Anticorrupción acusa a Iberdrola de ganar 20 millones al manipular el precio de la luz
El fiscal lleva ante un tribunal penal a la eléctrica por obtener un "lucro ilícito"
Iberdrola urdió un plan para alterar el precio de la luz y obtener “un lucro ilícito de 20 millones” durante el invierno de 2013 y coincidiendo con una ola de frío, según afirma el fiscal anticorrupción Antonio Romeral en la denuncia que ha presentado en la Audiencia Nacional contra los responsables de la compañía. Iberdrola asegura que está “prestando toda su colaboración” al juez instructor Ismael Moreno y niega “haber realizado manipulación fraudulenta alguna”. Competencia multó a la eléctrica en 2015 por estos mismos hechos con 25 millones. El juez ha admitido ya la denuncia de Anticorrupción.
Es la primera vez que la Fiscalía Anticorrupción lleva a los tribunales penales a una eléctrica; en este caso “por un delito contra el mercado y los consumidores del artículo 281 del Código Penal”, explica el fiscal. En los periodos más crudos de los últimos inviernos las asociaciones de consumidores han alzado la voz contra las subidas de la tarifa eléctrica. La compañía defiende que en este asunto “su comportamiento fue perfectamente racional y legítimo” y que Competencia interpretó los hechos “de una manera sesgada e incorrecta”.
Los hechos que investiga ahora el juez Ismael Moreno se produjeron entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013. Ya entonces la presunta manipulación derivó en un escándalo que obligó al Gobierno a cambiar todo el sistema de fijación de precios de la luz. Tras investigarla, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 25 millones de euros a Iberdrola en noviembre de 2015, al considerar probada la manipulación. El organismo de competencia determinó que la eléctrica había alterado fraudulentamente el mercado incrementando el precio de la oferta de las centrales hidráulicas de los ríos Duero, Sil y Tajo, que le pertenecen. Iberdrola interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, pendiente de ser resuelto.
La Guardia Civil, siguiendo instrucciones del juez Moreno, ha registrado las sedes de Iberdrola en Bilbao y Madrid en busca de la documentación sobre este presunto fraude. Iberdrola asegura que ha facilitado toda la información requerida por los agentes y que básicamente es la misma que ya entregó a la CNMC.
La compañía recuerda también que la Audiencia Nacional anuló en 2012, en vía administrativa, la única sanción, 2,4 millones de euros, impuesta a Iberdrola y basada en el mismo tipo sancionador. “La anulación se basó en la falta de prueba de los elementos que requiere la infracción, que tampoco se ha probado en el caso presente”, añade un portavoz.
El fiscal Antonio Romeral destaca en su denuncia que Iberdrola “con la finalidad de lucrarse ilícitamente, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda”. Según Anticorrupción, la empresa aumentó el precio en las ofertas de energía eléctrica de sus centrales hidráulicas del Duero, Sil y Tajo “a un nivel por encima del precio del mercado diario”. Y lo hizo, señala el fiscal, “sin causa legítima que lo justificara”. Ese aumento por encima del precio de mercado “impedía casar las operaciones”, es decir, sacó de la negociación de la subasta eléctrica la producción de esas centrales.
El sistema de fijación del precio de la electricidad en el mercado mayorista funciona como una subasta, en la que cada productor va entrando con un precio determinado y se van cruzando la oferta y la demanda (casación). La última central que participa, la más cara, marca el precio que luego cobran todas. Si se oferta menos energía, por ejemplo porque algunas centrales retiran sus ofertas, el precio se encarece. Según el fiscal, al retirar la producción de las hidráulicas, las compras se casaron con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, a un precio superior.
El artículo 281 del Código penal “sanciona” al que “detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores”. Y contiene un castigo que oscila entre uno y cinco años de cárcel y multa.
