Alemania abre la mano con la reducción de la deuda pero exige reglas más claras

Alemania admite que reducir la deuda pública de algunos países de la zona euro al ritmo que fijan las actuales reglas fiscales “podría exigir demasiados ajustes”. Esta es la parte de cal en el pacto al que han llegado los socios de la coalición que gobierna en Berlín para fijar su posición en la reforma de las reglas fiscales europeas este viernes. La de arena se encuentra en el lado de la inversión pública: todas las partidas deberán contar a la hora de calcular el déficit, sin dejar fuera el gasto en defensa o en las transiciones ecológica y digital. Dos puntos clave que fijan la posición de partida del Ejecutivo de Olaf Scholz de cara al debate que se afrontará este otoño en la UE: la revisión del pacto de estabilidad y crecimiento.

Es la primera vez que la coalición semáforo muestra sus cartas acerca de una de las piedras angulares del euro, sus normas fiscales. En el acuerdo de Gobierno habían pasado de puntillas sobre el tema. Casar la posición de socialdemócratas, verdes y liberales no era fácil. Finalmente lo han conseguido mostrando flexibilidad para reformar las reglas que hay ahora, pero dejando claro, al mismo tiempo, que las normas están para cumplirse y que los cambalaches bilaterales de un Estado con la Comisión no les gustan nada. “Los acuerdos individuales negociados bilateralmente de aplicación de las normas no son el camino a seguir para mejorar el marco fiscal común”, apunta el texto del acuerdo de la coalición del gobierno alemán. O como explicita en el párrafo anterior: “La flexibilidad debe ir acompañada de límites claramente definidos y con la mejora de los mecanismos de aplicación de las normas. Por esta razón, el desarrollo posterior del marco fiscal debe hacer especial hincapié en la aplicación de las normas”. La tradición de la teoría económica alemana asoma en esta redacción: una vez se pactan los límites del campo de juego, se respetan y se dejan claras para que quien incumpla se atenga a las consecuencias, evitando así el riesgo moral.

Los planes de la Comisión Europea para el siguiente curso pasan por abordar la revisión de las guías más básicas del pacto de estabilidad y crecimiento que se resumen en dos puntos. El primero consiste en que los presupuestos públicos anuales el déficit no puede superar el 3% del PIB. El segundo, la deuda de las administraciones de un Estado miembro tiene que estar por debajo del 60%, en caso contrario debe reducirse al ritmo de un veinteavo al año hasta llegar a ese nivel. Con la llegada de la pandemia, este corsé se soltó. La Comisión Europea activó la llamada cláusula de escape y ahora la mayor parte de países incumplen las normas.

“Demasiados ajustes”

Pero en algún momento deberán volver a aplicarse estas reglas y, si para entonces no hay unas nuevas, habrá Estados miembros que se verían obligados a hacer “demasiados ajustes”. El papel germano no es explícito. No hace falta; habla de Grecia, Italia, Portugal, España, Bélgica, Francia y Chipre, países con pasivos que superan con holgura el 100% del PIB. Para estos, volver a ese nivel del 60% al ritmo de un veinteavo al año acabaría con una contracción económica muy severa y con el riesgo de que, además, se haga imposible hacerlo a la velocidad que obliga el propio pacto de estabilidad. “Por tanto, para evitar sendas de ajuste poco realistas”, expone el documento, se debe garantizar que hay un crecimiento y una estabilidad económicas.

El equilibrio —o la concesión probable al halcón liberal, el ministro de Finanzas, Christian Lindner— está en el lado del déficit. Es verdad que se aceptan políticas expansivas ”solo durante periodos de crisis económicas”, pero cierra la puerta a que los presupuestos estatales cuenten de otra forma las inversiones para la revolución digital y la transición ecológica. Solo para esta última Bruselas calculaba antes de la guerra que hace falta un gasto anual de medio billón de euros en la UE.

Como todos los documentos presentados hasta el momento para este debate, el alemán, por supuesto, no olvida reclamar que se debe apostar por la estabilidad de las cuentas públicas y la “sostenibilidad de la deuda”, porque se debe ganar margen para que se puedan aplicar políticas expansivas que eviten males mayores cuando llegan las crisis. Y, además, reserva un papel muy importante al fondo de rescate, el MEDE, para el que pide independencia de la Comisión Europea: “Esto podría facilitar una implementación más consistente de las reglas”.

Alemania ha sido el último de los países grandes en plasmar su postura para el debate económico en ciernes. Francia e Italia ya lo hicieron en artículo que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el dimitido primer ministro italiano, Mario Draghi, firmaron al alimón en diciembre pasado. Está por ver cuál será la posición italiana tras las elecciones del 25 de septiembre. España y Holanda, para sorpresa de todos, presentaron un documento conjunto en primavera en el que apostaban por “crear colchones fiscales” y por sendas de consolidación de deuda adaptadas a cada país. La Comisión Europea no fijó una postura definitiva, sino que abrió una consulta pública, aunque sí dejó claro que apostar por reducciones de deuda rápidas tenían consecuencias muy negativas. En octubre, es probable que los equipos del vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, presenten la propuesta. A partir de ahí, empezará la negociación de verdad y ahora con las cartas de los grandes jugadores sobre la mesa.