La Cámara de Comercio de Toledo mantiene a dos altos cargos condenados por fraude a los fondos europeos

La Cámara de Comercio de Toledo mantiene en sus puestos a dos altos cargos condenados por la Audiencia Nacional por fraude de subvenciones públicas. El organismo confirma que su director gerente y su secretario general, Joaquín Echeverría y Fernando Sánchez-Beato, respectivamente, siguen desempeñando sus funciones después de que la justicia los haya declarado culpables por presentar “documentos inveraces” para justificar ayudas de la Unión Europea y obtener un “ilícito beneficio patrimonial”, “aprovechándose de los cargos que ostentaban”. A preguntas de EL PAÍS, la Cámara aclara que no se les ha abierto expediente y defiende cómo procedieron ambos trabajadores, castigados por el tribunal al pago cada uno de una multa de 30.000 euros y al abono de una indemnización conjunta de 40.000 euros.

El Juzgado de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a los dos altos cargos el pasado 27 de febrero, después de que ambos llegasen a un acuerdo con la Fiscalía Europea, que consigue así una de sus primeras sentencias en España desde su puesta en marcha —es la primera que trasciende—. Según consta en la resolución declarada firme, los dos acusados se aliaron para presentar “documentación inveraz” en un proyecto de un millón de euros sufragado al 80% por el Fondo Social Europeo, a través de una subvención convocada por la Fundación Incyde, impulsada por las propias Cámaras de Comercio. “La documentación presentada no se correspondía con la realidad”, recalca el fallo judicial, al que tuvo acceso EL PAÍS.

La legislación española define a las Cámaras de Comercio como “corporaciones de derecho público con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar”, configuradas como “órganos consultivos y de colaboración con las Administraciones Públicas”. Sus cúpulas las componen empresarios de las provincias. Además, cuentan con trabajadores a su cargo: en este caso, Echeverría y Sánchez-Beato llevan en sus puestos casi una década, según las memorias de la institución, presidida desde 2012 por María de los Ángeles Martínez.

El fallo incide en las irregularidades detectadas y declaradas probadas. “La documentación incluía horas no respaldadas por documento alguno; horas prestadas para el proyecto y, al mismo tiempo, subcontratadas a empresas externas y cargadas en la partida de expertos externos; salarios mensuales de personal con puestos de gestión imputados íntegramente al proyecto, a pesar de estar desempeñando otras funciones; o supuestos en los que una misma actividad laboral se imputaba a varias personas simultáneamente”, reza la sentencia.

El proyecto sospechoso se ejecutó entre noviembre de 2016 y diciembre de 2017. “La Cámara, como beneficiaria, presentó en la justificación de los gastos una relación de horas trabajadas inexactas con el fin de obtener el importe total subvencionable el 5 de abril de 2018”, recalca la sentencia. Según añade la Audiencia Nacional, del millón de euros presupuestado, 800.000 euros se preveían percibir como ayudas europeas. Y 121.799 euros “se correspondían con horas no abonables” y, por tanto, “el subvencionable de esas horas alcanzó los 97.439,20 euros”.

A través de un comunicado enviado a EL PAÍS, la Cámara de Toledo ha defendido a sus dos altos cargos: “Los hechos juzgados derivan de un expediente de justificación de subvención de un proyecto que se ejecutó cumpliendo todos los requisitos establecidos y alcanzando los resultados y objetivos previstos. En dicha justificación se presentaron documentos en los que se realizaban estimaciones sobre la dedicación del personal al proyecto y que, a juicio de los auditores, se consideraron excesivas. En ningún caso, se ha producido un enriquecimiento personal por parte de los responsables”.

Las instituciones comunitarias auditaron el proyecto y dieron parte a la Fiscalía Europea, que impulsó las pesquisas contra el organismo castellanomanchego. En ese sentido, la Cámara de Toledo se defiende: “En todo caso, la investigación ha acreditado que no se ha producido ninguna desviación de dinero a otros fines distintos a los previstos en el proyecto. No ha habido apropiación indebida”.

Fraude de subvenciones

La sentencia recuerda que la causa judicial se abrió en diciembre de 2021. En abril de 2022, cada uno de los acusados ingresó 60.899,50 euros —121.799 euros entre los dos— en la cuenta de consignaciones de la delegación española de la Fiscalía Europea, “manifestando su voluntad de reconocer los hechos investigados”. Este movimiento ha resultado clave, ya que el tribunal les aplica la atenuante de reparación del daño, en consonancia con el ministerio público. El fallo los declara “criminalmente responsables de un delito de fraude de subvenciones”, y les castiga con la “pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a disfrutar de prestaciones o incentivos fiscales o Seguridad Social durante dos meses”. A su vez, se les condena a pagar cada uno una multa de 30.000 euros; a abonar conjuntamente 40.750,88 euros a la Fundación Incyde; y a hacerse cargo de las costas judiciales.

La Fiscalía Europea comenzó a funcionar a mediados de 2021. Entre sus principales objetivos se encuentra indagar sobre los delitos contra los intereses financieros de la UE. “Tiene poder para investigar, procesar y enjuiciar los delitos contra el presupuesto de la UE, como el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales”, detalla la web de la Unión. El organismo cuenta con una sede central en Luxemburgo, y delegaciones territoriales en los Estados miembros que se sumaron al proyecto. Concepción Sabadell, que participó en la instrucción del caso Gürtel, encabeza la representación de la Fiscalía Europea en España, que cuenta con otros siete fiscales —entre ellas, Olga Muñoz y Laura Pellón, que han trabajado en el enjuiciamiento de la causa sobre la Cámara de Toledo—.

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