Primer paso en firme para erradicar en Huelva las chabolas en las que malviven los temporeros

Toure Chekime lleva 12 años viviendo en una chabola de uno de los asentamientos de Moguer (22.061 habitantes, Huelva), el tiempo que ha pasado desde que se trasladó de Barcelona a Huelva, tras llegar a España en patera desde Malí. Desde que en 2018 consiguió regularizar su situación, puede encadenar las campañas de la fresa en los invernaderos onubenses con la recogida de fruta y cebolla en Lleida, donde se encuentra trabajando estos días. Ahora que tiene sus papeles en regla, quiere traer a su mujer y sus hijos de su país y para ello necesita alquilar un piso, una tarea que en esta provincia andaluza es una misión prácticamente imposible. A la falta de albergues para jornaleros y de vivienda en general se suma la reticencia de los propietarios a arrendar a temporeros. Esta circunstancia explica, en buena medida, que los poblados chabolistas que empezaron a levantarse a comienzos de siglo se hayan convertido en barrios aledaños de los municipios de Moguer, Lepe, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera.

La suerte de Chekime, de 40 años, podría cambiar a medio plazo. El Gobierno de España, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Lepe y Moguer firmaron hace una semana un protocolo de colaboración para fomentar en los próximos dos años la construcción y la adecuación de espacios para promover albergues y viviendas para los trabajadores temporeros. Una iniciativa para la que se han presupuestado cinco millones de euros. Se trata de la primera colaboración de calado entre las tres administraciones para erradicar los asentamientos chabolistas de la provincia, después de décadas en las que esta situación de hacinamiento de migrantes en infraviviendas se ha enquistado en buena medida porque las instituciones nacional, regional y locales miraban para otro lado, alegando que ellas no eran las competentes.

“Nadie quiere vivir en una chabola. Pero yo prefiero esa opción a dormir en las casas que ofrecen los empresarios, que son de tres habitaciones y en cada una duermen seis y ocho personas”, señala Chekime al otro lado de la línea telefónica, ilustrando otra de las causas que han fomentado la perpetuación de los asentamientos en los municipios donde la economía principal son los frutos rojos. No todos los empresarios ofrecen viviendas a sus empleados, y, en muchos casos, estas están muy lejos de los núcleos urbanos y no se encuentran en las mejores condiciones. Si además, como Chekime hasta hace cuatro años, no se tienen papeles, acceder a esas casas es imposible.

No hay cifras oficiales del número de personas que pueden vivir en los 40 poblados chabolistas de la provincia de Huelva, según los datos trasladados por la ONG onubense Asociación Multicultural de Mazagón y Almería Acoge a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, pero desde Huelva Acoge, Emma González calcula que durante la temporada alta de la fresa pueden vivir entre 4.500 y 5.000 personas. “La población es volátil, porque algunos se van trasladando de un campamento a otro. A eso hay que sumar a los que viven de manera permanente”, que ella cifra en unos 1.500.

Las organizaciones que trabajan con los habitantes de los asentamientos valoran el protocolo firmado. “Todos los recursos habitacionales que se creen son un avance. Los poblados chabolistas son un problema global que necesita actuaciones globales”, indica Francisco Villa, responsable de la ONG Accem en Huelva, quien llama la atención sobre la importancia de que la medida se amplíe al resto de municipios con poblados chabolistas.

“Es un paso importante, porque hasta ahora nos sentíamos un poco en soledad”, explica el popular Juan Manuel González Camacho, alcalde de Lepe (28.293 habitantes), el epicentro del cultivo de la fresa en Huelva. Su corporación aprobó por unanimidad en 2021 un plan de 600.000 euros para levantar un complejo para el alojamiento temporal de los temporeros que viven en sus asentamientos. Este es el proyecto que se ha presentado para el protocolo firmado la semana pasada. “En Lepe tenemos 5.300 inmigrantes, pero solo 1.000 viven en poblados, y ese es nuestro problema concreto”, señala el regidor. Su Ayuntamiento es uno de los que más se ha involucrado en erradicar el chabolismo, aunque no siempre con éxito. Su decisión de no permitir reconstruir las infraviviendas quemadas o la rehabilitación de un albergue municipal —que el Consistorio empezó a construir para los temporeros, pero que abandonó en 2011 y que ha sido ocupado por jornaleros―, ha obligado a muchos trabajadores a dormir en la calle en esta campaña ante la falta de espacios donde alojarse.

