El Sabadell y Abanca recurren el impuesto al sector y se unen a Bankinter y Kutxabank

Comienza el goteo de recursos al impuesto extraordinario al sector financiero. Primero fueron las patronales bancarias —la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)—, que impugnaron ante la Audiencia Nacional la orden ministerial en la que se detallaba el pago de la tasa, como adelantó EL PAÍS. Y ahora es el turno de las entidades a título particular, una vez han tenido que realizar el primer anticipo del pago (expiraba el plazo el pasado lunes, 20 de febrero). El último en presentar su recurso ha sido Banco Sabadell, según confirman fuentes jurídicas. A este se unirá próximamente Abanca, como avanzan fuentes conocedoras de la elaboración del recurso. Por tanto, cuatro bancos de los diez a los que afecta el gravamen (ya lo habían hecho Kutxabank y Bankinter) han recurrido la liquidación que les ha llegado.

De esta forma, arranca la esperada guerra judicial por una tasa que ha generado fricciones entre el sector financiero y el Ejecutivo desde el pasado julio. La previsión es que se recauden 3.000 millones adicionales de los bancos en dos años. El impuesto consiste en aplicar un tipo del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades por su negocio en España. El Gobierno de coalición lo justifica en la necesidad de obtener una contribución extra del sector: considera que se beneficiará de unas subidas de tipos que, de no ser por las tensiones inflacionistas, se hubieran producido de forma más gradual. Según explicó este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la primera parte del pago del 50% de la cuota, la banca ha abonado 637,1 millones de euros.

Entre los recursos interpuestos hay algunas diferencias, especialmente en la petición de medidas cautelares. Por un lado, Kutxabank (inició el proceso judicial a través de Cajasur, la filial del grupo, según avanzó Efe) sí solicitó la suspensión cautelar del gravamen. Mientras que el Sabadell no lo ha incluido, entre otras cosas por el precedente que ha creado la petición de Repsol contra este mismo impuesto extraordinario a las energéticas: la Audiencia Nacional rechazó las medidas cautelares solicitadas contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba los modelos de declaración de ingreso y pago del impuesto.

Fuentes de Bankinter, por su parte, confirmaron este lunes que ya abonaron el primer pago del impuesto y que lo han recurrido, tal y como había avanzado en reiteradas ocasiones su consejera delegada, María Dolores Dancausa. Se trataba así del primero de los bancos del Ibex que confirmaba el inicio de la guerra judicial, a la que ahora se une el Sabadell. Eso sí, todos los ojos están puestos en la decisión de los tres colosos del sector (Banco Santander, BBVA y CaixaBank). Fuentes de estas entidades aseguran que se sigue analizando la situación, que tienen todavía tiempo por delante y que la decisión le corresponderá al consejo de cada banco. El caso más controvertido es el de CaixaBank, ya que cuenta con el Estado como accionista a través de una participación de algo más del 16% del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Solo entre los tres grandes tendrán que abonar por el primer ejercicio en el que se aplica la nueva tasa unos 850 millones (400 millones CaixaBank, mientras que el Santander y el BBVA abonarán unos 225 millones cada uno). Para el Sabadell, la factura ascenderá a los 170 millones. Las otras dos entidades cotizadas, Bankinter y Unicaja, pagarán 90 millones y algo más de 70 millones, respectivamente. Fuera del parqué están Kutxabank, Abanca (les corresponderá abonar unos 50 millones a cada uno), Ibercaja y Cajamar (alrededor de 45 millones por grupo).

Guerra soterrada

Los recursos individuales se suman a los ya interpuestos por las patronales AEB y CECA ante la Audiencia Nacional. Las dos asociaciones, que representan tanto a los bancos tradicionales como a los grupos bancarios creados por las antiguas cajas, recurrieron técnicamente la orden ministerial por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a la banca. Entre los argumentos que esgrime el sector está que la tasa es inconstitucional y que se ha generado una diferencia en España respecto al sistema tributario europeo. Además, defenderán que el gravamen vulnera el derecho comunitario, especialmente en lo que se refiere a la distorsión de la competencia. En este sentido, se apoyarán en el dictamen del BCE, donde el Eurobanco ponía en duda el efecto que pudiera tener precisamente sobre esa competencia entre entidades.

De esta forma, las patronales fueron contra la orden ministerial. En cuanto a las liquidaciones, solo pueden ser impugnadas por las entidades a título particular, que es lo que ya está ocurriendo con este goteo de recursos. En el sector se entiende que es un paso casi obligado tanto para las patronales como para los bancos. En el primero de los casos, porque deben defender a sus asociados. Y en el segundo, porque se deben a sus accionistas.

Pese a ello, los grupos financieros han bajado el tono en los últimos meses y esta guerra se está produciendo de forma soterrada. Mantienen que es injusto y reclaman que no se les señale —“No nos negamos a pagar impuestos, pero que paguen todos”, afirmaba Ana Botín, presidenta del Banco Santander, en la presentación de resultados—, pero no han alzado tanto la voz como al inicio. Entre otras cosas porque son conscientes de que el momento no es el idóneo, en términos de imagen, tras la presentación de unos beneficios históricos en el pasado año. “Hay un riesgo de que no se entiendan. Estas cifras hay que contextualizarlas. En CaixaBank, la cifra de beneficios es enorme, pero lo son todas las cifras: el volumen de créditos, la financiación a particulares, los fondos propios…”, aseguró José Ignacio Goirigolzarri, presidente del banco catalán, en la rueda de prensa de resultados anuales.

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