Bruselas alerta de un “alto coste social y económico” si se precipitan los ajustes

Europa necesita reducir la montaña de deuda que ha levantado durante la pandemia y la anterior crisis financiera. Bruselas lo tiene claro. La Comisión Europea apunta en esa dirección en el documento con el que este martes ha reabierto la revisión y reforma de las reglas fiscales. Pero no quiere hacerlo a cualquier precio. “Una gran reducción inicial de los ratios de deuda conllevaría un alto coste social y económico y sería contraproducente”, alerta. Lograr el equilibrio preciso entre ambas exigencias es el reto al que se enfrentan en los próximos años la política fiscal y económica y de esto depende el objetivo que ha enunciado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni: “No nos conformamos con lograr un rebote económico, queremos una recuperación sostenible”.

En febrero de 2020 la Comisión lanzó por primera vez la consulta pública para revisar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, un acuerdo que data de 1997 y que sacraliza dos cifras: el déficit anual de las cuentas públicas en los países del euro no puede superar el 3% del PIB y la deuda no debe estar por encima del 60% del PIB. Apenas unas semanas después el coronavirus entró en escena y congeló oficialmente el proceso. La crisis que provocó la covid llevó, incluso, a la suspensión de las reglas fiscales hasta finales de 2022. No en vano, ya hace bastante que había quedado claro que algo aparentemente sencillo es casi imposible de cumplir cuando la economía entra en barrena. Así que la cosa se ha ido complicando mucho en sucesivas reformas. Y tanto se ha ido liando que ahora el Ejecutivo de Ursula von der Leyen ha abierto el debate para revisar esas reglas fiscales y, entre otros objetivos, simplificarlas.

Al hilo de este inicio del debate para la “revisión de la gobernanza económica de la Unión Europea”, presentado este martes por el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y el responsable de Economía, Paolo Gentiloni, se desprende esta reflexión sobre la deuda. Tanto uno como otro han empleado el adjetivo “realista” para describir cómo debe ser la senda de reducción del pasivo. El calificativo también aparece en el documento divulgado al señalar que para evitar esa grave crisis social y económica de la que alerta si hay un ajuste drástico hay que apostar por “una reducción realista, gradual y sostenida [...] que permita recuperar margen antes de la próxima crisis”.

Los economistas de la Comisión van, incluso, más allá, pues en la misma frase sugieren la necesidad de su propuesta “en un contexto de restricciones en la política monetaria”, una afirmación en la que se ha detenido el propio vicepresidente Dombrovskis. Tras estas palabras se deduce que en Bruselas creen que el Banco Central Europeo no tiene ya mucho margen de actuación —de hecho, lo que está sobre la mesa es la retirada de estímulos— y que es la política fiscal quien debe ganar protagonismo.

Todo eso viene a significar que la Comisión no planea ser estricta en la aplicación de las normas del Pacto de Estabilidad cuando este vuelva a estar en vigor, porque es muy probable que su revisión no esté lista para finales de 2022 y que entonces el corsé fiscal vuelva a apretar. Si lo fuera, tendría que exigir a los países que superen el 60% de la deuda que la reduzcan a un ritmo que acabaría por provocar ese “alto coste social y económico”. En esta tesitura se encontrarían países como Grecia, con una deuda del 200%, Italia (155%), Portugal (133%) o España (120%). Y no están solos, Francia está muy cerca de ellos (115%).

Estos números ya dibujan las líneas del frente que se están abriendo en la batalla por la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Los países del Sur quieren flexibilidad, unas normas que permitan acompasar el crecimiento y la reducción de deuda, una forma de contabilizar el déficit que les dé margen para invertir en la transición ecológica y digital y, a ser posible, que todo esté listo para entrar en vigor antes de que haya que volver a las viejas reglas. Los halcones (Países Bajos, Austria, Finlandia, República Checa, Suecia o Dinamarca) no quieren que los plazos de salida de la cláusula general de escape, el mecanismo que ha permitido la suspensión del Pacto durante la crisis, estén vinculados a la revisión.