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El campamento de la vergüenza

Las críticas del relator de la ONU tras visitar un asentamiento de inmigrantes en Lepe (Huelva) devuelven a la actualidad las duras condiciones de vida de los temporeros

Un temporero camina entre las chabolas del asentamiento de Lepe (Huelva), el pasado 11 de febrero.

Nadie en el campamento sabía quién era aquel australiano de pelo blanco y zapatos de piel. Y a los extraños se les recibe con una ceja arqueada porque no suelen traer nada bueno. No tardaron en rodearle. Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, llegaba hace dos semanas a un asentamiento de temporeros inmigrantes de Lepe (Huelva) para comprobar cómo en el siglo XXI hay gente en España que vive sin agua, sin luz y sin retrete. Alston, sin despegarse de su cuaderno rojo, se sentó sobre una bobina de cable bajo el único pino del campamento y escuchó a sus habitantes, trabajadores subsaharianos en precario. No cambió el semblante amable, no frunció el ceño, no hizo muchas preguntas, pero tras su visita sentenció: “Viven como animales”. “Sus condiciones compiten con las peores que he visto en cualquier parte del mundo”, remachó.

Alrededor del pino bajo el que Alston tomó notas se agrupan unas 70 chabolas construidas con tres capas de palés, cartones y plásticos de los invernaderos, motor económico de la provincia. A vista de dron, las casuchas, anudadas con los tubos de riego que se desechan en las plantaciones de la fresa, parecen fardos de droga desperdigados. Ya en el interior de las chabolas falta el aire e impera el intento por sobrevivir con la mayor dignidad posible.

En este lugar, el asentamiento más grande de Lepe, viven unas 300 personas, la mayoría malienses, pero Cáritas calcula que solo en Huelva hay unos 2.000 trabajadores viviendo en las mismas condiciones infrahumanas. Ganan unos seis euros la hora. Algunos llevan más de una década viviendo en este o en otros asentamientos vecinos.

Juan Manuel Breva, responsable de exclusión de Cáritas Diocesana de Huelva, habla sobre la situación de vulnerabilidad de las personas que viven en los asentamientos de chabolas de Lepe (Huelva).

Aquí se cocina con la iluminación de la luz de los móviles; el agua hay que buscarla en un grifo de una rotonda a dos kilómetros de distancia y almacenarla en garrafas de herbicida; el baño se toma al aire libre con agua recalentada en una olla; y la letrina es el propio campo. La basura, que el Ayuntamiento no recoge, se lanza en bolsas por un barranco. A pesar de tenerlo todo en contra, en el lugar hay orden, limpieza, turnos de cocina y normas. Están prohibidos el alcohol, las drogas, el fuego y las peleas.

Vista aérea del mayor asentamiento de chabolas de Lepe. Aquí viven cerca de 300 personas en unas 70 casuchas. ver fotogalería
Vista aérea del mayor asentamiento de chabolas de Lepe. Aquí viven cerca de 300 personas en unas 70 casuchas.

“Este es el peor sitio donde he vivido”, dice en castellano Karidioula Kession, un hombre de 32 años de Costa de Marfil que llegó a Ceuta en 2016. “Si le digo a mi familia que vivo aquí no me creería. Es mi secreto”, confiesa. Las manos de Kession, y las de la inmensa mayoría de los temporeros que ahora están en Lepe, son las que recogen la uva en Logroño, las manzanas en Lleida, los calabacines en Almería, los cereales en Salamanca, las almendras en Tomelloso y la fresa y los cítricos en Huelva. Pasan el año de plantación en plantación, asumiendo el trabajo más duro del campo.

Algunos, como Kession, no tienen papeles y sus patrones se han aprovechado de ellos. “Estuve dos años y siete meses recogiendo calabacines en El Ejido por 35 euros al día. Mi jefa me prometía que me contrataría pero cuando llegó el momento de poder regularizar mis documentos cogió a otro”, lamenta. “Sin documentos trabajas muy poco y yo ahora no tengo dinero para comprar comida. Me da vergüenza comer siempre del plato de mis amigos”, cuenta el maliense Gibril Betraure mientras despeja con una azada las malas hierbas que crecen en la entrada de su chabola.

