PSOE y Podemos incluyen el nuevo impuesto a las grandes fortunas como enmienda al de banca y energéticas

Los grupos parlamentarios socialista y de Unidas Podemos han dado el primer paso para crear el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Lo han hecho a través de una enmienda presentada este jueves, último día útil para registrarla, a la proposición de ley con la cual se están tramitando en el Congreso los nuevos gravámenes extraordinarios a banca y energéticas. El tributo lo tendrán que abonar los contribuyentes que cuenten con un patrimonio superior a los tres millones de euros, y se cobrará ya el año que viene. Estará en vigor durante dos ejercicios, aunque el Gobierno no descarta convertirlo en estructural. Además, se introduce un cambio relevante en el nuevo gravamen a las entidades financieras: se prevé que lo abonen también las sociedades extranjeras que operan en España, una de las recomendaciones que el Banco Central Europeo hizo en su reciente dictamen sobre las consecuencias de la medida.

El texto de las enmiendas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, mantiene las características principales del tributo a los más acaudalados que el Gobierno ya había detallado en septiembre, cuando lo presentó junto a otras medidas fiscales que entrarán en vigor el próximo año. El nuevo impuesto de solidaridad se cobrará en 2023 y 2024, aunque se prevé una revisión posterior para decidir si mantenerlo de forma permanente o suprimirlo. Gravará a un tipo del 1,7% las fortunas de entre tres y cinco millones; entre cinco y 10 millones, el tipo será del 2,1%. Y para bases superiores a los 10 millones, del 3,5%.

La titularidad de las competencias sobre este nuevo tributo le corresponde al Estado. Pero la enmienda prevé que la concertación del impuesto al concierto económico del País Vasco y del convenio económico de Navarra se acordará respectivamente en la comisión mixta con ambas comunidades.

Hacienda prevé que el gravamen recaude un máximo de 1.500 millones al año procedentes de unos 23.000 contribuyentes que son, básicamente, los que viven en territorios donde el impuesto sobre el patrimonio está bonificado. De hecho, el texto de la enmienda reconoce que las finalidades principales de este nuevo tributo son dos. La primera es “recaudatoria”, para tener ingresos adicionales que financien el gasto para mitigar el impacto de la inflación. La segunda es “armonizadora, con el objetivo de disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas comunidades autónomas. Especialmente, para que la carga tributaria de los contribuyentes residentes en aquellas comunidades autónomas que han desfiscalizado total o parcialmente el Impuesto sobre el Patrimonio no difiera sustancialmente de la de los contribuyentes de las comunidades en las que no se ha optado por reducir la tributación por dicho impuesto”.

El impuesto sobre el patrimonio es un tributo estatal cedido a las comunidades, las cuales tienen plena potestad para aplicarle rebajas y dejar de recaudarlo de facto. Esto ocurre en Madrid, la única autonomía que hasta ahora aplicaba una bonificación del 100% a este impuesto. A partir del año que viene también lo hará Andalucía, mientras que Galicia tiene previsto ampliar la bonificación del 25% al 50% en 2023. Este tributo se podrá desgravar del nuevo gravamen de solidaridad, para evitar la doble imposición. “Los sujetos pasivos del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas solo tributarán por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su Comunidad Autónoma”, señala la enmienda.

Las bases imponibles serán también las mismas que el impuesto sobre el patrimonio. Están exentos los primeros 700.000 euros, la vivienda habitual de hasta 300.000 euros y se restan las deudas y los otros bienes, como la empresa familiar.

Bancos foráneos

Las enmiendas también determinan que las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras abonen el nuevo recargo a la banca. Esta figura pretende gravar a un tipo del 4,8% el importe de ingresos por intereses y comisiones correspondiente a 2019, cuando este supere los 800 millones de euros. Inicialmente, este era el único criterio. Ahora, el Gobierno establece que paguen el tributo también los bancos extranjeros que operan en el país, sin tener en cuenta la facturación. En concreto, los sujetas a supervisión directa por el BCE a 1 de enero de 2023, como el mismo supervisor europeo había recomendado en su dictamen, para evitar alterar la competencia en el mercado. “Con este doble criterio de sujeción se evita alterar la competencia en el mercado entre grandes entidades”, señala el texto.

Los socios de Gobierno, además, han incluido la limitación al 50%, temporalmente durante el próximo ejercicio, de compensar las pérdidas de las filiales de los grupos consolidados. Este porcentaje no se pierde. Podrá ser compensado de la base imponible positiva del grupo fiscal en los años sucesivos.

El Partido Popular ha expresado su rotundo rechazo al impuesto extraordinario a la banca, que el Gobierno justifica por los ingresos extra que el sector está teniendo gracias al alza de los tipos de interés. Sobre el tributo a las energéticas, que gravará a un tipo del 1,2% la cifra neta de negocios de las compañías con facturación de más de 1.000 millones, pidió un cambio de diseño. En concreto, que se siga la fórmula que ha elaborado Bruselas, que se enfoca en los beneficios extraordinarios —y no los ingresos— de estas empresas. El sector también ha reclamado se emplee este esquema.

En cuanto al nuevo impuesto a las grandes fortunas, Alberto Núñez Feijóo ha alertado de que existe un “riesgo de ilegalidad” aprobarlo por la “puerta de atrás”, mediante una enmienda. Además, ha agregado que el gravamen va “contra la autonomía fiscal de las comunidades” y puede suponer un “riesgo de doble imposición”.