Los repartidores de Glovo denuncian el mercado negro de las cuentas alquiladas

La compañía de reparto a domicilio defiende que trabaja activamente para prevenir el uso ilegal de la aplicación con controles regulares

Pablo (nombre ficticio), repartidor de Glovo y acogido a una cuenta alquilada de la empresa.
Pablo (nombre ficticio), repartidor de Glovo y acogido a una cuenta alquilada de la empresa.KIKE PARA

Enrique lleva casi tres años repartiendo comida para Glovo por las calles de Barcelona con su moto. Este catalán de 49 años, que prefiere no usar su nombre verdadero, concilia este trabajo con un grado en Ingeniería. Al quedarse mucho tiempo en casa para estudiar, es también cliente de la compañía de las mochilas amarillas. Pide al menos cuatro veces a la semana y a lo largo del último año se ha fijado en que la cara de ocho de cada diez repartidores que le traen la comida no coincide con la que aparece en el perfil de la aplicación. “A veces, en la foto sale un hombre, pero luego viene una mujer”, cuenta. Considera que el 60% de los repartidores trabaja con cuentas alquiladas (a cambio de abonar un porcentaje de sus ganancias al titular), no está dado de alta en la Seguridad Social ni paga los impuestos correspondientes.

Desde Glovo informan que trabajan activamente para prevenir el uso ilegal de la aplicación y realizan controles regulares de las distintas operaciones. Una versión que no coincide con la de muchos de sus trabajadores. Los riders que cumplen con todas las obligaciones se sienten amenazados por este comercio paralelo y denuncian que en la calle ya no hay trabajo para todos. “Son más los momentos en los que tienes que estar parado, con la presión de que a final de mes vienen los tributos para pagar”, asegura Enrique. Además de la cuota de la Seguridad Social, el IVA y el IRPF, los repartidores tienen que entregar a Glovo tres euros cada 15 días para trabajar con su propio perfil.

Pablo (30 años), nombre ficticio a solicitud del interesado, trabaja para Glovo alquilando la cuenta a otro rider. Mira a su alrededor un poco desorientado mientras queda a la espera de retirar un pedido fuera del establecimiento de McDonald’s de Cuatro Caminos (Madrid) con su bici. Se marchó de Venezuela a finales de diciembre con su esposa en busca de fortuna para estar cerca de uno de sus hermanos, que lleva ya seis años en la capital. Encontró este empleo en un grupo de whatsapp de compatriotas recién llegados que se ayudan entre sí para instalarse en España. “Fue lo más fácil y lo más rápido que logré encontrar. Soy consciente de que es algo ilegal, pero mientras quedo a la espera de mis papeles no tengo ninguna otra opción. Necesito ingresar sí o sí”, comenta. Comparte la licencia de Glovo con otras dos personas y él trabaja solo durante el fin de semana, de viernes a domingo. Cada 15 días le paga al dueño de la cuenta un 25% de lo que gana. Otro repartidor en la cola de la hamburguesería para retirar su pedido no es ajeno al negocio de las cuentas alquiladas. “De vez en cuando arriendo mi licencia a un amigo. Es una manera de mantenerla activa, porque hay días en los que no me apetece salir a la calle. Es también una oportunidad de ayudar a los recién llegados que entran a España sin ni siquiera el permiso de residencia”, cuenta.

Según Sebastián Honorato, repartidor de Glovo y presidente de la Asociación Autónoma de Riders, el primer responsable de esta actividad ilegal es la propia empresa. “No tiene una forma efectiva de comprobar telemáticamente que quien realmente hace el trabajo es el repartidor que aparece identificado en la aplicación”, apunta. En ello coincide Enrique, que ha acudido ya muchas veces a la oficina de la compañía para denunciar el fraude, aunque sin éxito. “Para Glovo, cuantos más trabajadores están en la calle, mejor, y le da igual que sean legales o ilegales. Permite este mercado negro de alquiler de cuentas, porque es lo que le está generando dinero”, señala.

El modelo laboral de las plataformas de reparto, basado en autónomos en la mayoría de los casos, sufrió un primer golpe durísimo en septiembre de 2020, cuando una sentencia del Tribunal Supremo falló que los repartidores son asalariados y que la relación existente entre un rider y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral. Una resolución reforzada por la denominada ley de repartidores, aprobada por el Gobierno en mayo del año pasado, que obligó a las empresas del sector a meter a sus trabajadores en nómina. A pesar de haber hecho cambios en su forma de operar, varias plataformas siguen siendo cuestionadas por los sindicatos. Glovo ha asalariado a cerca de 2.000 trabajadores, lejos de los 12.000 con los que cuenta en toda España.

Más competencia y sueldos más bajos

El negocio oscuro de las cuentas alquiladas existe desde hace años, pero con la irrupción de la pandemia ha pasado la línea roja. Los repartidores de Glovo denuncian que en los últimos dos años la compañía les ha bajado el sueldo casi a la mitad con la excusa de que tiene a más empleados. “Se aprovechan de que mucha gente se ha quedado sin trabajo y ha pasado a ser rider porque veía que en la empresa se podía entrar fácilmente y no tiene otra opción”, asegura Antonio, otro repartidor de Barcelona que no quiere revelar su identidad. Trabaja para Glovo desde 2016. Si hace un par de años ganaba casi 3.000 euros al mes estando en la calle entre ocho y diez horas todos los días, ahora apenas alcanza los 1.200. Considera que las condiciones laborales de los repartidores han empeorado tras la entrada en vigor de la ley rider.

Antes de la aprobación de la norma, podían elegir la franja horaria en la que salir a la calle (los que tenían una puntuación más alta, podían elegir antes) hasta un máximo de 62 horas semanales. En cambio, ahora cada uno está operativo cuando quiere y la plataforma no pone límites al número de repartidores que están conectados a la vez, lo que incrementa la competencia entre ellos: “Antes podías responder a entre 30 y 40 peticiones al día, mientras que ahora en un día de mucha demanda no se llega ni a 15 pedidos estando todo el día conectado”, insiste Antonio.

Según Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, Glovo no tiene incentivos para acabar con el negocio de las cuentas alquiladas. “Le interesa que haya más repartidores que no tengan otras opciones de trabajo y que estén dispuestos a trabajar por menos dinero. Además, parece que la Inspección de Trabajo todavía no ha llegado a descubrir esa ilicitud y no puede ponerle freno”, asegura. Los sindicatos tienen constancia desde hace años del comercio paralelo de las cuentas alquiladas. “Muchas veces el titular de la cuenta, que es quien recibe la facturación, no les paga tanto como debería”, afirma Rubén Ranz de UGT. “Otras veces el dueño cambia la contraseña y, de repente, el que alquila ya no la puede usar más o se queda sin cobrar el tiempo durante el que ha trabajado”, agrega Carmen Juares, de CC OO de Cataluña. Unos abusos que, a su juicio, los afectados deberían denunciar para que la justicia pueda contar con pruebas y destapar este mercado negro.

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