El juez impulsa la causa por la supuesta contratación de Villarejo por la constructora San José

Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha dado un impulso a las pesquisas del caso Villarejo donde investiga la relación de la constructora San José con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de la macrotrama de corrupción y en prisión preventiva desde noviembre de 2017. En un auto fechado el pasado lunes, el magistrado ordena el levantamiento del secreto de sumario y cita a tres personas como imputadas para declarar: al propio Villarejo; a Rafael Redondo, abogado y socio del antiguo agente de la Policía Nacional; y a José Antonio Carpintero Dacal, directivo de la nueva compañía bajo sospecha. A los dos primeros se les atribuye un delito de cohecho pasivo. Al tercero, de cohecho activo.

En esta línea de la instrucción, la pieza 16 abierta en el marco de la Operación Tándem, el juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan si San José hizo uso de los servicios que ofrecían las sociedades de Villarejo. Según adelantó esta semana El Confidencial, los indicios apuntan a que la constructora recurrió al comisario jubilado para espiar a periodistas de La Voz de Galicia. Y el magistrado indaga sobre el papel que habrían jugado en esa contratación los miembros de la multinacional: entre ellos, Carpintero Dacal, responsable de Prevención y Riesgos Laborales, con lustros de antigüedad en la compañía.

Contactado por EL PÁIS, la constructora San José no ha querido valorar la imputación de su trabajador, que permanece como empleado en la empresa a día de hoy, ni hacer ningún comentario sobre una línea de investigación que arrancó el pasado 20 de septiembre. Ese día, según consta en el último escrito del juez, García-Castellón acordó decretar el secreto de sumario para una causa a la que ahora podrán acceder las partes, ya que "en este momento, el conocimiento de lo actuado no va a perjudicar la investigación en curso".

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Este avance en las pesquisas —aunque el juez no fija fechas en el auto para las declaraciones— se produce después de que García-Castellón levantase este mismo febrero el secreto de sumario en la pieza BBVA y mientras continúa dando pasos en las pesquisas que cercan la relación de Iberdrola con Villarejo. De hecho, este mismo miércoles, el exdirector de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, ha acudido a declarar como imputado a la Audiencia Nacional. Ha sido la tercera vez. Pero, según fuentes jurídicas presentes en la declaración, tras colaborar con los investigadores en las dos primeras, esta vez ha optado por contestar con evasivas o de forma poco clara. En un escrito presentado hace dos días, Asenjo ya anunció que rompía su relación con el ministerio público.

El caso Villarejo ha salpicado ya a multitud de empresas. Además de a BBVA, San José e Iberdrola; Anticorrupción también investiga las relaciones del comisario jubilado con Mutua Madrileña, Repsol, Caixabank o Grupo Planeta. Según escribió García-Castellón en un auto, el comisario jubilado diseñó un entramado de empresas para traficar con información que obtenía gracias a su condición de agente de la Policía. Creó además una "estructura paraestatal" que "instrumentalizó de forma sistemática los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes" para vender información clasificada a cambio de "cantidades millonarias".