El Gobierno busca evitar el fiasco del anterior cheque de ayuda a las familias
El Ejecutivo agilizará los trámites para solicitar la nueva transferencia de 200 euros, que se destinará a hogares con ingresos de hasta 27.000 euros, un umbral superior al requerido en junio
El Gobierno busca la fórmula para ayudar de forma directa y rápida a las familias que más sufren por el zarpazo de la inflación en la cesta de la compra. El Consejo de Ministros aprobó el martes en su última reunión del año un nuevo paquete anticrisis que incluye un cheque de 200 euros para las familias con ingresos inferiores a 27.000 euros y un patrimonio menor a 75.000 euros a final del año pasado (sin contar la vivienda habitual). La previsión es que beneficie a 4,2 millones de hogares, con un coste de 840 millones de euros. Este tipo de ayuda ya se utilizó hace medio año, en aquella ocasión enfocada en los más vulnerables con una renta inferior a 14.000 euros, aunque entonces no cumplió las expectativas: llegó solo a 600.000 hogares de los 2,7 millones esperados. Ahora el Ejecutivo trata de evitar que se repita ese fiasco: no solo sube el umbral de ingresos, también cuenta con la experiencia pasada y agilizará los trámites.
Este cheque bis guarda muchas similitudes con su predecesor, aunque en su gestación hubo diferencias en el seno del Gobierno de coalición sobre la cantidad a entregar y, sobre todo, el nivel de renta para determinar el número de beneficiarios. Finalmente, han resultado algunas diferencias notables con la ayuda anunciada en junio: la principal es que podrán solicitarlo las familias con ingresos anuales y patrimonio de casi el doble al fijado entonces, por lo que se amplía el radio más allá de los vulnerables. “Con la subida de los ingresos máximos no solo entra mucha más gente, es algo también cualitativo al poder beneficiarse trabajadores y autónomos con ingresos medios que lo solicitarán en mayor proporción porque tienen una relación más activa con la Agencia Tributaria”, explica una fuente ministerial. Otras fuentes gubernamentales reconocen los problemas que se atravesaron con el primer cheque y adelantan que en esta ocasión se agilizarán los trámites y se reducirán los requisitos para que llegue a más gente.
De esta forma, los beneficiarios potenciales del nuevo cheque ascienden a 4,2 millones de hogares, según el Ejecutivo. Esto es, 1,5 millones de familias más que el lanzado en junio. Si los solicitantes no viven solos, los ingresos que se tendrán en cuenta para calcular el nivel de renta y patrimonio serán aquellos de las personas que residen en su mismo domicilio y conforman el núcleo familiar. Los Técnicos de Hacienda (Gestha), por su parte, calculan que se podrán beneficiar unos ocho millones de personas (hay 2,5 personas de media por hogar, según el INE, por lo que llegaría a algo más de tres millones de familias).
Todavía se desconocen los detalles de la medida, hasta que no se publique la letra pequeña en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Hasta donde se sabe, el pago se hará en una sola vez por transferencia bancaria, según fuentes de la Administración. Para ello, se tendrá que solicitar en la Agencia Tributaria y facilitar el número de cuenta donde se quieren recibir los 200 euros. Además, será incompatible con otras prestaciones, como por ejemplo el ingreso mínimo vital. Tampoco podrán acceder los pensionistas, reciban pensiones contributivas o no, como ocurrió con el cheque anunciado el pasado verano. Entonces también se exigía que estuvieran dados de alta en la Seguridad Social o alguna mutualidad y que llevasen un tiempo mínimo viviendo en España de forma ininterrumpida.
Rebaja del IVA para los alimentos básicos
El Gobierno también aprobó el martes una nueva medida, que no va dirigida a un colectivo determinado, sino que beneficiará a todos los consumidores: la supresión de facto del IVA que se aplica a los alimentos de primera necesidad. Estos productos, que soportan el tipo superreducido del 4%, empezarán a ser gravados a un IVA del 0% a partir del 1 de enero. En esta cesta de artículos básicos se encuentran el pan común, harinas panificables, leche de varios tipos (natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo), quesos, huevos, frutas, verduras y hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales que sean productos naturales según el Código Alimentario. El Ejecutivo también ha acordado rebajar del 10% al 5% el IVA del aceite (incluido el de oliva) y de la pasta.
Ambas medidas se extenderán durante seis meses o hasta que la tasa interanual de la inflación subyacente —la depurada de los precios de energía y alimentos frescos, los más volátiles— baje del 5,5% —ahora está en el 6,3%—. Su objetivo es frenar el encarecimiento de la cesta de la compra, que se ha vuelto incontrolable en los últimos meses. Si la inflación general se moderó en noviembre al 6,8%, la más baja de la UE y resultado sobre todo de las medidas diseñadas para desinflar el coste de energía y transporte, en el caso de los comestibles se mantuvo disparada por encima del 15%. El aceite, los huevos, los lácteos y los cereales están entre los alimentos que más se han encarecido, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). También están entre los artículos que más llenan el carrito de la compra y cuyo consumo se come una mayor proporción de la renta de los hogares más vulnerables.
Varios de los productos que se beneficiarán de la rebaja del IVA se encarecieron muy por encima del 15% medio de la categoría en noviembre, últimos datos disponibles del INE. El precio del aceite de oliva repuntó un 26% con respecto al mismo periodo del año anterior; el resto de los aceites subieron su precio hasta un 56%. En el caso de las harinas y otros cereales, la subida ha sido de casi el 38% en el mismo periodo, del 37% la mantequilla, del 31% la leche y del 27% los huevos. La pasta se encareció un 21,5% y cerca de un 20% las patatas, el queso y los demás lácteos.
Por debajo del repunte medio del 15%, aunque muy por encima del índice general, están el pan (14,9%), las legumbres y hortalizas frescas y secas o procesadas (en torno al 14%, un 24% las congeladas), y las frutas frescas (9%). “Estas medidas ponen el foco en los productos más utilizados en el día a día, que han experimentado grandes subidas en los últimos meses”, resume el Ministerio de Hacienda en una nota publicada el martes.
La rebaja del IVA alimentario también pretende compensar el impacto que la supresión de la bonificación al carburante puede tener en la evolución de los precios. El descuento de 20 céntimos en gasóleo y gasolina, del que todos los conductores se beneficiaron desde la primavera, contribuyó a mitigar el repunte del índice de precios al consumo, pero quedará ahora limitado al uso profesional. Por eso, el Gobierno confía en que una eventual subida de la inflación causada por su desaparición pueda ser neutralizada por el abaratamiento de la cesta de la compra.
“La distribución va a tener que hacer un esfuerzo operativo extraordinario para actualizar los nuevos precios, pero lo vamos a hacer como actuamos en lo peor de la pandemia o en Filomena, para mejorar la sociedad”, explica Ignacio García Magarzo, director general de Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercado). “Hubiera sido mejor conocer antes la medida para poder actuar con más tiempo”, añade. García Magarzo representa a grupos de supermercados y distribución alimentaria de España que dan trabajo a 322.066 trabajadores y cuentan con más de 19.000 tiendas. “Esta medida de bajada de impuestos va en la dirección que defendíamos”.
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