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El exjefe de seguridad de Iberdrola rompe su acuerdo con la Fiscalía y pide anular lo declarado en el ‘caso Villarejo’

Asenjo, imputado por cohecho y revelación de secretos, asegura sentirse engañado y que juez y fiscales le quieren "hacer la trece catorce"

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán EFE

El exjefe de seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo asegura sentirse engañado y ha anunciado, en un escrito presentado ante el juez que instruye el caso Villarejo, Manuel García-Castellón, que no va a volver a declarar ante el magistrado y los fiscales Anticorrupción. También ha pedido que se anule lo que dijo en sus dos interrogatorios previos, en los que colaboró al contestar a las preguntas sobre los contratos que la eléctrica suscribió con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Está citado a declarar nuevamente el próximo miércoles.

Asenjo ha hecho todo lo posible, asegura su abogado, "para ponerse a sí mismo y a sus recuerdos a disposición plena e incondicional del juzgado". Y añade, en un escrito al que tuvo acceso EL PAÍS: "Ahora nos encontramos con que Ministerio Fiscal y este juzgado le quieren hacer la trece catorce". La defensa de Asenjo ha pedido en varias ocasiones el levantamiento del secreto de la pieza 17 del caso Tándem o caso Villarejo, la dedicada a Iberdrola, sin éxito de momento.

Asenjo por tanto cambia su estrategia de colaboración. "Pasará a no responder a más preguntas", señala su abogado, siempre que estas tengan relación con audios o grabaciones de cuyo origen no se le informe "debidamente y cuya fiabilidad o legalidad no hubiere sido previamente contrastada mediante el necesario sometimiento a la pericial oportuna".

La defensa de Asenjo considera que los dos primeros interrogatorios de su cliente, los días 3 y 4 de febrero, deberían anularse porque no fue informado previamente de sus derechos. El escrito relata que Asenjo estaba tan nervioso por declarar ante el juez que no tiene "una imagen nítida de la primera hora de su declaración". Según este relato, el exdirectivo estaba ansioso por "ofrecer luz a lo que entendía era un enorme y fatal malentendido que había ocasionado la pérdida de su trabajo y unos quizá irreparables perjuicios al empleador con el que se había desarrollado profesionalmente".

Anular las grabaciones

Los audios que dieron lugar a la apertura de esta pieza separada adolecen, según la defensa de Asenjo,"de un vicio de nulidad insalvable". El escrito asegura que carecen de certificado digital y que han sido editados, y acusa a los fiscales de querer salvar su contenido "arrancando" a Asenjo el reconocimiento de que las conversaciones se produjeron en esos términos. Abogados defensores de imputados en otras piezas del caso Villarejo también están intentando anular las grabaciones con el argumento de que los audios hallados en los registros a los domicilios de Villarejo y de su socio Rafael Rendondo son copias editadas y no originales. El dispositivo en el que fueron grabadas originalmente no se ha encontrado.

Asenjo está citado a declarar el próximo miércoles. Cuando fue interrogado a principios de este mes declaró que el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, no conocía los encargos que durante más de una década se firmaron con la empresa de Villarejo. Asenjo aseguró que la cúpula de Iberdrola sabía de los contratos pero desconocía quién realizaba los informes. El exdirectivo relató asimismo que fue él quien contrató a Villarejo y que lo hizo convencido de que el policía se encontraba en excedencia.

El caso Villarejo no es el único procedimiento penal que tiene en vilo a la eléctrica Iberdrola. La Audiencia Nacional investiga desde mayo de 2017 una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en la que acusa a la cotizada de urdir un plan para alterar el precio de la luz y obtener así “un lucro ilícito de 20 millones de euros” durante el invierno de 2013, coincidiendo con una ola de frío. Competencia dio por probada la manipulación y multó a la eléctrica en 2015 por estos mismos hechos con 25 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha reactivado las pesquisas, tal como adelantó EL PAÍS, al pedir informes a organismos como la CNMC y Red Eléctrica para determinar por qué la luz subió un 26,5% y los perjuicios que eso ocasionó.  

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