La banca confía en tumbar en los tribunales el nuevo impuesto al sector

El embrollo entre el Gobierno y la banca no cesa. Tras meses de negociación para sacar adelante un acuerdo que ayude a los hipotecados en apuros, que tuvo fumata blanca la pasada semana y al que las entidades ya se están adhiriendo, se mantienen las asperezas. Principalmente por el lado del impuesto extraordinario al sector financiero, que ya ha recibido luz verde del Congreso y solo falta el visto bueno del Senado. Una tasa que tiene la oposición frontal de los bancos por los efectos negativos que puede tener para la economía. Entre los responsables de cada entidad, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, ha sido contundente sobre si recurrirán el gravamen. “Lo haremos al día siguiente de pagarlo”, ha dicho este lunes en un foro financiero organizado en Madrid.

La agenda de cambios normativos ha sido muy apretada desde julio. Fue entonces cuando el Ejecutivo anunció por sorpresa la propuesta de un nuevo impuesto extraordinario para compañías energéticas y bancos. Sobre esta tasa, el conjunto de las entidades mantiene que es injustificada y que tendrá un impacto negativo sobre la economía. “Un impuesto sobre un sector específico se hace solo cuando se quiere restringir una actividad”, ha recordado el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, durante su participación en el Encuentro Financiero de KPMG y Expansión, donde ha dicho que el banco analizará si lo recurre. Al igual que Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank (del que el Estado tiene una participación del 16%): “Si creemos que no se ajusta a derecho, tendremos que recurrirlo”. En la misma línea se ha pronunciado Antonio Simões, consejero delegado del Banco Santander en España: “Nos parece una medida equivocada, no es la mejor forma de combatir la inflación. El sector en su conjunto podrá financiar 50.000 millones de euros menos por este coste adicional”.

Los primeros espadas de las entidades que han pasado por el foro han repetido que quedan a la espera del texto final para decidir si recurren el pago impositivo. Víctor Iglesias, consejero delegado de Ibercaja, sí ha adelantado que “es muy probable” que su entidad lo haga: “Los tribunales nos darán la razón”. El gravamen, que ya ha pasado por el Congreso, espera recaudar 3.000 millones en dos años al aplicar un tipo del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de los bancos por su negocio en España para los que superen los 800 millones anuales entre ambos guarismos, así como las entidades extranjeras que operen en el país y estén bajo supervisión directa del Banco Central Europeo (BCE). El Ejecutivo justifica la tasa por la necesidad de obtener una contribución extra del sector financiero, al considerar que se beneficiará de unas subidas de tipos que, de no ser por las tensiones inflacionistas, se hubieran producido de forma más gradual.

Otra de las cuestiones destacadas durante el encuentro financiero han sido las críticas que han llegado a la tasa de organismos internacionales. Por ejemplo, el BCE reclamó un análisis exhaustivo antes de que entre en vigor y aseguró que este coste se debería transmitir a los clientes, como recogen las recomendaciones de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, sobre este punto, el Ejecutivo introdujo su prohibición en la propuesta. “La proposición de ley dice que el gravamen no se puede repercutir a los clientes y las guías de la EBA recomiendan incluir todos los costes, incluidos los tributarios, en los precios de los créditos. ¿Cómo abordamos esto los bancos?”, se ha preguntado César González-Bueno, consejero delegado del Sabadell. Estas diferencias, según el máximo ejecutivo del Sabadell, son el resultado de las prisas con las que se ha diseñado el gravamen: “No han contado con el sosiego que debe tener cualquier norma”. Algo en lo que ha incidido la presidenta de la Asociación Española de la Banca (AEB), Alejandra Kindelán.

Más provisiones por las ayudas a hipotecados

El otro gran tema tratado durante el encuentro financiero han sido las ayudas para los hipotecados en apuros. Un amplio paquete de medidas que se aprobó el martes en Consejo de Ministros que consiste en la actualización del Código de Buenas Prácticas y en la creación de un mecanismo alternativo para las rentas de hasta 29.400 euros. La previsión del Gobierno y la banca es que esto pueda beneficiar a cerca de un millón de clientes, aunque las asociaciones de consumidores reducen estas estimaciones. “Lo importante es que las familias tengan este escudo social disponible por si quieren tirar de él si están en apuros”, argumentan fuentes de la Administración.

Los bancos, una semana después de concluir las negociaciones y durante el estudio de las entidades del plan para su adhesión (ya lo han hecho, por ejemplo, CaixaBank, el Sabadell y Unicaja), consideran que era muy importante alcanzar un punto de equilibrio, como ha destacado asimismo Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. El gran problema, a juicio del sector, es el aumento de dotaciones por posibles impagos que puede provocar. “Tendrá un importante impacto sobre provisiones, pero la prioridad es ayudar a nuestros clientes”, ha recordado Simões, del Santander.

Este punto, precisamente, ha sido uno de los responsables del retraso en la negociación. Economía trató de solventar estas reticencias incluyendo una salvaguarda que evite que todas las refinanciaciones obliguen a pasar a los clientes de forma automática a dudosos. Así, tanto para la excepción añadida en el Código de Buenas Prácticas, como para el nuevo mecanismo, se ha incluido que la parte del préstamo no amortizado no devengará intereses a un tipo tal que suponga una reducción del 0,5% del valor actual neto del préstamo. Es decir, por debajo del límite a partir del que la reclasificación de los créditos sería automática.

Por otro lado, José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés), ha recordado que existe preocupación por el deterioro macroeconómico y que hay una parte de los activos en riesgo: “Seguimos pensando que la crisis de la covid no fue completamente transitoria y que hay una cierta bolsa de activos potencialmente defectuosos que tiene que gestionarse en el medio y largo plazo, que pueden unirse como morosidad del sector bancario”.

Sobre las ayudas, los bancos sostienen también que irán incluso más allá tras el estudio de cada caso con los clientes que lo necesiten. “Iremos más lejos y se lo aplicaremos a más gente o a gente distinta [de lo que recogen los protocolos aprobados]”, ha avanzado el consejero delegado del Sabadell. Eso sí, ha vuelto a recordar, al igual que su homólogo de CaixaBank, que por el momento no se vislumbra un repunte en la morosidad, que sigue por debajo del 4% según el Banco de España, en niveles históricamente bajos. Francisco Uría, socio responsable global de Banca de KPMG, ha avisado que esto cambiará inevitablemente en los próximos trimestres, aunque ha resaltado la buena posición en la que llegan las entidades: “Los bancos afrontan lo que haya de venir en una posición de gran fortaleza en términos de capital, liquidez y calidad del balance”.