El Banco de España pide un cheque para los hogares más vulnerables en lugar de ayudas generales contra la inflación

Los paraguas de protección contra la tormenta inflacionista desplegados por el Gobierno han permitido a un buen número de hogares españoles capear mejor el temporal, pero el Banco de España estima que en lugar de buscar el volumen, el Ejecutivo debe ser más selectivo, y centrarse en proteger a los más vulnerables, por ser los más expuestos a la crisis de subidas de precios. En un análisis publicado este miércoles por Esteban García-Miralles, del departamento de Análisis Económico, el supervisor concluye que solo entre el 15% y el 20% del presupuesto previsto para hacer frente a la crisis energética y al repunte de la inflación entre 2021 y 2025 (entre 34.000 y 40.000 millones de euros) está focalizado en las empresas y hogares con menos recursos para afrontarla. El resto tienen un alcance relativamente generalizado.

El texto aborda las tres grandes rebajas tributarias acometidas por el Ejecutivo. Sobre los descuentos del IVA en la electricidad, el gas y los alimentos señala que han supuesto ahorros fiscales relativos mayores a los hogares de renta baja, porque estos gastos suponen una mayor proporción de su renta. No ocurre así con la bonificación de 20 céntimos por litro a los conductores en las gasolineras, retirada con el cambio de año, pero que estuvo en vigor durante nueve meses. En su caso, permitió ahorros relativos mayores a los hogares de renta alta. “Se estima que las rebajas de IVA de los alimentos, así como de la electricidad y del gas, suponen un mayor ahorro como porcentaje de su gasto total para los hogares de renta baja, mientras que la bonificación a los carburantes habría beneficiado en mayor medida a los hogares de renta alta”, señala el informe.

Sin embargo, si se mira el gasto absoluto que ha supuesto para las arcas públicas, las tres rebajas han beneficiado más a las personas con recursos, porque tienden a consumir más cantidades de electricidad, gas, alimentos o combustible. Esto es lógico porque habitualmente los que acumulan más riqueza cuentan con viviendas más amplias, y por tanto con mayor gasto eléctrico, recurren más a menudo a aparatos de refrigeración y calefacción, pueden afrontar la compra de alimentos más caros, y tener en propiedad varios vehículos.

En la partida de combustibles, la diferencia es abismal: 1.377 millones de euros se ahorraron los hogares de las tres decilas superiores por la rebaja fiscal, frente a 472 millones de las decilas inferiores, un 192% más. Esto lo explica con un argumento: “los hogares de menor renta dedican una menor proporción de su gasto total al consumo de carburantes”. Algo menor es en el caso de los alimentos: favorece a los hogares de las tres decilas superiores en 240 millones y a los del mismo segmento por abajo en 142 millones, una diferencia del 70%.

El Banco de España reconoce que diseñar políticas focalizadas es más complejo, porque exige un cribado para identificar a los hogares vulnerables y hacerles llegar la ayuda de manera efectiva. Sin embargo, recuerda ejemplos recientes de medidas que han avanzado en esta línea, como los incrementos puntuales del ingreso mínimo vital o las transferencias de 200 euros a hogares, por lo que su puesta en marcha es viable.

Cheque a vulnerables por 860 euros

Según una de sus simulaciones, si se hiciera una transferencia de 860 euros a los hogares vulnerables, el gasto rondaría los 4.790 millones de euros, la mitad de lo que el Estado ha dejado de ingresar con las rebajas fiscales a electricidad, gas, combustible y alimentos. “Estas simulaciones ponen de manifiesto que estas actuaciones alternativas permitirían lograr un grado de protección para los hogares más vulnerables similar al que proporcionarían las tres medidas analizadas, pero incurriendo en un menor coste presupuestario”, afirma el análisis.

El banco no solo valora el impacto positivo para los hogares más vulnerables. También su mayor efectividad para contener la inflación, dado que si las ayudas son demasiado generalizadas pueden impulsar la demanda, y con ella, las presiones inflacionistas. Además, extenderlas “afecta negativamente a la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto de reducido margen de maniobra de la política fiscal en países como España”. O dicho de otro modo, los entre 34.000 y 40.000 millones de euros que pueden costar estas medidas no contribuyen a que España reduzca su elevada deuda —del 113,1% a cierre de 2022—.

Otros organismos internacionales, como la Comisión Europea o el Eurogrupo, ya hicieron meses atrás diagnósticos similares a los publicados por el Banco de España. Y reclamaron que las medidas anticrisis no sean indiscriminadas, y en su lugar vayan acotadas según la renta.

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