muestran reticentes con la excusa del posible efecto llamada. “Sería reconocer una irregularidad”, explica Miguel Mora, alcalde de Lucena del Puerto, que con poco más de 3.000 habitantes acoge una docena de poblados chabolistas, el que más en Huelva.

El mosaico de vecinos y realidades que habitan en los asentamientos hace que ya no sea posible una única alternativa para su erradicación. Las entidades sociales hablan de incentivar el alquiler social, la instalación de módulos prefabricados junto a invernaderos o la construcción de albergues, entre otras ideas que llevan décadas sin que nadie las ejecute. Todas las soluciones pasan por una acción coordinada y conjunta de las administraciones implicadas —municipal, autonómica y estatal—, las empresas hortofrutícolas y las entidades sociales, pero en el último cuarto de siglo todas ofrecen una espiral de excusas infinita para asumir o liderar la erradicación de los asentamientos.

En 2020, la Junta de Andalucía libró por la covid una partida de 2,2 millones de euros para los ayuntamientos con asentamientos con objeto de que garantizasen el suministro de agua potable, electricidad o recogida de basuras. Níjar fue el municipio más beneficiado: más de 700.000 euros, pero sus soluciones han sido solo parches puntuales, casi siempre con la mediación de las ONG. En el resto de casos la situación es similar y, este año, la ayuda económica se ha reducido a la mitad y sus destinatarios volverán a ser las asociaciones. El Gobierno central también ha concedido subvenciones para la atención social, según la Delegación del Gobierno, a través de los programas de ayuda humanitaria.

La iniciativa de Lepe

El duro informe del relator de Naciones Unidas de hace un año y el anuncio por parte de Bruselas de que la UE investigará la situación de sus habitantes han empezado a provocar cambios leves. El Ayuntamiento de Lepe (Huelva, 27.880 habitantes), el epicentro del cultivo de la fresa que en la provincia emplea a 160.000 personas y que en el primer trimestre de 2020 facturó 428 millones de euros, parece dispuesto a tomar la iniciativa con un ambicioso plan para erradicar el chabolismo, que el 8 de marzo fue aprobado por unanimidad de sus grupos municipales (PP, PSOE y Cs).

La iniciativa contempla ceder suelo municipal para levantar un complejo de alojamiento temporal a cambio del pago de un canon para 500 personas y tiene un coste de 600.000 euros. “Los migrantes residirían durante dos años para avanzar en la regularización de su situación y conforme se fueran instalando se irían derribando las chabolas con la intención de que no vuelvan a levantarse más”, explica Jesús Toronjo, teniente de alcalde. El plan incluye otras iniciativas que necesita del sector privado y del resto de administraciones, que aún no se han involucrado. Las asociaciones, escépticas por lo general, muestran cierto optimismo. Desde Cepaim, Pérez señala que se trata de “un proyecto grande, que si consigue un objetivo pequeño ya será bueno”.

La concienciación también está arraigando en buena parte del sector empresarial, aunque la patronal onubense del sector de los frutos rojos (Interfresa) y la de los productores almerienses (Coexphal) no consideran que los asentamientos sean su problema y miran hacia las administraciones. “Nosotros ya contribuimos dando empleo y pagando impuestos desorbitados”, subraya Juan Colomina, consejero delegado de la asociación de Almería. En Huelva, Interfresa trata de integrar los principios rectores en materia de Derechos Humanos de la ONU y ha ampliado su equipo de mediadiores. Algunos empresarios se han comprometido a acoger en las viviendas de sus fincas a los temporeros con permiso de trabajo procedentes de asentamientos. Quienes no tienen si situación regularizada, deben seguir en la economía sumergida. Un portavoz del Equipo de Atención al Inmigrante (Edati) de la Guardia Civil explica que “la explotación está al orden del día”. Y uno de los agentes que ofrece ayuda en sus visitas periódicas a los asentamientos añade que “no denuncian más porque pierden lo poco que reciben y quedan sin protección social”. Por su parte, Noureddine Hmaimsa, que pasó dos años entre chabolas en La Paula (Níjar) tras llegar allí en 2006 con apenas 15 años asegura que “salir de ahí es muy difícil”. Hoy reside en el pueblo y ejerce de voluntario de Cruz Roja en su tiempo libre.

Hmaimsa es un ejemplo de que hay futuro más allá del barro de las calles de chabolas. El albergue de Diop es otro atisbo de esperanza. Mientras, en los paisajes chamuscados en los que se han convertido los poblados de Palos y Atochares casi un mes después de sus incendios, a media mañana, solo se oye el repiqueteo de martillos ensamblando palés o las palas mezclando cemento. Camara y Fousseynu deambulan sin rumbo entre famélicos andamios que evidencian la voluntad de sus vecinos de permanecer ahí ante la falta de alternativas. Es un mísero armazón de frágil madera que ni siquiera se pueden permitir estos dos amigos malienses. “¿Podrás conseguir que nos ayuden a levantar nuestra chabola?”, preguntan junto a su parcela calcinada.

Cada vez más mujeres

“Si lo llego a saber no me quedo”. Es la conclusión que comparten la decena de mujeres que quedan por la mañana en asentamiento del Huerto de las Veredas, en Lucena del Puerto. Ellas llegaron hace dos años como parte del contingente de temporeras marroquíes contratadas en origen, pero decidieron quedarse en Huelva, pensando que les sería fácil encontrar un trabajo para seguir mandando dinero a su familia. Después de este tiempo, sin papeles y sin apenas conocer el idioma apenas tienen cómo subsistir. Solo en Lucena puede haber más de un centenar viviendo en los poblados. “Algunas tienen aquí a sus maridos, otras deben emparejarse porque por su cultura no está bien visto que vivan solas, aunque algunas lo hacen”, explica Keltouma, mediadora de Huelva Acoge, que también muestra su preocupación por el aumento de la trata derivado de la permanencia de los asentamientos y de los casos de agresiones sexuales. En el de Baldifresa, en Palos, cada año se triplica el número de mujeres, reconoce Antonio Regidor, responsable del centro de día que Accem tiene en un polígono frente al asentamiento. Ahí pueden ducharse, hacer la colada en las cuatro lavadoras de las que disponen, llenar agua, recargar sus móviles, desayunar y merendar o solicitar ayuda para trámites personales.