El próximo Gobierno deberá decidir si hace permanente el impuesto a la banca y las energéticas

Los peores temores de la banca sobre el impuesto extraordinario se hicieron realidad este miércoles. La ley que regula el gravamen al sector financiero y al energético, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge en su articulado la posibilidad de convertirlo en permanente más allá de los dos años previstos. Es decir, será el Gobierno que salga de las próximas elecciones generales (en principio se celebrarán a finales de 2023) el que tenga que decidir qué hace con un tributo que ha enfrentado al Ejecutivo con los bancos y empresas de energía. Hasta el punto de que parte de las compañías afectadas ya han adelantado que recurrirán su pago en los tribunales.

“No nos extrañaría que quede el impuesto como permanente, sobre todo si continúa el Gobierno de coalición tras las elecciones”, reconocían fuentes del sector bancario durante las últimas semanas. Otras fuentes financieras añadían que se trata de “una excepcionalidad en Europa que restringe la capacidad de apoyar a familias y empresas, además de generar inseguridad jurídica”. Estas reacciones han sido cada vez más pesimistas, especialmente tras una entrevista en noviembre en la que el presidente, Pedro Sánchez, abrió la puerta a que se pudiera prolongar su validez después de 2024. Las empresas energéticas, en cambio, confían en que su tributo no se alargue más allá de los dos años previstos. El motivo es que para entonces esperan que los precios hayan vuelto a niveles más moderados. La previsión del Ejecutivo es recaudar unos 6.500 millones en dos años con ambas tasas.

La ley detalla en su texto que habrá que evaluar el cambio en función de diferentes parámetros. “En el último trimestre de 2024 el Gobierno realizará un estudio de los resultados del gravamen, y evaluará su mantenimiento con carácter permanente. Para ello, a la vista de las consideraciones que efectúa el Banco Central Europeo en su dictamen de 2 de noviembre de 2022, se considerará la situación del sector bancario, la evolución de los tipos de interés y las comisiones, y el efecto acumulativo del gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades. Con carácter previo, en el último trimestre de 2023, el Gobierno elaborará un informe provisional correspondiente al primer ejercicio de aplicación del gravamen”, recoge el BOE.

La norma, en origen, no incluía esta excepción para decidir si es conveniente mantener en el tiempo el tributo. Ni en el caso de la banca ni en el de las energéticas (sí estaba en el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas). Un añadido que se repite de forma casi idéntica en el desarrollo de la tasa extraordinaria a las firmas de energía, aunque con algunos matices. Se mantiene la evaluación para el mismo momento (último trimestre de 2024), pero en su caso se tendrá que valorar la evolución de los precios energéticos y no de los tipos de interés.

Pelea en los tribunales

El sector privado ha perdido la batalla legislativa. El Gobierno ha sacado adelante el impuesto en el Congreso y el Senado antes de concluir el año, como tenía previsto, para poder recaudar una parte ya el próximo febrero en función de los resultados de 2022. En su balance anual tras el último Consejo de Ministros, este martes, Pedro Sánchez defendió que estos tributos especiales “no son anacrónicos en el contexto europeo” y “gobiernos de distinto signo, no solamente progresistas, sino también conservadores” han puesto en marcha iniciativas similares. El presidente enmarcó la creación de los gravámenes en la búsqueda de “un reparto equitativo de los costes” de la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Ucrania.

Pero esos argumentos no convencen ni a bancos ni a energéticas, que han prometido dar la batalla en los tribunales. En el sector financiero, la más contundente sobre si recurrirán el tributo ha sido siempre María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter: “Lo haremos al día siguiente de pagarlo”, aseguró en un foro financiero en Madrid hace un mes. También se pronunció en esa línea en el mismo evento Víctor Iglesias, consejero delegado de Ibercaja. “Los tribunales nos darán la razón”, dijo.

Por el lado del sector energético, Iberdrola ha sido la más beligerante y ya en su última presentación de resultados trimestrales avanzó que recurrirán el impuesto: “Si finalmente se aplica, haremos lo que hemos hecho siempre en el pasado: acudir a los tribunales. Nuestros abogados van a trabajar de manera muy eficiente, como de costumbre, para defender a los accionistas”. También fue tajante entonces el consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar. “Si se aprueba tal como está diseñado, no tendremos otro remedio que impugnarla en los tribunales españoles y europeos”, dijo en la última presentación de resultados de la compañía, cuando criticó principalmente que se graven los ingresos y no el beneficio.