Trabas para alquilar

Además de la construcción de albergues, que es la iniciativa que van a desarrollar los ayuntamientos de Lepe y Mazagón en los próximos meses, el protocolo contempla la promoción de actuaciones que faciliten la integración residencial y sociolaboral de quienes viven en los asentamientos, centrando los esfuerzos en programas de acceso a la vivienda en los núcleos urbanos, para garantizar un modelo de residencia permanente.

Ese alquiler estable es lo que busca Chekime que, hasta ahora, además de la falta de oferta, se encuentra también con los requisitos que le exigen los propietarios. “Quienes viven en los asentamientos tienen muchos problemas para encontrar un alquiler”, corrobora Villa, de Accem, que apunta a la saturación del mercado de la vivienda. “Te piden como mínimo contratos consecutivos de seis meses de duración y ahora mismo en Huelva contratos tan largos es algo casi imposible”, indica Chekime, aludiendo a la temporalidad de las campañas, tanto las agrarias, como las turísticas.

Su antiguo vecino de chabola, Adama Sidibe, tuvo suerte. Después de vivir 14 años —entre 2006 y 2019― en uno de los asentamientos de Moguer, cuando regularizó su situación se puso a buscar un piso para traer a su mujer y a su hijo de Malí. “En cuanto te escuchan la voz de extranjero, muchos empiezan a poner excusas. Hay racismo a la hora de alquilar”, sostiene. Sin embargo, Sidibe, de 42 años, dio con una mujer, hija de emigrantes durante la posguerra española, que no dudó en alquilarle: “Pago 500 euros más la luz y el agua y llevamos casi tres años aquí encantados”. Sidibe es consciente de su suerte y por eso saluda el acuerdo: “Es una buena noticia, los trabajadores tienen derecho a vivir tranquilos. A nadie le gusta vivir en una chabola, pero es que en muchas ocasiones no hay otra opción”, alega.

La vivienda no es la única solución

Pepa Suárez, portavoz de la Asociación Multicultural Mazagón, considera “muy positivo que se planteen alternativas habitacionales serias para dar un trato digno a quienes están generando riqueza para los municipios onubenses”. Suárez advierte de la importancia de que este protocolo se adapte a la realidad social de estos trabajadores, que va evolucionando.

Dotar de viviendas alternativas a los habitantes de los asentamientos es un primer paso, pero, como recuerda Emma González, “es necesario garantizar su integración en la sociedad”. Las organizaciones sociales enviaron una serie de propuestas al Gobierno central en esta línea que no se han recogido de manera explícita en el acuerdo, bastante genérico en su redacción. Entre ellas figuran la regularización de 500.000 migrantes que están trabajando en los campos de Huelva, Almería, Lleida y Jaén; que se respete el derecho al empadronamiento, que suele denegarse sistemáticamente; una vigilancia de las condiciones de contratación o un refuerzo de los transportes públicos y privados hacia las explotaciones agrarias. Chekime alude al problema del transporte: “Vivir en un albergue es muy positivo, porque te garantiza un techo y agua, pero si no tengo un coche para que me lleve a los campos, no me sirve para nada. Para eso, mejor la chabola que está enfrente de los invernaderos”.

Después de décadas asistiendo a una vergonzosa despreocupación por parte de las Administraciones, este acuerdo es un primer paso importante. El demoledor informe del relator de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y la vulneración de derechos humanos tras su visita a los asentamientos de Lepe en 2020, fue lo que espoleó la conciencia dormida de una sociedad para la que sus vecinos eran prácticamente invisibles, pese a ser fundamentales en la expansión de los cultivos de frutos rojos y su bonanza económica. “La propaganda tan negativa para los frutos rojos ha hecho que por fin empiece a hacerse algo para dignificar a estas personas”, remarca González, de Huelva Acoge.