La situación de los asentamientos de temporeros andaluces llega al Parlamento Europeo

La Comisión de Peticiones de la Cámara ha admitido una denuncia de IU y dos ONG y ha requerido a la Comisión Europea que investigue la situación de los campamentos chabolistas

Afectados por el incendio en un poblado charolista de inmigrantes en la localidad onubense de Palos de la Frontera.
Afectados por el incendio en un poblado charolista de inmigrantes en la localidad onubense de Palos de la Frontera.PACO PUENTES / EL PAÍS

La coyuntura en la que malviven miles de temporeros en los asentamientos chabolistas de las provincias de Almería y Huelva será analizada por el Parlamento Europeo e investigada por la Comisión Europea. Así se lo ha transmitido la Comisión de Peticiones de la Cámara comunitaria a IU, la Asociación Multicultural de Mazagón y Almería Acoge que en noviembre de 2020 elevaron una denuncia a la institución denunciando la vulneración de los derechos humanos en esos asentamientos, en la que reclamaban a la Unión Europea “una respuesta inmediata y firme ante la situación en la que se encuentran los asentamientos en las provincias de Almería y Huelva”.

“Lo que pretendemos es que se investigue la violación de derechos humanos en esos asentamientos en todos los sentidos, como seres humanos y como trabajadores”, explica a este diario Pepa Suárez, portavoz de la Asociación Multicultural Mazagón. En la nota, firmada por la presidenta de la Comisión, Dolors Montserrat (Partido Popular), se constata que se irá dando cuenta de los resultados de la investigación encargada a la Comisión y del curso de la petición ante el Parlamento, que ya ha sido trasladada a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. “Esto implica el inicio de una investigación preliminar que, según nuestra experiencia en la Comisión de Peticiones, desembocará previsiblemente en un debate en el Parlamento europeo sobre este asunto y entonces la Comisión Europea tendrá que posicionarse al respecto”, señala un portavoz de IU.

En Andalucía hay 11 asentamientos chabolistas, en los que los cálculos de las entidades firmantes dicen que viven unas 10.000 personas, cuyo drama humanitario se ha ido enquistando a lo largo de los últimos 25 años. Las administraciones implicadas, local, regional y estatal, no han encontrado una solución habitacional y humanitaria y la denuncia ante la Comisión de Peticiones alude a su “pasividad”.

Denuncias del relator de la ONU

“Cualquier información que salga de los asentamientos y de nuestras fronteras es bueno para que presionen a las administraciones y tomen medidas, algo que deberían haber hecho en estos 20 años porque parece que si no se les presiona por parte de organismos internacionales, no se mueven”, afirma Suárez. El relator de Naciones Unidas, Philip Alston, ya denunció el año pasado las condiciones en las que se encontraba el asentamiento de Lepe (Huelva) y tanto el Defensor del Pueblo español como el andaluz han alertado sobre el agravamiento de su situación, que ha empeorado con la pandemia. “Cualquier información que salga de los asentamientos y de nuestras fronteras es bueno para que presionen a las administraciones y tomen medidas, algo que deberían haber hecho en estos 20 años porque parece que, si no se les presiona por parte de organismos internacionales, no se mueven”, afirma Suárez.

Esa circunstancia también se destaca en la denuncia conjunta de IU y las ONG. “No ha existido hasta la fecha un programa mínimo de prevención durante el período de confinamiento en los asentamientos por parte de las administraciones, lo que denota por su parte una dejadez que roza el racismo”, se asegura en el escrito, en el que se también se llama la atención sobre la vulneración de las directivas europeas que regulan las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en especial en lo que respecta a la dignidad humana, la no discriminación o los derechos del menor.

Además, en la denuncia se advierte de las dificultades que los ayuntamientos plantean a la hora de empadronar a los migrantes que residen en los asentamientos chabolistas, de la práctica de desmantelamientos por parte de las autoridades municipales y de los incendios en los poblados, un drama que cada vez es más habitual. En la madrugada del 13 al 14 de febrero las llamas arrasaron 1,5 hectáreas del asentamiento de Níjar, en Almería (el mayor de todo Andalucía) y una semana después, el fuego se llevaba por delante unas 400 chabolas del asentamiento del municipio onubense de Palos de la Frontera. En este último sus vecinos ya han empezado a levantar nuevas infraviviendas de entre los escombros.

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