El campo expulsa a las mujeres

“En la recolección de la aceituna siempre llaman antes a un hombre que a una mujer, yo misma he sentido esa discriminación laboral y eso que sé manejar desbrozadoras, sopladoras y otra maquinaria agrícola igual que los hombres”. Antonia Torres Liñán, una agricultora de 58 años de Arroyo del Ojanco (Jaén), dice estar harta de las excusas que siempre ponen a las mujeres de su pueblo para no contratarlas en la campaña olivarera. “Que si hay poca cosecha, que si la mecanización hace su trabajo, o incluso no se esconden para rechazar a las que tienen más de 50 años”, se lamenta Torres, que se tiene que conformar con recoger, junto a sus dos hijos, 300 olivos de regadío de una explotación familiar.

La del olivar es la campaña de mayor impacto en el empleo en la agricultura española. Este año se esperan 14 millones de jornales solo en Andalucía, la comunidad que concentra el 80% de la producción oleícola del país. Pero hace años que la mujer está siendo desplazada de ese cultivo, una desigualdad que se acentúa más en años como el actual, donde la sequía ha menguado la cosecha hasta un 60% en provincias como Jaén, la principal productora mundial. El Gobierno de la nación acaba de reducir de 35 a 10 las peonadas exigibles para poder cobrar el subsidio agrario, algo que venían reclamando sindicatos y partidos políticos, además de solicitar planes especiales de empleo.

Las mujeres que se dedican a la agricultura sufren una doble discriminación, la dictaminada por su género y la impuesta por las desventajas de vivir en el medio rural. Lo sabe bien María José Serrano, de 58 años, que tras ejercer varios años como abogada decidió asumir el relevo generacional para gestionar las explotaciones olivareras de su familia en Alcaudete (Jaén) y en Priego de Córdoba (Córdoba). “El campo está muy masculinizado, a mí me miraban como un bicho raro cuando empecé”, señala esta agricultora que forma parte también del consejo rector de la cooperativa oleícola de su pueblo, otro techo de cristal para las mujeres rurales. Serrano acaba de ser distinguida por el Ministerio de Agricultura con el primer premio en la categoría a la Excelencia a la Innovación Agraria para Mujeres Rurales por un proyecto para mejorar la eficiencia de los cultivos y reducir el estrés hídrico del olivar.

De las aproximadamente 740.000 personas que actualmente están ocupadas en el sector agrario, solo 177.000 son mujeres, es decir, por cada 100 hombres hay 31 mujeres. Son datos de Funcas a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA). Pero la masculinización del campo se ha ido acentuando desde la crisis económica de 2008. Ese año el sector empleaba a 40 mujeres por cada 100 varones; en 2016 este indicador llegó a su valor más bajo (30), recuperándose ligeramente hasta 2019, para volver a caer en 2020. Desde entonces, la relación entre mujeres y hombres empleados en el sector agrario apenas ha variado.

Las diferencias entre comunidades autónomas son llamativas. En Asturias y Cantabria —con una ocupación agraria inferior a la media nacional― la relación es aproximadamente de 70 mujeres por cada 100 hombres ocupados en el sector. En cambio, en Murcia y Extremadura —las dos comunidades con mayor ocupación agraria― el número de mujeres empleadas por cada 100 varones, es de 34 y 10, respectivamente. Por tanto, las mujeres que trabajan en la agricultura y la ganadería no están más presentes en aquellas comunidades con más empleo en el sector primario; más bien al contrario, la participación femenina en el empleo se aproxima más a la masculina en las comunidades en las que el sector de la agricultura y la ganadería genera menos puestos de trabajo, según refleja Funcas en el estudio Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural 2021.

No obstante, la evolución por modalidades de actividad es desigual. La caída del empleo más intensa se aprecia entre las trabajadoras autónomas (sin empleados), cuyo número ha descendido de alrededor de 95.000 en 2008 a apenas 64.000 en 2022. En cambio, las empleadoras (autónomas con empleados) muestran desde el final de la crisis económica una tendencia ascendente, aunque con oscilaciones. Otro dato revelador es que el número de horas que las mujeres rurales dedican diariamente al trabajo doméstico quintuplica el que dedican los hombres (ellas, casi 10 horas; ellos, menos de dos).