Chinches en las manos

“Este lugar es demasiado difícil. Hay enfermedades, cuando llegas del trabajo tienes que tomar un baño y descansar un poco para ir a por agua y comer”, relata en italiano el maliense Magassa Mady, que obtuvo su permiso de residencia en Italia como solicitante de asilo, pero que aquí no tiene autorización para trabajar. Mady, con las manos picadas por las chinches, vive en la única construcción de ladrillo del campamento, donde se hacinan más de 20 personas. Solo en su habitación duermen seis hombres más. Su cama, la más grande, la comparten entre dos.

Cumplir los requisitos para regularizarse es especialmente difícil para los trabajadores del campo. La ley obliga a tener, además de tres años de residencia demostrable en España, un contrato de trabajo de un año, y eso es complicado en un sector caracterizado por la contratación temporal. “Podría flexibilizarse la burbuja burocrática que enfrentan estas personas para regularizarse”, propone el responsable de Exclusión de Cáritas Diocesana de Huelva, Juan Manuel Breva. “Se les dificulta el empadronamiento en los asentamientos y la exigencia del contrato de un año es una barrera infranqueable”.

Los jornaleros de los asentamientos onubenses que sí tienen un permiso de residencia y trabajo —un 74%, según un informe de Cáritas de 2017— no viven mucho mejor. Tienen contrato y trabajan más que sus vecinos en situación irregular, pero viven en las mismas chabolas, se mojan igual cuando llueve y duermen también amontonados. En todos esos lugares en los que han trabajado, asegura la decena de temporeros entrevistados, cuentan con una cama, una habitación o una casa. Y pagan por ello. En Lepe, no.

“Conseguí mis papeles con un contrato hace cuatro años, gano 1.200 euros al mes, pero no hay casas ni habitaciones para alquilar. Llevo tres meses aquí”, se queja con acento andaluz otro maliense llegado a las islas Canarias en 2008.

Los asentamientos chabolistas de temporeros inmigrantes existen en la costa occidental española hace más de 20 años. El negocio de la agricultura intensiva ha regado de millones la región, sin que ninguna Administración, ni tampoco los empresarios, se hayan puesto manos a la obra para evitar que una parte de los trabajadores del campo vivan en la marginalidad. “Cada vez que preguntaba a alguien en el Gobierno, siempre culpaban a otro. No era su responsabilidad. Así que, básicamente, todos hacen la vista gorda”, subrayó el relator de la ONU tras su visita. “Lo inusual de este caso no son solo las condiciones terribles en las que viven, sino la falta de respuesta de las autoridades”, abunda Alston a EL PAÍS.

El bucle empieza en los Ayuntamientos y se enreda en el resto de Administraciones. “El problema es el mismo o peor que en los años ochenta y sigue sin haber una solución”, asegura el portavoz del Gobierno municipal, Jesús Toronjo. “Quien quiera pensar que esto es responsabilidad del municipio se equivoca. Esto es un problema de todos: del Gobierno central, de la Junta, de la Diputación de Huelva, de los Ayuntamientos y de los empresarios”. El Ministerio de Trabajo y Economía social reaccionó el viernes a las denuncias del relator: anunció que busca cómo obligar a las empresas a facilitar alojamientos y que controlará sus condiciones.

Uno de los jefes del asentamiento de Lepe es Mamadou Tunkara, un maliense de bigote espeso, de 45 años, que lleva una década viviendo temporadas en este campamento. Saltó la valla de Ceuta en 1999, se dedicó 10 años a la construcción y con la crisis migró al campo. Ahora tiene un contrato de tres meses y trabaja sin descanso para ganar 1.200 euros que envía casi íntegramente a su familia. “Ahora tengo suerte porque hace una semana que mi jefe me deja dormir en su campo”, celebra. Sus compatriotas intervienen mientras juegan alrededor de un tablero de damas con tapones de Fanta y Coca-Cola. “No tiene solución”, dice Nana Keita, de 42 años. “De nosotros solo quieren el trabajo”.

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