Santander y BBVA cobraron 1.240 millones de Hacienda en 2022 por las pérdidas de la pandemia

Las facturas de las ayudas a los bancos siguen aflorando una década después. El Santander y el BBVA han recibido 1.240 millones de euros de Hacienda por los números rojos que registraron en 2020. Al haber arrojado pérdidas con la pandemia, las entidades pudieron reclamar una parte de los créditos fiscales que acumulan, la mayoría generados con el estallido de la burbuja inmobiliaria, y que estaban garantizados por el Estado desde 2013. Este aval fue una de las medidas que se facilitaron en plena crisis financiera para respaldar su solvencia y proteger los depósitos. La conversión de estos activos fiscales monetizables en un pago solo se puede exigir en los ejercicios en los que se registren pérdidas en España o en el caso de liquidación.

Tanto el Santander como el BBVA tuvieron resultados negativos en 2020, al consolidar sus filiales españolas y centros corporativos. Según sus memorias anuales, el banco que preside Ana Botín pidió a Hacienda 642 millones de euros y el que pilota Carlos Torres, 598 millones. El proceso, según fuentes del sector, comenzó a mediados de 2021 con la liquidación del impuesto del año anterior. Entonces solicitaron el cobro, que se produjo ya en 2022.

La normativa permite a estas compañías dos opciones: recibir la cantidad reclamada en efectivo o compensarlo con pagos tributarios del ejercicio y posteriores. Fuentes de ambos bancos aseguran que optaron por la segunda vía. “Estos 598 millones de euros no se han cobrado, sino que han compensado el pago de deudas tributarias correspondientes al Impuesto sobre Sociedades”, confirma el BBVA. Y también el Santander: “Es un crédito que compensamos con impuestos futuros”. De acuerdo con un documento de la Intervención del Estado, Hacienda tuvo que abonar unos 1.200 millones a bancos españoles por las pérdidas de 2020, de lo que se deduce que las dos mencionadas fueron las únicas entidades que activaron estos créditos monetizables.

Si se toma la recaudación del Impuesto sobre Sociedades de los grupos bancarios —hay 36, según la Agencia Tributaria—, la cuota total que abonaron al fisco por el ejercicio de 2020 fueron 356 millones. Eso es lo que Hacienda recibió en el conjunto por este gravamen. Esto supone un tipo efectivo del 3,5% del beneficio que obtuvieron las entidades en aquel año, según las estadísticas de la Agencia. Este tipo tan bajo se explica porque a las ganancias contables se le restan una parte de las pérdidas acumuladas de otros años, las exenciones por beneficios repatriados del exterior —Santander y BBVA, por ejemplo, ganan mucho más fuera que en el mercado nacional— y otras deducciones. El Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria ya explicaba que había que tomar con cautela ese dato porque, en realidad, los impuestos pagados en el exterior subían el tipo efectivo hasta cotas superiores al 15% en el conjunto de las multinacionales españolas. En todo caso, en la práctica esos 350 millones que tributó la banca se volatilizaron al tener que compensar a los dos transatlánticos del sector con los 1.200 millones por sus créditos fiscales garantizados. Por tanto, al Estado la cuenta del año de la pandemia le salió a pagar.

Estas cifras agregadas se conocen en pleno estallido de las tensiones financieras y cuando todavía está vivo el debate sobre el impuesto extraordinario a la banca aprobado por el Gobierno, con el que espera recaudar 3.000 millones en dos años. El pasado febrero ya se efectuó el primer pago anticipado de la tasa, del 50% de la cuota del primer ejercicio, por el que la banca desembolsó 637,1 millones. No obstante, la batalla judicial está servida. El sector financiero se ha opuesto al gravamen desde el inicio y hay bancos que han anunciado recursos. Entre ellos, CaixaBank: el que posee más actividad bancaria en España y, además, tiene al Estado como accionista, con una participación de algo más del 16%.

En el ejercicio 2020, los dos gigantes del sector financiero español acabaron en números verdes por su actividad nacional: 606 millones el BBVA y 517 millones el Santander. Sin embargo, al consolidar lo anotado por sus centros corporativos, que están en España, ambos terminaron en números rojos. En el caso del banco que preside Torres, el centro corporativo perdió 2.635 millones (-856 millones si no se tiene en cuenta el deterioro del fondo de comercio de EE UU), mientras que el centro corporativo de la entidad que dirige Botín restó 1.844 millones. Es decir, el neto en España terminó en negativo en ambos casos, lo que les permitió activar los créditos. Al incorporar los centros corporativos se están imputando gastos en España, y por lo tanto pérdidas, que no pertenecen a la actividad en el país, sino a la del grupo. Aunque esto también tiene una cara favorable: la ubicación en territorio nacional de estos centros atrae a altos directivos con salarios elevados.

La sombra del rescate

Como dice Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor del libro Y esto, ¿quién lo paga?, la sombra del rescate bancario es alargada. Estos créditos fiscales se garantizaron a finales de 2013 dentro del paquete de medidas para ayudar a la banca en medio de la crisis financiera. Si estos no se monetizan, se materializarán sí o sí: en caso de no activarse en un periodo de 18 años desde que se originaron, Hacienda tendrá que pagarlos igualmente con títulos de deuda pública. Pese a ello, algunas fuentes financieras creen que este plazo se alargará cuando llegue el momento del desembolso.

