La subida de los precios obligará al Estado a gastar 4.900 millones más en pensiones el próximo año

El encarecimiento de la electricidad y los carburantes modifica las previsiones iniciales y amenaza las cuentas de la Seguridad Social

Manifestación de pensionistas por las calles de Bilbao el pasado 28 de junio.
Manifestación de pensionistas por las calles de Bilbao el pasado 28 de junio.Luis Tejido (EFE)

Que la inflación es enemiga del ahorro es una de esas máximas que no admiten debate. La última reforma de las pensiones, que vinculó su alza a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), garantiza que los pensionistas van a librarse del castigo de ver mermado su poder adquisitivo. La subida de los precios de los últimos meses obligará, por una parte, a compensar el próximo mes de febrero con la famosa “paguilla”, la desviación de los precios sobre el 0,9% que preveía en principio el Gobierno. Además, también habrá que revalorizar las pensiones del próximo año. Este doble efecto supondrá a las arcas públicas un coste extra de unos 4.900 millones de euros en 2022, según estiman distintas casas de análisis.

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“Lo preocupante de estas últimas subidas es que den lugar a efectos de segunda ronda por una espiral de inflación e indexación de rentas (salarios, beneficios, pensiones o cualquier otra). Eliminar estos efectos ha supuesto mucho tiempo y esfuerzo en las economías europeas, para evitar aumentos del paro y pérdidas de competitividad”, indica Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research. Sus últimas proyecciones situaban la inflación media para 2021 en un 2%. En junio, el IPC alcanzó el 2,9%, la tasa más alta desde 2017.

El Gobierno manejaba inicialmente unas previsiones de inflación del 0,9% para 2021, y sobre esta idea se construyó la subida de las pensiones. Pero esos cálculos ya son papel mojado. Las nuevas cuentas del Ejecutivo para final de año hablan de un ascenso mínimo de un punto adicional (1,9%), mientras que la Fundación de las Cajas de Ahorro lo eleva al 2,5%. Eduardo Bandrés, director de Economía Pública y Bienestar de Funcas, advierte del riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Asegura, además, que este nuevo paradigma inflacionista generará “un impacto importante” sobre las cuentas de la Seguridad Social.

A pesar del repentino estirón de la inflación, los analistas coinciden en su naturaleza transitoria. Estas alzas de precios se deben a factores como el coste de la energía —con la factura de la luz marcando récords—, las materias primas —como el petróleo, que en junio superó la barrera de los 70 dólares—, y la escasez de chips, que ha generado problemas de suministro en productos básicos como teléfonos móviles, ordenadores, coches, aviones, equipos médicos o electrodomésticos.

Cada punto del IPC supone, según Funcas, un desembolso adicional de 1.400 millones de euros en pensiones. El año pasado, el Estado destinó a esta partida casi 119.000 millones, un tercio de los Presupuestos Generales del Estado. Esa cifra crecerá este ejercicio, pues entre enero y julio la Seguridad Social ya ha desembolsado 71.000 millones en prestaciones, de los 163.000 que están presupuestados en las cuentas de 2021.

“La indexación de las pensiones con el IPC aumentará el déficit de un sistema en el que ya existe un elevado déficit. Esta revalorización debería haberse valorado con cuidado y, en todo caso, se debería haber compensado con otras medidas que hubieran supuesto una contención equivalente del gasto”, apunta Doménech, que sí señala, “por razones de equidad”, a las pensiones mínimas como las que habría que blindar.

Reformas

“No tengo ninguna duda de que el modelo de sistema de pensiones públicas en España necesita reformas, pero las medidas que se han adoptado hasta ahora han sido las fáciles”, ahonda Bandrés. Señala como una de ellas la transferencia al Estado de los llamados gastos impropios de la Seguridad Social, y que su ministro, José Luis Escrivá, tasó en 22.800 millones. “Eso no arregla el problema del conjunto de las Administraciones Públicas, solo lo traslada de sitio”, apostilla.

La primera parte de la reforma de las pensiones pactada por el Gobierno y los agentes sociales antes del verano se acorazaba bajo lo establecido en el Pacto de Toledo. Además del acompasamiento de las prestaciones al IPC —salvo que este sea negativo, en cuyo caso se mantendrán inalteradas—, se pactó también la derogación del factor de sostenibilidad, que será sustituido por un mecanismo de equidad generacional negociable hasta el 15 de noviembre, y que operará a partir de 2027. Definirlo, coinciden todas las partes implicadas, es el apartado más complicado dentro de la segunda parte de la reforma.

“Va a estar claramente vinculado al IPC”, incide Bandrés, que insiste en que la transformación demográfica debe ser una variable a tener en cuenta. “Hay un problema de suficiencia financiera y parece que se quiere solucionar vía transferencias del Estado. Sin embargo, la pirámide poblacional dice que cada vez hay más pensionistas y menos trabajadores”, añade el experto de Funcas. “El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es un objetivo deseable siempre que sea consistente con la sostenibilidad del sistema y que cuente con recursos suficientes”, se suma Doménech.

23 euros más al mes para seis millones de jubilados

El impacto de la subida de los precios en el sistema de pensiones tendrá un coste de miles de millones de euros en las arcas públicas. Pero beneficiará a casi diez millones de pensionistas, que no perderán poder adquisitivo. En números más pequeños: supondrá un aumento de 23 euros para más de seis millones de jubilados.

Tal y como refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE), la pensión media de un jubilado en España en el mes de julio fue de 1.034 euros —la más alta desde 2016—, por lo que una vez parcheada se elevará hasta los 1.059.

Una de las vías por las que el Gobierno pretende destensar la cuerda de las pensiones es acompasando la edad real de jubilación (64 años) a la legal (66 años). Para ello ha establecido una tabla de bonificaciones para quienes la retrasen, y de penalizaciones para los que la adelanten. Aunque no ha estimado, por el momento, otras modificaciones.

“No me parece una medida dolorosa, pero quizás habría que pensar en redefinir el número de años que hace falta haber cotizado para recibir una pensión mínima (actualmente 15 años). Alargar el número de años es perfectamente justificable en términos de equidad y contributividad. De una u otra manera habrá que asumir que la ratio pensión y salario tiene que disminuir si queremos que el sistema sea sostenible”, remacha Eduardo Bandrés, analista de Funcas, el servicio de estudios de las antiguas cajas de ahorros.

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Sobre la firma

Gorka R. Pérez

Es redactor de la sección de Economía y está especializado en temas laborales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en Cadena Ser. Es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Máster en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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