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Solo el 2% de los hogares en riesgo de pobreza reciben ayudas para la vivienda

Save the Children denuncia la desprotección de las familias con menores ante la crisis habitacional: es el tercer país europeo con mayor sobrecarga financiera

Ayudas vivienda
Una niña arrastra una bicicleta en el poblado chabolista de la Cañada Real en Madrid, el pasado 4 de enero.Alejandro Martinez Velez (Europa Press/Getty Images)
José Luis Aranda

Los hogares españoles en los que viven menores se encuentran entre los que más dificultades tienen de Europa para hacer frente a los gastos de la vivienda. Esa situación, sin embargo, contrasta con unas magras políticas sociales que dejan a la mayoría de ciudadanos que lo necesitan sin ayudas para pagar la casa. Así se desprende de un informe publicado este martes por Save the Children bajo un título descriptivo: Aquí no hay quien viva. Un análisis de las dificultades de las familias para pagar la vivienda en España. A lo largo de más de un centenar de páginas, la organización sin ánimo de lucro destripa estadísticas públicas y privadas para retratar una situación perentoria: “Tras décadas de inacción, la crisis de la vivienda en España ha adquirido una dimensión insoportable y generadora de exclusión a distintos niveles”, asegura el estudio.

Una de las conclusiones más llamativas es que apenas un 2% de los hogares en situación de pobreza reciben prestaciones para vivienda. A partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, Save the Children calcula que en España hay 1,6 millones de familias con menores y cuyos ingresos no llegan al 60% de la mediana de ingresos por hogar (como calcula el instituto estadístico el riesgo de pobreza relativa, que equivalía a ingresar menos de 20.024 euros al año para una familia de dos adultos y dos niños). A pesar de que 300.000 de estos hogares, el 18%, experimentaron retrasos relacionados con el pago de la vivienda, la ONG señala que apenas 25.000 (un 2% del total) recibieron ayudas para el pago de la casa.

La situación se solapa con el escaso parque de pisos sociales que tiene España, pero Save the Children subraya que “las ayudas a la vivienda son mucho más fáciles y rápidas de implementar, frente a la provisión de vivienda”. La organización disemina 43 programas de auxilio diferentes, 13 puestos en marcha por la Administración central y otros 30 por las cinco comunidades autónomas (que tienen transferidas las competencias sobre vivienda) en las que tiene presencia en España: las cuatro más pobladas —Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana— y el País Vasco. La conclusión es que “hay muy pocas ayudas dirigidas específicamente a las familias con menores” y que menos de uno de cada cinco programas otorga prioridad a los hogares donde hay niños.

En cuanto al parque público de vivienda, Save the Children calcula que España necesitaría sumar 1,5 millones de casas para igualarse a la media europea. Esto, de hacerse construyendo todos esos pisos durante 20 años, exigiría duplicar el gasto actual que hacen todas las Administraciones e invertir unos 7.000 millones de euros al año. El informe, no obstante, señala alternativas como la colaboración público-privada o la compra de inmuebles ya existentes que pueden acelerar (y abaratar) el objetivo. En cualquier caso, todo pasa por un mayor gasto público. Mientras que de media en Europa se destinan anualmente unos 130 euros por persona a las políticas de vivienda, en España apenas se superan los 70 euros por persona.

El tercer país de la UE con más dificultades

Los autores destacan además las mayores dificultades que, respecto a los vecinos europeos, afrontan los hogares españoles con menores. A partir de datos de Eurostat, la ONG apunta que un 8,7% de las familias con niños están en situación de sobrecarga residencial, como se define al hecho de tener que destinar más de un 40% de los ingresos netos a todos los gastos de la casa (la hipoteca o el alquiler, más los suministros básicos). Solo dos países, Grecia y Bulgaria, presentan un porcentaje más elevado.

La tesitura se complica todavía más para las familias que viven de alquiler. En ese caso, un 40% de hogares con menores destinan más del 30% de sus ingresos solo al pago de la casa (sin incluir los suministros, que es como lo calcula en este caso el INE). Para quienes pagan la hipoteca, esa circunstancia sucede en un 10% de las ocasiones. Y resulta llamativo que incluso un 21% de quienes viven en alquiler a precios inferiores de mercado (por tener un arrendamiento social o alguna situación análoga) también se enfrentan a esa sobrecarga. El informe alerta especialmente sobre la situación de las familias monoparentales encabezadas por mujeres, ya que calcula que de media el sobreesfuerzo que realizan para el pago de la vivienda es de 200 euros al mes.

El documento también se detiene a analizar problemáticas relacionadas con condiciones inadecuadas de las viviendas. Así, destaca que un 7,2% de los hogares españoles no reúne las condiciones mínimas para garantizar la salubridad. Y destaca que más de dos de cada 10 niños viven en casas con goteras, humedades o podredumbre; y que una proporción similar habitan lugares con contaminación acústica. Estas circunstancias, recuerdan los autores, se relacionan con menores rendimientos escolares y también pueden conducir al desarrollo de algunas enfermedades como el asma.

En el capítulo de las recomendaciones, Save the Children pide no solo una mayor amplitud de las ayudas para vivienda, sino también un mayor automatismo en la concesión de subvenciones. Sugiere que, por ejemplo, todas las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) reciban a su vez las ayudas previstas para vivienda en su territorio. Asimismo, la ONG propone aumentar el parque social de vivienda e incentivar fiscalmente que el sector privado (tanto de empresas como de organizaciones sin ánimo de lucro) se involucre en la creación de más vivienda a precio asequible. Otra demanda es la de reforzar la protección antidesahucios en hogares con niños, ya que, según estima la organización, al menos un 70% de los 700.000 desalojos que se han llevado a cabo en España desde 2008 afectaron a menores.

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Sobre la firma

José Luis Aranda
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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