La subida de precios castiga el poder adquisitivo de asalariados públicos y privados

La inflación se ha convertido en una molesta compañera de viaje de la recuperación en marcha. La subida de los precios en España, del 3,3% en agosto respecto al año pasado, no se veía desde hace casi una década. El fenómeno es común a otras muchas economías desarrolladas. Pese a que los precios no han acelerado tanto como en Estados Unidos (5,4%), la inflación sí viene batiendo mes a mes el promedio de sus socios europeos, inflamada por una de las facturas de la electricidad más caras del continente. Sus efectos colaterales son diversos, y de mantenerse en el tiempo —algo que los bancos centrales tienen la esperanza de que no suceda— amenazan con lastrar la economía española al restar poder adquisitivo a los asalariados públicos y privados, dañar el consumo, disparar la factura de las pensiones y erosionar la competitividad de las empresas.

Salarios. Una nómina de 950 euros mensuales en 14 pagas —el actual salario mínimo en España— no es igual ahora que hace 12 meses. Con el precio de la gasolina un 21% por encima debido al alza del petróleo, y la factura de la luz desbocada por el encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO₂, el margen de gasto y ahorro —si lo hubiera— es menor para los que lo perciben. En pleno debate sobre la subida del salario mínimo por parte del Gobierno, eso ha llevado al sindicato UGT a plantear que aumente al menos al mismo ritmo que la inflación. Su posición contrasta con la de la patronal de empresarios CEOE, reacia a cualquier incremento bajo el argumento de que puede dañar la creación de empleo.

Pero la inflación también está minando la capacidad de compra de otros empleados que cobran más. Los salarios pactados en convenio colectivo crecieron hasta julio un 1,54%, la mitad de lo que suben los precios. Y en los principales ámbitos los sueldos progresaron menos que la inflación: mejoraron un 2,39% en construcción, un 1,51% en servicios, 1,37% en industria y 1,12% en agricultura. En el caso de los cerca de tres millones de funcionarios, la nómina se queda aún más atrás, y este año crece el 0,9%.

El modo en que los salarios se adaptan a las subidas de la inflación requiere de sutiles equilibrios. En Estados Unidos faltan trabajadores en determinados sectores —lo cual les dota de mayor poder de negociación— y el paro está bajando con fuerza. Por eso, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo la semana pasada en Jackson Hole que está vigilando el ritmo al que aumentan los sueldos para evitar una eventual espiral de precios y salarios, el movimiento que se produce cuando los salarios suben más rápido que la productividad y a su vez los empleadores trasladan el mayor gasto en nóminas a los consumidores, en un círculo vicioso que se retroalimenta.

Pensiones. Los cálculos de varias casas de análisis cifran en unos 4.900 millones de euros el gasto extra en pensiones que deberá acometer el Gobierno en 2022 debido al alza de la inflación. Las pensiones están protegidas de los vaivenes de los precios: suben lo mismo que sube la inflación —y si esta es negativa, no bajan—. Eso conlleva que el esfuerzo de las arcas públicas vaya a ser mayor de lo esperado, dado que el Ejecutivo manejaba inicialmente unas previsiones de inflación para este año del 0,9% que ahora han quedado en papel mojado. El año pasado, el Estado destinó a esta partida casi 119.000 millones, una cifra que este año se incrementará sensiblemente.

Consumo. Si los hogares destinan cada vez más dinero a la factura de la electricidad, llenar el depósito de combustible o hacer la compra en el supermercado, las cuentas de ahorro adelgazan, y el poder adquisitivo disminuye, lo cual puede reducir el consumo. Para Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano, se trata de una amenaza real. “El riesgo en España es que, aunque el consumo está haciéndolo muy bien por la mejora de la confianza y el ahorro embalsado, si los salarios según convenio suben un 1,5% y la inflación duplica ese nivel, ese desequilibrio puede ser nocivo para el consumo”, explica. Algo así cree que sucedió en julio en Estados Unidos, donde los salarios están subiendo a menor velocidad que los precios y los datos de consumo del mes pasado fueron decepcionantes.

Competitividad. Una fábrica que paga más por su electricidad es menos rentable, a no ser que traslade a sus productos la subida, y entonces serían otras empresas o los consumidores los que asumirían el coste. Pero en plena globalización, subir el precio ni siquiera es garantía de que se mantendrán los márgenes de beneficio. La competitividad es feroz y los clientes pueden optar por otras opciones más baratas procedentes de países donde la factura eléctrica es menor o los impuestos de sociedades más bajos. Los altos precios de la energía también desincentivan la llegada de nuevas industrias, lo cual no ayuda a que la recuperación gane fuerza.

Política monetaria. Tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal han retocado sus objetivos y ahora toleran tasas de inflación superiores al 2%. Ambos insisten en que la subida de precios es un fenómeno transitorio, alentado por un cúmulo de factores que van más allá de los precios de la energía, como los problemas en las cadenas de suministros, los ingentes paquetes de estímulo público inyectados a la economía y la enorme demanda propiciada por el ahorro y las ayudas públicas. De la Torre comparte esa idea. “En mi opinión veremos dos procesos paralelos: habrá menor inflación en 2022 según se corrija el efecto base de comparar precios con los niveles deprimidos de 2020, y subirán los salarios debido a la mejora del entorno laboral y a incipientes mejoras de productividad”.

Sin embargo, los sectores más ortodoxos de ambas instituciones —los llamados halcones— toman posiciones y elevan la presión para mover ficha: la Fed ya estudia una reducción de estímulos antes de que acabe el año. Europa, donde la inflación subyacente —una métrica para muchos más acertada para medir la realidad, en la que no se tienen en cuenta la energía y los alimentos no elaborados, los componentes más volátiles— es todavía baja, del 0,7%, tardará más tiempo en dar el paso de reducir las compras de activos.

Deuda pública. No todos los efectos de la inflación son negativos. “La inflación favorece más a los deudores que a los acreedores. Y hace que la deuda pública se digiera mejor”, señala Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI). España es uno de los países más endeudados de Europa, con una deuda pública superior al 120% del PIB. Cuando crece la inflación, también se eleva la recaudación del Estado y ayuda al PIB a crecer, con lo que baja el porcentaje de deuda en relación al tamaño de la economía.