El País Vasco gestionará el nuevo impuesto a los ricos y recibirá 400 millones por los gravámenes a banca y energéticas

Más margen de maniobra para el País Vasco, que gestionará y recaudará el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas recién aprobado por el Congreso. Complementario al impuesto sobre el patrimonio y gestionado por el Estado, este tributo se incluirá en el Concierto Económico Vasco como impuesto concertado de normativa autónoma. Los nuevos gravámenes a banca y energéticas no serán traspasados, pero a cambio Euskadi recibirá unos 400 millones por los dos años en los que estén en vigor. Ambas decisiones se ha pactado este martes en la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico entre representantes de Euskadi y el Ministerio de Hacienda, y responden al diseño del sistema de financiación de la comunidad, distinto al resto y a menudo objeto de críticas. La gestión de la Seguridad Social y la financiación de las pensiones es otro frente de discordia.

A diferencia de las demás comunidades, el País Vasco recauda la mayoría de los impuestos estatales y tiene transferidas más competencias. Para financiar los servicios generales que no tiene asumidos, le paga cada año al Estado un importe, el llamado cupo, cuyo cálculo levanta constantemente ampollas entre políticos, economistas y ciudadanos. La crítica más extendida es que su cantidad se determina en función de intereses políticos en lugar de cálculos reales, y que tanto Euskadi como Navarra —que cuenta con el mismo sistema— acaban teniendo más recursos y contribuyendo en menor medida a la solidaridad territorial.

¿Qué es el concierto económico vasco?

El concierto económico vasco se remonta a finales de 1800 y es el marco que regula las relaciones financieras entre Euskadi y el Estado. Este esquema prevé que sean las haciendas locales las encargadas de recaudar, gestionar y liquidar la casi totalidad de los impuestos estatales como el IRPF o sociedades —quedan fuera las cotizaciones sociales y los derechos y gravámenes a la importación en los impuestos especiales y el IVA—. Después, transfieren una parte de lo ingresado al Estado central. Lo mismo ocurre con el convenio navarro, mientras que en el resto de autonomías se aplica el llamado régimen común, que funciona exactamente al revés: el Estado recauda la mayoría de tributos y reparte entre regiones. El centro de las críticas hacia las comunidades forales no está en la estructura del concierto y el convenio, sino en el cálculo del cupo y de la aportación.

Ambas comunidades han llegado a un acuerdo con el Gobierno en las últimas semanas para actualizar su participación en el sistema de financiación. El cupo se ha renovado para el periodo 2022-2026. La cantidad para 2022 es de 1.467 millones, un importe parecido al del ejercicio anterior (1.407 millones). En la negociación también se ha acordado el traspaso de los nuevos impuestos sobre residuos y plásticos de un solo uso. En el caso de Navarra, la actualización se refiere al periodo 2020-2024, que hasta ahora no se había podido cerrar. La cuantía provisional para 2022 es de 754 millones.

¿Qué es el cupo?

El cupo vasco es la cantidad que Euskadi paga cada año al Estado para financiar los servicios de interés general que no le han sido transferidos. Es el caso de las políticas de defensa, las embajadas o los intereses de la deuda, entre otros, que presta la Administración central y se conocen como cargas o gastos no asumidos. De la misma manera funciona la aportación navarra.

Una de las quejas recurrentes es que en el cupo debería incluirse una partida bastante mayor de nivelación o solidaridad regional, para que las comunidades forales contribuyan a que las autonomías más pobres puedan ofrecer servicios públicos similares a los de las más ricas. En el caso del régimen común, hay varios mecanismos que contribuyen a la nivelación, pero en el sistema foral se produce una suerte de cortocircuito de la solidaridad.

El economista Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los mayores expertos en financiación autonómica, explica que el concierto tomó su forma actual en los años ochenta, cuando se empezó a construir el Estado autonómico y aún no se habían cedido muchas competencias a las comunidades, especialmente a las de régimen común. “Se pensaba que el Fondo de Compensación Interterritorial, que está en la Constitución, iba a ser el instrumento más importante para la redistribución interterritorial, y por eso se le incluye explícitamente en la ley del concierto”, resume. “Pero este fondo se ha quedado muy pequeño y la redistribución se ha hecho fundamentalmente por otras vías que entonces no existían, como el Fondo de Garantía, y, por lo tanto, no están explícitamente en el concierto. Hay que adaptar el sistema foral a la realidad actual del sistema autonómico para que la aportación de estos territorios a la solidaridad interterritorial se calcule de forma razonable”, concluye.

