Los bancos provisionarán algo más de 500 millones extra por las ayudas a los hipotecados

La teoría dice que todas las ayudas son potencialmente buenas, pero normalmente hay que conformarse solo con las que se pueden pagar. Es decir, son los presupuestos los que marcan hasta donde se alcanza. Algo así ocurrió con las medidas pactadas entre Gobierno y banca para los hipotecados vulnerables y aquellos en riesgo de serlo. Si estos acuden al escudo social actualizado del Código de Buenas Prácticas, el sector financiero tendrá que provisionar más de 500 millones de euros adicionales a la dotación con la que ya cuenta. Sin contabilizar este remanente, la cifra se dispararía por encima de los 1.500 millones.

La estimación de provisiones por las medidas pactadas a finales de noviembre resulta una cuenta harto complicada, de ahí las diferentes horquillas de la factura para los bancos, de entre 500 millones hasta cerca de 2.000 millones, según diferentes fuentes del sector. El principal motivo es la indefinición del número de clientes que se podrán acoger al paraguas protector, así como las dotaciones ya existentes que se podrían mover para tapar esta nueva vía de agua. Si la ayuda no la solicitan todos beneficiarios que tienen derecho, y descontando las dotaciones sin usar, las provisiones necesarias superan los 500 millones, aunque no por mucho. Un montante que, además, se habría tenido que dotar con independencia de la actualización del código, según un alto directivo del sector: “Puede haber algo de efecto llamada, pero no será significativo”. Es decir, el impacto de este escudo social en las cuentas de los bancos será mínimo.

“Es probable que se trate del mismo tipo de medidas de alivio que los bancos habrían ofrecido a sus clientes en situaciones de tensión financiera”, explica la agencia Standard & Poors Global en un informe. En la misma línea se sitúan los expertos que colaboran con el Observatorio de la Realidad Financiera (Orfin), organismo que valoró positivamente el pacto entre sector público y privado. “El impacto marginal que aporta el acuerdo es mínimo. La mayoría de los que entren como dudosos lo habrían hecho igual sin lo pactado”, sostiene José Carlos Díez, que también es profesor en la Universidad de Alcalá. A lo que añadió el economista Daniel Lacalle: “Habrá impacto, pero muy moderado”.

El Ejecutivo, en el anuncio de paquete de medidas, cifró en algo más de un millón los posibles beneficiarios. Sin embargo, fuentes financieras aseguran a EL PAÍS que este número se acerca más a los 800.000 clientes, de los que prevén que se acojan entre un 20% y un 50%. “Cuantos menos hogares se acojan, mejor. Porque querrá decir que la situación no ha empeorado tanto”, inciden estas fuentes. Con este cálculo, se espera que utilicen este paraguas protector entre 160.000 y 400.000 deudores hipotecarios. Cabe recordar que al anterior código, que estaba en vigor desde 2012, solo se habían acogido poco unos 60.000 usuarios en apuros. De hecho, las asociaciones de consumidores ya enfriaban el alcance del pacto desde su anuncio.

El protocolo se ha ampliado para que alcance a un perímetro mayor y, además, se ha creado un mecanismo alternativo para hogares en riesgo de vulnerabilidad, que estará en vigor durante dos años. Pese a ello, todavía falta por ver hasta dónde llega. “En la práctica, solo esperamos que acudan al código un número limitado de ellos, los más vulnerables. Por lo tanto, la solidez financiera de los bancos españoles no se verá afectada”, matiza Standard & Poors en el informe, donde añade: “Creemos que habrá una modesta dotación adicional de provisiones”.

La agencia de calificación no detalla esa dotación adicional, algo que sí hacen los analistas de Kepler Cheuvreux. Según la firma de servicios financieros, las seis entidades cotizadas españolas —CaixaBank, Banco Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja— necesitarán unas provisiones potenciales de 1.708 millones. Aunque a esta cifra hay que descontar las dotaciones de la pandemia que siguen sin usar (1.050 millones). Unas provisiones que cada grupo podría mover a su antojo y dedicarlo para este nuevo escenario que se abre por la fuerte subida del euríbor desde el verano.

“Los bancos españoles cuentan con macroprovisiones acumuladas durante la covid que no se han desplegado, y que ahora pueden utilizarse para mitigar el impacto”, recoge el informe de Kepler Cheuvreux. Si se resta la cifra de estas dotaciones en barbecho, las seis entidades que están en el Ibex tendrán que provisionar 658 millones extra en el caso de que los deudores con problemas acudan al nuevo escudo social.

Prudencia

Esta situación se produce en un entorno de aumento de ingresos de la banca y en la víspera de los resultados anuales del ejercicio 2022, que serán récord en los principales grupos financieros de España. Al mismo tiempo, los supervisores inciden en que hay que extremar la prudencia. “En este entorno de extraordinaria incertidumbre, se hace necesario que las entidades utilicen el incremento de los beneficios que se están produciendo a corto plazo para aumentar su capacidad de resistencia”, recogía hace dos semanas el Banco de España en su nota de prensa en la que anuncia el mantenimiento del colchón de capital anticíclico en el 0%.

Fuentes de los supervisores nacionales y comunitarios insisten en la necesidad de ser prudentes. A pesar del impulso que dan las subidas de tipos a los números de las entidades, consideran que los modelos de riesgos no serán capaces de predecir cómo evolucionará la situación. El motivo principal es que nunca antes hubo alzas de tipos del BCE tan rápidas, lo que puede provocar accidentes. Algo parecido pudo ocurrir con la pandemia, pero entonces los impagos no se dispararon gracias al apoyo público masivo de los Gobiernos. Una situación que sería difícil de repetir en el corto plazo.

Así, en este contexto, el foco está puesto precisamente en las dotaciones de los bancos para protegerse de los posibles impagos. Más si cabe ante el previsible freno económico. El Gobierno incluyó en el nuevo mecanismo de ayuda para los hipotecados una excepción para impedir que todas las reestructuraciones pasen a clasificarse como dudosos y se tengan que provisionar de forma automática. Aunque los supervisores avisan: esta carta no puede servir para no evaluar correctamente la capacidad de pago de los clientes. En plata, hacer las dotaciones necesarias.