CaixaBank recurrirá el impuesto extraordinario al sector financiero

La gran banca da el paso. CaixaBank, la entidad con mayor volumen de negocio en España, recurrirá el impuesto extraordinario al sector, según confirman fuentes financieras conocedoras del proceso. Su caso es más controvertido que el del resto si cabe: el Estado cuenta con una participación de algo más del 16% a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). De esta forma, la entidad catalana es el primero de los tres grandes que se suma a la impugnación llevada a cabo por las patronales —la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)—, el Sabadell, Bankinter y Abanca.

El recurso del grupo que preside José Ignacio Goirigolzarri se basará en tres argumentos: entiende que la tasa es discriminatoria, confiscatoria y distorsiona la competencia en la eurozona. Esto se explica, por un lado, por la distinción que se hace entre bancos (solo tienen que hacer frente al impuesto los que sumaron en 2019 más de 800 millones de euros en margen de intereses y comisiones netas en España). A esto hay que añadir que, según el banco catalán, existe doble tributación y, además, quedan en desventaja respecto a las entidades europeas con las que compite, como señalaba el dictamen del BCE, según estas fuentes.

Los bancos tienen dos opciones: recurrir la autoliquidación recibida (el anticipo del pago del primer año se hizo en febrero) o impugnar la orden ministerial por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado, como hicieron las patronales bancarias. La mitad de los grupos a los que afecta el gravamen ya han recurrido o lo van a hacer en breve (CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Abanca y Kutxabank). De esta forma, arranca la esperada batalla judicial por una tasa que ha generado fricciones entre el sector financiero y el Ejecutivo desde el pasado julio. La previsión es que se recauden 3.000 millones adicionales de los bancos en dos años. El impuesto consiste en aplicar un tipo del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades por su negocio en España. El Gobierno de coalición lo justifica en la necesidad de obtener una contribución extra del sector: considera que se beneficiará de unas subidas de tipos que, de no ser por las tensiones inflacionistas, se hubieran producido de forma más gradual.

Fuentes conocedoras de la preparación del recurso no detallan si el banco catalán ha pedido medidas cautelares. Kutxabank (inició el proceso judicial a través de Cajasur, la filial del grupo) sí solicitó la suspensión cautelar del gravamen, mientras que el Sabadell no lo hizo, entre otras cosas, por el precedente que creó la petición de Repsol contra este mismo impuesto extraordinario a las energéticas: la Audiencia Nacional rechazó las medidas cautelares solicitadas contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba los modelos de declaración de ingreso y pago del impuesto.

Un paso casi obligatorio

La interposición de estos recursos era de esperar, un paso casi obligado. Los bancos se deben a sus accionistas, y en la protección de estos parece lógico que peleen este pago impositivo. Por ello, todos los ojos siguen puestos en la decisión que tomen el Santander y el BBVA, los otros dos grandes que aún no han confirmado si inician el proceso. Una decisión que, en todos los casos, corresponde al consejo de administración. Fuentes de estas entidades aseguran que se sigue analizando.

Lo que sí es cierto es que los decibelios de la discusión entre el sector financiero y el Gobierno han bajado. Mantienen que es injusto y reclaman que no se les señale. En CaixaBank, tanto Goirigolzarri como el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, han reiterado en diferentes ocasiones la necesidad de que se expliquen bien los beneficios del pasado año: “Hay un riesgo de que no se entiendan [los resultados]. En CaixaBank, la cifra de beneficios es enorme, pero lo son todas las cifras: el volumen de créditos, la financiación a particulares, los fondos propios…”, relató el presidente durante la presentación de resultados. Y no elevan el tono, además, porque son conscientes de que el momento no es el idóneo, en términos de imagen, tras la presentación de unas ganancias históricas en el pasado año.

Solo entre los tres grandes tendrán que abonar por el primer ejercicio en el que se aplica el gravamen unos 850 millones (400 millones CaixaBank, mientras que el Santander y el BBVA abonarán unos 225 millones cada uno). Para el Sabadell, la factura asciende a los 170 millones. Las otras dos entidades cotizadas, Bankinter y Unicaja, pagarán 90 millones y algo más de 70 millones, respectivamente. Fuera del parqué están Kutxabank, Abanca (les corresponderá abonar unos 50 millones a cada uno), Ibercaja y Cajamar (alrededor de 45 millones por grupo).

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