“El empoderamiento de la mujer no llega al campo, y el problema, en muchas ocasiones, es que las mujeres no nos lo creemos y nos resignamos a ejercer ese liderazgo. Si no logramos que las mujeres tengan empleo en igualdad de condiciones, los pueblos se vacían”, advierte María Inés Casado, que lleva toda su vida enrolada en la agricultura y que, allá por los años 80, se convirtió en una precursora de la lucha de la mujer en el campo al presidir la cooperativa de espárrago de su pueblo, Villanueva de la Reina (Jaén). Actualmente, en los consejos rectores de las cooperativas agroalimentarias solo el 3,5% de sus integrantes son mujeres, mientras que en su base social las mujeres representan más del 25%.

Disfunciones en la PAC

Otro dato que resulta contradictorio es el peso que las mujeres tienen en el sector agrario pese a encontrarse en un mundo masculinizado. Así, la mujer representa en torno al 60% de los inscritos en el Régimen Agrario de la Seguridad Social. En Andalucía, la pasada campaña fueron 87.013 agricultoras y ganaderas las que percibieron subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) por valor de 331 millones de euros. Esa cifra supone un porcentaje del 41%, cinco puntos más que el que había hace cinco años. “Es una cuestión meramente burocrática, es el hombre el que hace todo el trabajo en el campo y en la tramitación de las ayudas y la mujer no reza para nada, solo viene para firmar los documentos”, explica Carmen Rueda, de la Asociación Emprendiendo en Red, que lleva más de 20 años tramitando esas ayudas comunitarias.

La brecha es también de tipo salarial. Según los datos de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), en las ayudas de la PAC las mujeres perciben un 36,67% menos que los productores (3.483 euros ellas, frente a 5.500 euros los hombres). Fademur demanda al Gobierno la aprobación de un Estatuto de las Mujeres Rurales que parta de una lista de mínimos: que se corrija la brecha en las ayudas comunitarias (la nueva PAC que entrará en vigor en 2023 es la primera con perspectiva de género); que facilite la titularidad compartida para continuar visibilizando el trabajo de las mujeres del sector agrario (algunas comunidades como Madrid o Baleares continúan teniendo cero explotaciones de mujeres en su registro); que se profesionalicen los cuidados, que las mujeres que los ejerzan obtengan una remuneración y vean reconocidos sus derechos; y, finalmente, que se mejore la participación de las mujeres rurales en la esfera pública y privada.

En este sentido, Fademur propone tomar el ejemplo del Estatuto de las Mujeres Rurales que ya existe en Castilla-La Mancha, que vincula la obtención de presupuesto público a la participación equilibrada de las mujeres en las entidades. En Andalucía se prepara la que será la primera Ley de la Mujer Rural y del Mar, que aspira a fomentar una mayor incorporación de la mujer a los órganos de decisión de las empresas de la agroindustria y en el sector pesquero. En cuanto al relevo generacional, según los datos de la Junta andaluza, de los más de 3.000 jóvenes que han iniciado su actividad en el sector agrícola en el último año, un total de 1.100, o lo que es lo mismo, uno de cada tres, es mujer.

“Las mujeres de los pueblos han sufrido una desigualdad económica y social que ha llevado al colectivo, y especialmente a las más jóvenes, a abandonar los núcleos. Esta tendencia ha acelerado el proceso de envejecimiento y masculinización de la población rural que lleva al despoblamiento”, señala Teresa López, presidenta de Fademur, que valora, no obstante, los ligeros avances registrados en los últimos años. Avances relacionados con el saldo poblacional femenino, que señalan que desde 2018 más de 100.000 mujeres se han empadronado en municipios de menos de 5.000 habitantes, según se ha destacado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.