El difícil equilibrio entre el ‘boom’ de las exportaciones agrícolas y la pobreza en Argentina

Desde que Rusia comenzó la guerra en Ucrania, a finales de febrero, el precio internacional del trigo y el maíz ha subido cerca de un 25%; el de la soja, un 5%. Para Argentina, uno de los grandes agroexportadores mundiales, supuso una entrada extraordinaria de divisas: en marzo, este sector aportó 2.984 millones de dólares, el mejor registro para ese mes en lo que va de siglo, y rozó los 8.000 millones de dólares en el primer trimestre, una cifra récord que supone un 18% más que el año pasado. Las proyecciones auguran que Argentina podría llegar a ingresar hasta 10.000 millones de dólares más en esta campaña que en la anterior y llegar a los 44.000 millones. Sin embargo, la buena noticia para el endeudado Estado argentino queda empañada por el impacto interno en un país donde casi cuatro de cada diez personas son pobres y la inflación supera el 55% interanual. Bajo presión por la subida de los commodities en los mercados internacionales, los alimentos en el mercado interno han subido en marzo un 7,2%.

De cara a la próxima siembra, el aumento del precio internacional del trigo hace pensar que Argentina aumentará la superficie cultivada de este cereal tan demandado. Sin embargo, los productores ponen en duda esa posibilidad. “Argentina cultiva más de seis millones de hectáreas de trigo y se podría ir a ocho, lo que significaría casi siete millones de toneladas extra y el ingreso de muchas más divisas. Aún es un poco temprano para definirlo, pero no hay señales de que esto vaya a pasar”, dice el secretario de la Sociedad Rural Argentina, Carlos Odriozola. Para él, sería necesario que antes el Gobierno acompañase con incentivos que permitiesen bajar costos para que los agricultores optasen por el trigo.

“Hay mayores precios internacionales pero también mayores costos, los márgenes no aumentaron, de hecho están por debajo del año pasado. Hay que mirar la película completa para saber si se va a sembrar más y no creo que sea necesariamente el caso”, coincide Emilce Terré, la jefa de de Estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Entre los costos que se dispararon están los fertilizantes —algunos, como la urea, han triplicado su precio— y los combustibles, que encarecen tanto la producción como la distribución.

Los productores están en plena cosecha de soja y maíz, los dos principales cultivos del país, pero el trabajo se ha visto obstaculizado desde el lunes por una huelga de transportistas que exigen cobrar más debido a la subida del precio de los combustibles. Según la empresa de logística AgroEntregas, el miércoles ingresaron 13 camiones a los puertos del país, frente a los 4.500 que lo hicieron en la misma fecha un año antes.

La medida de fuerza ha ralentizado ya los embarques al exterior: en los últimos tres días dejaron de ingresar 450.000 toneladas de granos y hay cerca de medio centenar de buques varados a la espera de poder cargarlos. De extenderse varios días más, se paralizará también la producción de aceite y empezará a faltar en los supermercados.

“[La huelga] provoca problemas de producción en las fábricas e incumplimientos de contratos con el exterior, con las graves consecuencias que ello implica para la reputación del origen argentino y, como si ello fuera poco, también corta el flujo de ingresos de divisas”, señalaron desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales.

“Todo esto afecta a la matriz productiva, pero las mayores dificultades son las retenciones (impuestos a la exportación), el desdoblamiento cambiario y la falta de previsibilidad”, señala Odriozola desde la Sociedad Rural Argentina. Por cada tonelada de maíz y trigo que se exporta, el Estado recauda el 12% de su valor. En el caso de la soja, la estrella del campo argentino, el impuesto asciende al 33%. A eso se le suma que los productores están obligados a liquidar al valor oficial del dólar (equivalente a 118 pesos), que es casi la mitad de la cotización paralela. De acuerdo a los cálculos de Odriozola, el productor agrícola argentino se queda con un tercio del valor de la materia prima que exporta.

Desde que el campo argentino ganó la pulseada librada contra el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008 por un nuevo impuesto que al final no se aplicó, muchos grandes productores se han convertido en duros opositores a los sucesivos gobiernos peronistas, a los que acusan de entorpecer su trabajo con medidas intervencionistas en vez de facilitarlo.

El enfrentamiento tiene difícil solución: Argentina depende del campo para mantenerse a flote. El expresidente Mauricio Macri, amigo del campo, eliminó algunos impuestos a las exportaciones agropecuarias y redujo otros al inicio de su mandato; más tarde tuvo que dar marcha atrás porque no daban los números.

En 2021, cuando el país creció un 10,3% después de tres años de recesión, casi siete de cada diez dólares que ingresaron por exportaciones fueron producto de la cadena agroindustrial. Este año, gran parte de la recaudación extraordinaria que obtenga el Estado por los mayores precios internacionales de las materias primas desaparecerá después de pagar la abultada factura energética —por las importaciones de gas y los subsidios— y el aumento de las ayudas estatales con las que sobreviven millones de personas.

El acuerdo de reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional obliga al Gobierno de Alberto Fernández a reducir los subsidios energéticos, pero se expone a que crezca la conflictividad social. “La situación social se agrava día a día”, subrayó el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni este miércoles en medio de la multitudinaria movilización de organizaciones sociales y partidos de izquierda en el centro de Buenos Aires. “La bronca crece y se hace carne en la gente. No puede ser que la crisis la paguen los que menos tienen”, advirtió.

Los alimentos subieron un 7,2% en marzo respecto a febrero, y cuestan casi el 60% más que un año atrás. Productos básicos como el pan han visto incrementado su valor más de un 70% y las organizaciones sociales pelean por fondos que permitan al menos comprar la canasta básica, cada vez más inaccesible. Una pareja con dos hijos y vivienda propia necesitaba en febrero casi 84.000 pesos (711 dólares al valor oficial) para no caer bajo la línea de la pobreza. El sueldo mínimo en Argentina es de 33.000 pesos (280 dólares al cambio oficial), así que ni siquiera la suma de dos trabajos precarios es garantía suficiente para adquirir bienes básicos como alimentos, ropa y medicinas.

El kirchnerismo desde dentro del Gobierno y las organizaciones sociales y los partidos de izquierda, desde fuera, piden un mayor esfuerzo al campo para sortear este nuevo temporal. Los productores y el resto de la oposición se oponen con firmeza.

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