La propuesta de la Airef para reformar las reglas fiscales europeas: diferentes objetivos por países y senda de gasto a cuatro años
El organismo apuesta por fijar un rango de reducción de deuda como variable fundamental
La Autoridad Fiscal (Airef) ha hecho pública este viernes su propuesta para modificar las reglas fiscales europeas, que ahora están suspendidas y cuya reforma se debate en el seno comunitario. El organismo independiente defiende un marco más flexible, diferenciado para cada país —como piden España y los Países Bajos— y en el que los objetivos de déficit pierden protagonismo. El indicador central pasaría a ser un ancla de deuda, basada en una proyección a diez años para reducir ese lastre en lugar de una rebaja de un porcentaje específico sobre el PIB, como ocurre en la actualidad. Para cumplir con ese objetivo, cada Gobierno tendría que fijar una senda de gasto primario al inicio de su mandato, aprobada por el Parlamento y la UE. Esta debería estar diseñada a cuatro años vista y repartida entre las distintas Administraciones para convertirse en la referencia vinculante para la legislatura. Se prevé, sin embargo, una cláusula de escape en caso de circunstancias excepcionales, además de revisiones periódicas, incluida la intervención de Bruselas en caso de graves incumplimientos en el límite de gasto.
Esta revolución de la gobernanza fiscal finiquitaría los ratios máximos del 3% de déficit sobre el PIB y del 60% de deuda que prevé ahora el marco fiscal europeo, establecidos hace 25 años en el tratado de Maastricht y objeto de repetidos incumplimientos por parte de los Estados miembro. España incluida, que durante 10 años tuvo un expediente abierto en Bruselas por déficit excesivo.
Según la Airef, esas repetidas infracciones se deben a que el marco fiscal actual presenta varios inconvenientes. Es cortoplacista, porque aunque tenga un horizonte temporal de tres años, en cada ejercicio se cambia la senda fiscal. Además, la iniciativa de aprobar las sendas fiscales de cada Estado ha recaído, en la práctica, en Bruselas, lo que ha reducido la responsabilidad de los gobiernos. Por último, los objetivos estructurales que recoge la normativa actual restan transparencia porque son difíciles de observar. De hecho, el Ejecutivo fija una senda con metas nominales, muy sujetas al ciclo y que complica observar los ajustes del saldo primario. Por estas y otras razones, las reglas actuales no han logrado que los países del bloque trazaran políticas fiscales estables. Estas han sido procíclicas —más gasto en épocas de bonanza y menos desembolsos en las crisis— y no han impedido que la deuda alcanzara niveles abultados.
La Airef propone que cada país fije su ancla de deuda con una ventana temporal de 10 años. Este indicador debe tener en cuenta el nivel de partida del pasivo, las proyecciones tendenciales de ingresos y gastos y la información sobre cómo se ha comportado la variable en el pasado. De ahí se deriva el saldo primario, en porcentaje del PIB, necesario para alcanzar ese objetivo. Después se establece la senda de gasto primario que se precisa en los cuatro años siguientes para lograr la meta de saldo primario compatible con el ancla de pasivo. Esta debe ser aprobada previamente por las autoridades europeas y será el objetivo de la legislatura, no se podrá modificar a lo largo de ella y se reflejará en millones de euros. (en lugar de porcentaje sobre el PIB).
La evolución de los desembolsos no tendrá en cuenta los posibles ingresos fiscales adicionales, se podrá modificar en caso de shocks como puede ser la actual crisis energética y sería lo más comprensiva posible, incluyendo también partidas tan relevantes en España como las pensiones. Todavía queda pendiente establecer si el límite de gasto se fijaría en términos reales o nominales. La Airef participaría en las evaluaciones ex ante y ex post, pero en caso de desviación grave de la senda de gasto toda la supervisión pasaría a Bruselas. Este marco, asegura, daría más claridad y estabilidad a la política fiscal.
Coste político
La intervención europea no implicaría que las autoridades comunitarias impusieran unos nuevos objetivos, como ocurre ahora con el procedimiento de déficit excesivo. El país debería volver a los objetivos establecidos por el propio Parlamento nacional. La Airef cree que los procedimientos sancionadores hasta ahora no han funcionado, y que la intervención de la Comisión Europa ya supondría de por sí un coste político y reputacional para el Gobierno de turno. Además, destaca que los países que tienen los marcos más laxos suelen ser los que consiguen mejores cumplimientos de los compromisos fiscales.
La Airef ya ha presentado su propuesta a distintos think tanks y a sus homólogos europeos. También a las autoridades internas y comunitarias, donde asegura que ha sido bien acogida. Aunque haya países que están en desacuerdo con el establecimiento de objetivos diferenciados, la propuesta del organismo está alineada con los trabajos ahora in itinere en Bruselas y con la posición del Gobierno de Pedro Sánchez. La economía más potente de la zona euro ya había abierto la mano en este sentido: este verano, Alemania admitió que la reducción de la deuda al ritmo que fija el marco actual “podría exigir demasiados ajustes” a algunos miembros del bloque.
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