La Fiscalía Europea recrimina a España falta de colaboración y recursos

La Fiscalía Europea está muy enfadada por la escasa colaboración que ha encontrado en España en su primer año de funcionamiento. No ha sido solo el choque con el ministerio público por quién se hacía cargo del caso mascarillas (la venta de cubrebocas a la Comunidad de Madrid de la que cobró el hermano de la presidenta regional, archivada por la Fiscalía española y todavía investigándose por la europea), también está descontenta con la falta de acceso a recursos clave. Se refiere la Fiscalía europea a disponer de datos importantes para sus pesquisas o el apoyo de la policía judicial además de las dificultades legales que, afirma, está teniendo para sus investigaciones. Estas quejas aparecen en un intercambio de cartas al que ha tenido acceso EL PAÍS y ha provocado varios encuentros que, por ahora, no han solucionado la situación, según apuntan varias fuentes comunitarias y españolas.

Los reproches del organismo que dirige la rumana Laura Kövesi están recogidas en una carta enviada el 30 de marzo al comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, y a la ministra de Justicia española, Pilar Llop, con copia a la ya ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Esta última respondió el 8 de abril. Las dos misivas tienen un tono duro. Más comedido es el lenguaje del departamento de Justicia de la Comisión en una última carta, remitida el 3 de junio.

La primera exigencia de Kövesi es que se le garantice a los fiscales europeos “el acceso a todas las bases de datos relevantes igual que los tienen los fiscales nacionales”. También reclama tener a su disposición “investigadores especializados dedicados” al organismo comunitario, es decir, contar con policía judicial. Y en el capítulo de falta de recursos materiales, solicita “incluso un soporte administrativo básico y eficiente”.

Estas reclamaciones del organismo comunitario se dirigen más al Gobierno que a la Fiscalía General, pues serían ministerios como los de Interior y Justicia los que tendrían que resolverlas. También apunta al ejecutivo e, incluso, al legislativo la queja sobre cómo España adaptó a su legislación nacional el reglamento de la Fiscalía Europea, especialmente en lo referente a qué órgano dirime los conflictos de competencias cuando hay discrepancias sobre quién debe llevar una investigación. La norma española reserva ese papel al fiscal general, que, denuncia Kövesi, “no es una autoridad imparcial y, además, hay que tener en cuenta su posición de superioridad jerárquica sobre los demás fiscales españoles”.

Todo esto se traduce en un “bajo nivel de casos iniciados”, según explica Kövesi en su escrito. Los datos publicados por el organismo que ella dirige sobre los primeros siete meses de funcionamiento recogen que en España se están investigando siete casos donde se han apreciado indicios de delitos que afectan a un gasto público algo superior a 40 millones de euros. En cambio, en Portugal (con 10,3 millones de habitantes frente a los 47,35 de España) hay abiertas nueve investigaciones por indicios de delito con valor de 158 millones de euros. Otro país comparable puede ser Italia, con 102 casos y 1.700 millones. Estos números en la actualidad serán, probablemente, más altos, también en el caso español, pues forman parte de la memoria anual cerrada con los expedientes abiertos a 31 de diciembre pasado.

Fuentes de la Fiscalía española rechazan las trabas que denuncia el órgano comunitario. Cuando esta empezó a funcionar, en junio de 2021, desde la Fiscalía General se envió una instrucción a todas las fiscalías de España para que remitieran a la nueva oficina los casos que tuvieran abiertos y que pudieran ser competencia de los fiscales de la UE. No eran muchos, aseguran fuentes fiscales, pero se mandaron todos. Respecto a las críticas por la falta de medios, estas fuentes advierten de que la Fiscalía española no tiene recursos propios, como bases de datos o policía judicial que poner a disposición de los investigadores de la UE. “Tienen que hacer un oficio para que se les facilite policía judicial, como tienen que hacer los fiscales españoles salvo excepciones como Anticorrupción, que tras 25 años de funcionamiento ha ido consiguiendo una infraestructura, pero no es suya, no puede ponerla a disposición de otros”, explican. Lo mismo ocurre con el acceso a registros de titulares de cuentas corrientes, penados o el Sepblac (el servicio antiblanqueo, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital).

En el origen del problema, el ministerio público español sitúa la gran diferencia entre la Fiscalía española y la del resto de los países de la UE, incluida la europea: España es el único país en el que la instrucción de los procedimientos penales no la dirigen los fiscales, sino los jueces, un modelo que el Gobierno prevé cambiar para asimilarlo al del resto de Europa, aunque el proyecto está pendiente del informe del Consejo del Poder Judicial. Mientras que el cambio no se produzca, advierten fuentes de la Fiscalía General, equiparar ambos modelos es difícil. A esta peculiaridad se refiere también Delgado en la carta que envió como respuesta a Kövesi, en la que tacha de “aventurada y parcial” alguna afirmación de la Fiscalía europea y le reprocha “lo sesgado de algunos datos”.

La carta de Delgado también reprocha las declaraciones de la fiscal española destinada al organismo europeo, Concepción Sabadell, en una entrevista en EL PAÍS: “Las declaraciones públicas cuestionando la gestión de los responsables o administradores y realizadas de manera apriorística pueden enviar un mensaje perturbador a la opinión pública”. Concretamente se refería al momento en que Sabadell declaraba: “Prevemos un aumento elevado del fraude y vamos a estar muy atentos. En España, los mayores problemas son con los fondos comunitarios, no solo los fondos covid”. Estas palabras cobran especial trascendencia en un país como España, gran receptor de dinero procedente de la UE, el mayor en el caso del fondo de recuperación.

“Roces normales”

Aunque la tensión es evidente y la Fiscalía General no lo niega, fuentes de este organismo son partidarias de sentarse a hablar para buscar soluciones y mejorar la coordinación. “Los roces son normales al inicio”, señalan estas fuentes, que lamentan que la Fiscalía Europea haya optado por airear el conflicto públicamente, incluso enviando comunicados de prensa censurando decisiones del ministerio público español.

El choque no ha pasado inadvertido en Bruselas. La Comisión, por ahora, mantiene un perfil muy bajo, aunque sí ha respondido a la carta que le envió Delgado. Acerca de este último punto, se limita a decir que estudiará la norma española como la de los otros países para ver si se adaptan al reglamento europeo.

La Comisión recuerda, de forma genérica y no sobre un caso concreto, que uno de los objetivos de la Fiscalía Europea es combatir los crímenes que afectan al presupuesto europeo de una forma más eficaz en un nivel comunitario. Y que “los Estados miembro han confiado a la Fiscalía tareas de investigación, persecución y llevar a juicio a los delincuentes de estas acciones que están inextricablemente conectados entre ellas”. Precisamente este fue uno de los argumentos de Kövesi a la hora de reclamar la competencia para investigar todo el caso Ayuso y no solo una parte de él.