La Fiscalía Europea abrió investigaciones por un volumen de fraude cercano a los 10.000 millones en 2022

Casi la mitad de investigaciones abiertas desde Luxemburgo, se refieren a la recaudación de IVA

La jefa de la Fiscalía Europea, la rumana Laura Kovesi.
La jefa de la Fiscalía Europea, la rumana Laura Kovesi.DUMITRU DORU (EFE)

La Fiscalía Europea comienza a coger velocidad de crucero. El año pasado abrió 865 casos, casi el doble de los 515 que mantenía activos a finales de 2021, que ascienden a 9.900 millones de euros en fraude. En total, en diciembre pasado las investigaciones que mantenía abiertas esta joven institución europea ascendía a 1.117 que suponían un fraude estimado de algo más 14.000 millones, según la memoria anual de la Fiscalía, que dirige la rumana Laura Kövesi.

2022 fue el primer ejercicio completo de actividad de la Fiscalía comunitaria, con sede en un moderno edificio acristalado de Luxemburgo cercano a los tribunales comunitarios. Echó a andar en junio de 2021 y su cometido es perseguir los fraudes que afecten al presupuesto comunitario, de ahí que buena parte de su tarea se concentre en perseguir las infracciones que se cometen con IVA. De esos 14.000 millones en fraude estimado, un 47% se concentra en el impuesto sobre el valor añadido, unos 6.700 millones.

Tres personas y tres entidades jurídicas fueron acusadas por la Fiscalía en la República Checa en junio de 2022. Se les achacaba de recibir subvenciones para investigar con nanobots, “sin intención de ejecutar los proyectos subvencionados”. Con este propósito, presentaron facturas y documentos falsos más contratos ficticios para 17 proyectos. En total la Hacienda checa y la comunitaria perdieron unos 5,5 millones con este delito.

El llamado fraude carrusel también existe en Alemania. El año pasado la justicia bávara condenó a tres personas tras una investigación de la Fiscalía Europea sobre una trama con monedas de platino. La actividad delictiva se extendía a la República Checa, Eslovaquia y Rumania, pero se concentraba, principalmente, en Alemania. Los condenados trataban de eludir el pago del IVA circulando repetidamente las monedas entre las mismas empresas. El daño a las arcas públicas ascendía a 33,7 millones.

Estos son dos tipos de fraude que investiga la joven institución comunitaria en el documento presentado este martes y que describe en el informe presentado este martes mediante estos ejemplos. Hay otros tres -en Croacia, Letonia y Lituania- ejemplos. El letón, por ejemplo, consiste en montar engaños en los concursos públicos para favorecer una oferta frente a otra. El lituano es un clásico: contrabando de tabaco. También es bastante tradicional el ejemplo croata: corrupción y abuso de poder en proyectos cofinanciados por la UE que ascendían a 22 millones.

La tipología de fraude y las cantidades varían bastante en cada uno de los Estados miembro en los que actúa la Fiscalía (no lo hace en Hungría y Polonia porque no firmaron el tratado que la puso en marcha). En Austria o Alemania, las investigaciones se centran sobre todo en el IVA. En el segundo país, por ejemplo, hay casos abiertos por una cantidad estimada de unos 1.800 millones, de los que 1.500 millones tendrían que ver con este impuesto. En Lituania o Letonia, Estados en los que por su tamaño no hay grandes expedientes en marcha, no hay uno solo que esté relacionado con el IVA.

El país que tiene casos sin cerrar con un mayor volumen de fondos investigados es Italia, 3.200 millones. España, en cambio, apenas tiene 42 causas abiertas con un volumen estimado de cerca de 170 millones. La Fiscalía española y la europea mantienen serias discrepancias que ha acabado con la última acusando a la primera -también al Gobierno- de falta de colaboración por no darle recursos (policía judicial) ni acceso a las bases de datos que utiliza en España Anticorrupción. También ha habido choques por casos concretos, como la investigación del caso Ayuso.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez

Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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