El ‘caso Villarejo’ señala a la cúpula del Ibex 35

El caso Villarejo se ha convertido en un verdadero calvario para una parte del Ibex 35. La Audiencia Nacional analiza desde hace meses los negocios que importantes compañías del país cerraron con Cenyt, el grupo societario que lideraba el comisario José Manuel Villarejo desde la novena planta de la Torre Picasso, en el corazón financiero de la capital. La instrucción ha dejado al descubierto supuestos encargos de espionaje y maniobras al más alto nivel, según describe en sus autos el juez instructor Manuel García-Castellón, que este miércoles volvió a poner en la diana a otro alto ejecutivo: Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, citado como imputado por la contratación de la trama por parte de la energética, que pagó más de un millón de euros.

El nombre de Galán se suma así a una larga lista de directivos investigados en este macrosumario, que ha desvelado intrigas y guerras sucias urdidas para tratar de sacar ventajas en la lucha por el poder dentro de las compañías o ante posibles rivales. Entre las empresas señaladas, además de Iberdrola, se encuentran otras importantes como Repsol, CaixaBank, BBVA, Constructora San José, Mutua Madrileña y Grupo Planeta.

BBVA. Esta línea de investigación fue la primera en apuntar de forma clara al Ibex 35. Los investigadores —que encontraron las facturas pagadas por esta y otras compañías durante los registros efectuados en los domicilios y oficinas de Villarejo y su principal socio, el abogado Rafael Redondo— mantienen que la entidad financiera abonó a la trama más de 10 millones de euros por los servicios prestados durante cerca de tres lustros. Los trabajos contratados incluyeron supuestamente el espionaje a políticos, empresarios y periodistas desde 2004, cuando la constructora Sacyr empezó a moverse para intentar tomar el control del BBVA. Una maniobra que no tuvo éxito.

En esta parte del sumario, García-Castellón ha imputado a más de una docena de actuales y antiguos directivos de la entidad. Como al propio expresidente, Francisco González, que se desvinculó ante el juez de la contratación de Villarejo y afirmó que, aunque “pudo haber alguna conducta irregular de carácter individual”, él lo desconocía. También han pasado por la Audiencia Nacional para declarar Juan Asúa, asesor del actual presidente Carlos Torres; Eduardo Arbizu, exresponsable legal; Manuel Castro, exjefe de riesgos; y Julio Corrochano, comisario de Policía Nacional y exjefe de seguridad del banco, quien quedó en libertad bajo fianza de 300.000 euros. El propio BBVA se encuentra imputado como persona jurídica por presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Repsol y Caixabank. Hace apenas dos meses, dos de los hombres más poderosos del Ibex 35 desfilaron también ante el magistrado para responder por el caso Villarejo. Antonio Brufau, presidente de Repsol, e Isidre Fainé, expresidente de CaixaBank y exvicepresidente de la petrolera española, fueron interrogados durante casi dos horas por el Proyecto Wine, el supuesto encargo que ambas compañías hicieron a Cenyt para espiar en 2011 a Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr, que trataba de hacerse con el control de Repsol con ayuda de la petrolera mexicana Pemex. Tanto Fainé como Brufau negaron cualquier irregularidad. La Fiscalía considera acreditado que ambas compañías pagaron más de 400.000 euros a Villarejo.

Además de Brufau y Fainé, el juez ha imputado a otras personas que ocuparon importantes cargos dentro de sus dos empresas: entre ellos, a Joaquín Uris, Luis Suárez de Lezo y Juan de Amunategui, ejecutivos de Repsol; a Antonio Masanell, exdirector de Medios de CaixaBank; y a los comisarios Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño, directores de seguridad respectivamente de la petrolera y el banco. La instrucción ha desvelado que las empresas, que colocaban a antiguos policías al frente de sus áreas de seguridad, utilizaban a estos agentes presuntamente como interlocutores con la trama.

Grupo Planeta. El sumario ha señalado a esta compañía en varias líneas de investigación. El juez mantiene abierta una pieza donde indaga si Villarejo facilitó a Planeta datos sobre el árbitro que dirimía el litigio contra Blas Herrero, dueño de Radio Blanca-Kiss FM, que finalmente ganó este. En el marco de estas pesquisas, el empresario Javier Pérez Dolset, dueño de la compañía de videojuegos ZED, también denunció que ejecutivos del grupo editorial maniobraron para arrebatarle el control de su sociedad.

En esta línea, el magistrado abrió una pieza separada sobre el Proyecto Brod, un encargo para espiar a los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset, que tenían una participación relevante en Planeta. Los denunciantes apuntaban a los accionistas que controlaban el grupo editorial, pero el juez afirmó el pasado mayo que no había encontrado “ningún indicio” de ello. Tampoco, de que Mauricio Casals, presidente del diario La Razón y miembro del consejo de administración de Atresmedia, estuviese detrás de la maniobra.

Constructora San José. El pasado diciembre, el juez dio carpetazo a las pesquisas sobre la Constructora San José. El instructor, que consideró acreditados los contactos de la compañía con Villarejo, adoptó esta medida al afirmar que el encargo no había llegado a pagarse y ejecutarse. Según la instrucción, existen indicios de que representantes de la empresa se reunieron con la trama, que llegó a elaborar un proyecto para espiar y boicotear a Santiago Rey, presidente del grupo de comunicación Voz —que incluye medios como el periódico La Voz de Galicia—. En estas pesquisas estaba imputado José Antonio Carpintero Dacal, directivo de la empresa y responsable de seguridad

Otras empresas. Los investigadores también siguen la pista a la contratación de la trama por parte de la aseguradora Mutua Madrileña y de la empresa de detergentes Persan. El juez, además, ya envió a juicio a dos de los promotores de la urbanización de lujo La Finca (Pozuelo de Alarcón, Madrid), Susana García-Cereceda y Francisco Peñalver, por encargos a Villarejo para recabar información de forma irregular del resto de herederos de Luis García-Cereceda, expresidente de la promotora Procisa, muerto en 2010.