Cabe recordar también que este aval público tiene un coste para las entidades. Estas tienen que hacer frente a una tasa del 1,5% anual desde 2016. El cambio se incluyó para permitir que estos activos sirvieran de refuerzo del capital sin que la Comisión Europea los considerase ayudas de Estado. Los ingresos por este concepto han sido de algo más de 400 millones al año. Con la recaudación de 2022, habría unos 27.700 millones pendientes. Solo entre el Santander y el BBVA tienen casi 15.500 millones. Según datos de Eurostat, el coste del rescate bancario a fecha de 2021 ronda los 73.000 millones de euros, sin contar la materialización de estas garantías. Esa fue la factura que se tuvo que abonar para salir de la crisis financiera y proteger los depósitos de los ciudadanos.

Estos créditos fiscales pueden ser de dos tipos. O bien pérdidas que superaron la factura fiscal del año en que se generaron y que, por lo tanto, no se pudieron deducir en ese ejercicio, de modo que en los siguientes años el banco va restándolos de sus pagos del Impuesto sobre Sociedades en la medida en que va teniendo beneficios contra los que se compensan en los porcentajes que permite el regulador. O bien pérdidas contables, por ejemplo provisiones genéricas o por posibles impagos, que Hacienda no admite como pérdidas fiscales y que se guardan como un activo a la espera de que esa pérdida se materialice y entonces la entidad los utilice, aminorando su tributación. Estos últimos son los activos fiscales por diferencias temporales.

En general, la idea es que una entidad o empresa tiene que tributar teniendo en cuenta todos sus beneficios o pérdidas, de ahí que estas puedan acumularse para liquidaciones posteriores. Sin embargo, la acumulación ha llegado a unos niveles que está reduciendo a cotas muy bajas la factura fiscal de las entidades. Por eso, el Gobierno fijó el año pasado que el tipo efectivo mínimo sea del 18% sobre la base imponible, no sobre el resultado. Además, la banca soporta otros impuestos como el de los depósitos, el de Actos Jurídicos Documentados y, según el libro blanco, el hecho de no poder deducir el IVA.

Otro salvamento de Bankia

Con la crisis financiera, la nueva regulación era más exigente y establecía que estos activos se suprimieran del capital de máxima calidad porque desaparecerían con la entidad si quebraba y el banco no podía tirar de ellos al sufrir pérdidas. Además, en un contexto de tipos negativos, las compañías no podían contabilizarlos porque tenían ante sí un horizonte de beneficios muy escasos como para poder compensar estos créditos. En aquel momento la banca española contaba con muchos activos por impuestos diferidos reforzando su capital regulatorio. Al tener que sustraerlos del capital, sus ratios de solvencia iban a quedarse muy dañadas en una coyuntura delicada, con muchas dificultades para captar capital y empeorando la brutal restricción que había del crédito. Así que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió garantizarlos en caso de pérdidas o liquidación, como hicieron Portugal o Grecia. “De no haberlo hecho, se tendría que haber inyectado capital en Bankia otra vez”, explica un ex alto cargo de aquella época. Fuentes del sector explican que lo que se hizo fue “corregir una distorsión competitiva que se generó tras la entrada en vigor de Basilea III”.

De esta forma, se igualaba además con otras jurisdicciones que sí admitían como gastos fiscales los gastos contables. Al ser activos que podían emplearse en caso de pérdidas o liquidación, estos fortalecieron los balances de las entidades. Hoy ya no cuentan igual como capital. Y solo se pueden convertir en garantizados los de diferencias temporales porque ya se ha adelantado el impuesto. Además, hay entidades que deciden no pagar por la garantía y dejan de utilizarlos como monetizables. Si se decide tenerlo como monetizable, ahora se limita al 25% la compensación y el 75% restante queda bloqueado hasta que haya pérdidas, liquidación o se convierta en deuda pública.

Al tener números rojos, los bancos pueden pedir a Hacienda el mismo porcentaje de activos fiscales garantizados que el porcentaje que supone la pérdida del año respecto a la suma de fondos propios. Con esta fórmula se ha calculado el importe que tenía que abonar el Estado al Santander y el BBVA por el año de la pandemia.

“Los activos por impuestos garantizados disminuyen, principalmente, por la utilización en el ejercicio de activos por impuesto diferido convertidos en un crédito exigible ante la Administración tributaria, conversión que se consignó en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del Grupo fiscal en España correspondiente al ejercicio 2020, y como consecuencia de la compensación de los mismos prevista en la estimación del Impuesto sobre Sociedades del grupo fiscal en España correspondiente a 2022″, recoge el BBVA en su última memoria. Un uso similar al que especificó el Santander en sus cuentas del año anterior, con referencia a los 642 millones mencionados: “La citada autoliquidación está pendiente de comprobación a la fecha de formulación de estas cuentas anuales”, decía entonces.

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