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La estafa de los 10.750 kilos de pulpo ‘fantasma’ ideada en un pueblo gallego

Condenado a cárcel un empresario de Pontevedra por engañar a una compañía francesa para que le pagara casi 100.000 euros por un producto que nunca tuvo

J. J. Gálvez
Un ejemplar de pulpo destinado a la alimentación, en una imagen de archivo.
Un ejemplar de pulpo destinado a la alimentación, en una imagen de archivo.Mònica Torres

A José Benito R. B., afincado en el pueblo pontevedrés de Tomiño, el plan le cayó del cielo. Sin buscarlo. En 2019, la compañía francesa Antoine Abchée et Fils, dedicada a importar pescado, contactó con él. La mercantil buscaba un suministrador de pulpo y, tras rastrear la web, había dado con la empresa TL Peche Sarl, que el español tenía registrada en Mauritania. Sin dudarlo, José Benito R. B. les convenció de que era el hombre que anhelaban. No solo les prometió el producto que deseaban, sino que les engatusó con “castillos en el aire” y futuros negocios (incluido, que le compraran parte de su sociedad). Tras varios viajes al país africano y a Canarias, en los que los agasajó, la relación alcanzó tal confianza que, finalmente, le hicieron un primer gran encargo: 10.750 kilos de pulpo, por el que pagaron casi 100.000 euros. Pero esa mercancía nunca llegó.

Casi cuatro años después del episodio y tras una larga batalla en los juzgados, José Benito R. B. se ha sentado este febrero en el banquillo de la Audiencia Nacional. Y no ha salido muy bien parado. El tribunal lo ha condenado a dos años de cárcel, al pago de una multa de 1.080 euros y a devolver el dinero (más los intereses) que recibió de la empresa francesa por ese pulpo que nunca tuvo. Aunque aún puede recurrir, los magistrados no tienen dudas de que cometió un delito de estafa: “El acusado no tenia ninguna intención de suministrar [el producto]”.

La resolución de los jueces, fechada el 20 de febrero y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, incide en las artimañas y andanzas del empresario español para engañar a sus víctimas. Cómo les hizo de anfintrión en Mauritania para convencerlas; cómo “se ganó la confianza” del director comercial de la compañía francesa; y cómo les dijo que, antes de que acabara la fase de paro biológico —tiempo durante el que no se explota un recurso natural para que se recupere—, debían adelantarle el pago del cargamento para costear “lo antes posible a los marineros y conseguir la mercancía”. La Fiscalía insiste en la misma idea: “Aparentó gestionar una mercantil solvente y radicada en Mauritania”.

Durante el juicio, que se celebró este 6 de febrero, el director comercial de la compañía francesa dio más detalles y contó cómo se metió en la boca del lobo. Él solo. Buscaba proveedores de pulpo y, a través de internet, se topó con la empresa mauritana TL Peche Sarl. En la web halló sus datos de contacto. Y telefoneó. Y mandó un email. Ahí apareció entonces José Benito R. B., ese empresario del pueblo pontevedrés de 13.000 habitantes. “[La víctima] se desplazó a Mauritania hasta tres veces para reunirse y ver las instalaciones de TL Peche. Su jefe, también. El acusado les buscó alojamiento, y les enseñó la nave de la que disponía y muestras de lo que podía venderles, aunque no había pescado en sus instalaciones, explicándoles que era el paro biológico”, afirma la sentencia al recoger la declaración del director comercial.

Según relató la víctima, el condenado les invitó incluso a una feria de pescado que se celebraba en Bruselas y donde su empresa supuestamente tenía un stand. Y allí que se fueron. Pero, al llegar, no encontró ese puesto por ningún lado. Sin embargo, según apostilló el director comercial, José Benito R. B. se movía con tal soltura por el stand de Mauritania —“parecía conocer a todo el mundo y se los presentaba”— que no sospechó.

Finalmente, el encargo lo cerraron en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria. La empresa francesa hizo la transferencia de los casi 100.000 euros en junio de 2019. Pero el pulpo no llegaba, y el español les daba largas: “Te digo, vuestro pulpo esta en el frigo, pero antes de cargar tienes que venir a resolver la situación”, les escribió por WhatsApp en septiembre José Benito R. B., que alegó en el juicio que el dinero que le dieron era “para arreglar la fabrica que utilizarían [las dos empresas] para explotar el negocio que se proponían hacer juntos y para adquirir las piraguas necesarias para la pesca”, según la sentencia.

Una tesis que los magistrados no le compraron: “Son absurdas las explicaciones que da [...] Carecen de sustento probatorio”. Para ello, entre otras pruebas, ponen sobre la mesa uno de los mensajes que el director comercial, ya desesperado, envió al acusado: “No tengo y no tenemos nada que ver con tus problemas. No es mi culpa si no puedes vender pulpo y si has estafado tu antiguo socio [sic]. Yo soy tu cliente. Te he hecho un pedido. Te he pagado este pedido. ¡Hoy en día no tengo mercancía!”.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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