¿Qué pasa con la Seguridad Social?

La gestión de la Seguridad Social y la financiación de las pensiones es otro frente de discordia. Más aún ahora que el Estado ha empezado a asumir parte del abultado déficit de la Seguridad Social haciéndose cargo de los llamados gastos impropios, desembolsos que se cubren con cotizaciones sociales y que pasa a financiar Hacienda a través de impuestos. Por ejemplo, las pensiones no contributivas o los subsidios por desempleo. El objetivo es achicar el déficit de la Seguridad Social y blindar la sostenibilidad de las pensiones.

En 2022, el conjunto de estos gastos impropios supuso una transferencia a la Seguridad Social de más de 18.000 millones de euros. Esta nueva fórmula también debería implicar un aumento de la aportación por parte de las comunidades forales, que no recaudan las cotizaciones sociales. Es decir, los gastos impropios los cubre el Estado para todos sus ciudadanos. El País Vasco, que ha logrado entre polémicas la cesión del ingreso mínimo vital, y que presiona para hacerse también con la gestión económica de la Seguridad Social —entre otras competencias que reclama—, ha asegurado que su aportación contempla este nuevo coste, pero el cupo base que se acaba de negociar está en línea con el de los ejercicios anteriores.

¿Cómo se calcula el cupo?

Para determinar el importe del cupo se empieza por calcular las cargas no asumidas del Estado. Es decir, cuánto se gasta a nivel nacional en las competencias de interés general que no han sido traspasadas a los territorios forales. A partir de ahí, se determina el peso del País Vasco sobre el conjunto del PIB de España. Es el llamado índice de imputación, que no se actualiza desde los años ochenta, cuando terminó la dictadura que había prohibido el concierto. Tampoco se modificó en las últimas negociaciones: sigue siendo el 6,24% —1,6% para Navarra—. De este porcentaje salen los 400 millones por los gravámenes a banca y energéticas de la previsión total de recaudación de unos 6.500 millones.

Los Gobiernos forales critican que las economías vasca y navarra han perdido peso con los años y que esos guarismos deberían ajustarse a la baja. Los demás barones regionales y la mayoría de expertos denuncian que las cargas no asumida están infravaloradas y su cálculo es opaco. También la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica de 2018 apuntó a la falta de transparencia del sistema.

¿Se aplica algún ajuste?

Sí. Los más importantes están relacionados con el déficit, el IVA y los impuestos especiales. Antes de llegar a la base del cupo hay que descontar el déficit, para que no se pague dos veces por lo mismo. Es así que el País Vasco, en lugar que abonar cada año la parte del gasto estatal que se financia con déficit, asume la parte que le corresponde de los intereses de la deuda. Para 2023, el País Vasco tiene una referencia de déficit del 0,6% del PIB, al igual que Navarra, frente al 0,3% de las comunidades de régimen común.

Los ajustes por IVA e impuestos especiales se hacen para reflejar el consumo real, ya que la recaudación que soportan los ciudadanos no tiene que coincidir con lo que se ingresa en el territorio. Además, el IVA de bienes y servicios que vienen de fuera de la UE lo recauda de forma exclusiva el Estado, que luego debería compensar a las comunidades forales la parte de ingresos que les corresponde.

¿Cuál es el resultado final?

Hay bastante consenso en que la aportación de las comunidades forales es inferior a la que les correspondería y que responde a razones políticas. La otra cara de la moneda es una financiación por habitante ajustado superior a la media, que según los críticos tiene su origen sobre todo en la infravaloración de las competencias estatales no cedidas, los ajustes por IVA e impuestos especiales, que no reflejan la distribución real de los consumos correspondientes entre territorios, y a una menor aportación a la solidaridad con respecto a su capacidad. “Nadie ha visto jamás el detalle de los cálculos que el Concierto exige para calcular el cupo, y cuando uno intenta reproducirlos, sale un resultado muy distinto”, corrobora De la Fuente. “Por eso existe la impresión de que ese número es fruto de un acuerdo político, no de un cálculo objetivo”.

¿Cada cuánto se revisa?

Hay una ley permanente que es la del concierto, y otra por un periodo de cinco años que regula el cupo. En esta última se fija el año base del quinquenio y un índice de evolución para actualizar el importe año a año, en función de los ingresos tributarios no cedidos del Estado.