La sequía mengua a la mitad la cosecha de aceite de oliva y amenaza el abastecimiento a los mercados

La cosecha de aceite de oliva de este año va a ser la segunda peor del siglo actual, solo por encima de la campaña 2012-2013. Según el aforo presentado por la Junta de Andalucía, la producción oleícola caerá en esta comunidad (que concentra el 80% del total nacional) una media del 49% aunque en Jaén, la principal provincia productora a nivel mundial, el desplome llegará hasta el 60%. Un escenario que amenaza el abastecimiento a los mercados y que ha llevado al sector olivarero a reclamar planes especiales de empleo y también el aplazamiento de la nueva Política Agraria Común (PAC) que debe entrar en vigor el 1 de enero.

La sequía y el cambio climático (con temperaturas por encima de la media en el último año) han condicionado el aforo del que es el principal sector económico en Andalucía, con 1,63 millones de hectáreas de olivar y un valor de la producción oleícola superior a los 3.500 millones de euros. Pero, además, el desorbitado aumento de los costes de producción (energía, fitosanitarios…) a causa de la guerra en Ucrania, así como la puesta en marcha de la nueva PAC, son otros elementos que han agravado los nubarrones de un cultivo que está presente en más de 700 pueblos andaluces. Así las cosas, las organizaciones agrarias anticipan unas pérdidas en la actual campaña de en torno a 1.700 millones de euros.

La primera consecuencia de esta drástica caída en la principal despensa oleícola del mundo va a ser que no se garantice el abastecimiento a los mercados. “Hay que tener en cuenta que en el último año la salida media de aceite ronda las 130.000 toneladas mensuales; si se confirman los datos de cosecha y teniendo en cuenta un enlace (existencias) de 450.000 toneladas, faltarían en torno a 500.000 toneladas anuales para abastecer al mercado, unas 40.000 toneladas mensuales”, ha alertado el responsable del olivar de COAG en Andalucía, Juan Luis Ávila. Eso sí, Cristóbal Cano, responsable de UPA en Andalucía, considera que la menor producción de aceite de oliva debe reflejarse en los mercados con una estabilización de los precios en origen por encima de los costes de producción.

La sequía y el cambio climático ya están afectando a la disponibilidad de agua en este cultivo. Por ello, las organizaciones agrarias reclaman una profunda reflexión de la política hídrica y, en concreto, sobre un Plan Hidrológico del Guadalquivir que prime al olivar tradicional, mayoritario en Andalucía y que es el que fija población en el territorio. “Si no llueve en los próximos meses, la cosa irá a peor, ya que muchos agricultores se están planteando no recoger el escaso fruto que tienen en el árbol”, ha indicado Cano. En Andalucía, el déficit hídrico de la cuenca del Guadalquivir supera el 25%. Las organizaciones agrarias piden una reducción del IVA a las comunidades de regantes y la eliminación total del canon de riego para la campaña 2022. Desde Asaja se demanda al Gobierno central la construcción de nuevas presas y desde Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Cristóbal Gallego espera que esta situación extrema “sirva al menos para que los gobernantes sean conscientes de la importancia del regadío, del uso del agua en el campo, de los trasvases, no solo para salvar a los agricultores, sino para garantizar la producción de alimentos a los consumidores”.

Otro efecto demoledor de la exigua campaña oleícola va a ser la caída en el empleo. Se esperan 13,8 millones de jornales, un 20% menos que la campaña anterior, según el aforo de la Junta de Andalucía. El Gobierno de la nación ya ha anunciado la reducción de 35 a 20 de las peonadas obligatorias para cobrar el subsidio y la renta agraria, aunque los sindicatos creen insuficiente esa medida y reclaman la exención total de las peonadas, ya que habrá comarcas donde apenas habrá empleo en la aceituna. La Diputación Provincial de Jaén ha exigido a la Junta de Andalucía un Plan Especial de Empleo de 300 millones de euros para los trabajadores eventuales del campo y al Gobierno de España que fije a cero las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario.

Otro elemento que añade incertidumbre a la campaña oleícola es la entrada en vigor, el 1 de enero, de la nueva Política Agraria Común (PAC). Organizaciones agrarias y cooperativas piden al Gobierno una moratoria en la aplicación de la PAC o, al menos, la paralización de los llamados ecoesquemas, que van a regir los pagos condicionados a las prácticas medioambientales y ecológicas en el campo. “El olivar es un cultivo que aporta muchos recursos a nivel medioambiental y no tiene sentido, en un escenario como el que tenemos, prácticas adicionales que supongan un incremento de gastos y una reducción adicional de la producción”, ha indicado Juan Luis Ávila, de COAG.