La consecuencia “del artificio urdido y llevado a cabo por Iberdrola fue la subida del precio de la energía eléctrica en, aproximadamente, siete euros megavatio/hora, que aplicados a la energía programada y vendida por la denunciada en el período temporal antes referido —2.965 GWh—, le supuso un beneficio superior a los 20 millones de euros”, destaca el fiscal.
La compañía, por su parte, asegura que “no obtuvo ningún beneficio” ni tuvo “intención de tenerlo” con esta operación, “ya que tenía una posición neta compradora en el periodo analizado, por lo que, aparte de no tener capacidad de incrementar el precio del mercado por carecer de posición de dominio en el mismo, no tenía ningún interés en que se incrementara dicho precio”.
Los responsables del fraude se enfrentan a una pena entre uno y cinco años de cárcel
Anticorrupción pide al juez “que reciba declaración como investigado” al representante legal de Iberdrola, que solicite los informes y la resolución de la CNMC sobre el caso y que Red Eléctrica de España, que gestiona la red de transporte de electricidad, “aporte una certificación sobre promedio semanal de reservas hidráulicas de los ríos Duero, Sil y Tajo en las semanas 44 a 52 de los años 2011, 12, y 13”.
También solicita información al Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) sobre las ofertas presentadas por varias compañías en esas fechas. El fiscal quiere que la OMIE y las compañías que participaron en la subasta certifiquen, en el periodo investigado, “la oferta despachada y no despachada por bandas de precio de 10 euros MW/h”. También reclama que se certifiquen “las ofertas diarias de energía realizadas” por las productoras “que intervienen en ese mercado de sus centrales de ciclos combinados”.
investigacion@elpais.es
Las siempre polémicas subastas del precio de la luz
El Gobierno decidió cambiar el sistema de fijación del precio de la luz después de la escalada de precios a la que apunta la denuncia de Anticorrupción. A finales de 2013, el Gobierno suspendió las llamadas subastas Cesur, trimestrales, con las que hasta entonces se fijaba la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR), la que determinaba el precio de la luz para 19 millones de consumidores, al darse cuenta de que eran manipulables. La última subasta Cesur, en 2013, incrementó el precio un 26,5%, que suponía más de un 10% de subida en la factura final del consumidor.
El precio de la luz depende en parte del precio mayorista de la electricidad, conocido como pool. En el recibo que llega a las casas, el pool tiene un peso aproximado del 35%. Los peajes (primas y subvenciones, transporte de la electricidad…) suponen otro 40% y el 25% restante correspondería a los impuestos, principalmente el IVA. Ahora los precios del pool se negocian a diario con un sistema que cruza la oferta y la demanda cada hora.
Los precios del mercado mayorista, que gestiona el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), se negocian a diario. A él acuden los productores, por un lado, y los grandes consumidores, las comercializadoras y las distribuidoras de energía. Es un proceso de oferta y demanda, en el que se hace un proceso de casación entre ambas para cada hora y cada día.
El pool es un mercado llamado marginalista. Cada central productora de electricidad va entrando con un precio determinado y se va cruzando la oferta y la demanda. La última central que participa, la más cara, marca el precio que luego cobran todas. Es decir, al final, todas las centrales, sin importar el precio que les ha costado producir esa electricidad, cobran lo que cuesta la más cara. Si se oferta menos energía, por ejemplo porque algunas centrales retiran sus ofertas, el precio se encarece.
El Cesur funcionó desde junio de 2009 hasta finales de 2013. El Gobierno quería que el precio resultante de esa subasta trimestral fijara la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR), la que determinaba el precio de la luz para 19 millones de consumidores durante los tres meses siguientes.
El Gobierno tuvo que suspender la subasta del 19 de diciembre de 2013. Se encontraron “movimientos anómalos” en su ejecución. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) abrió expediente informativo y en 2015 consideró probado que Iberdrola manipuló los costes en un contexto de altos precios en el mercado y un escenario de elevada demanda.
Esa subasta arrojó un inesperado aumento del 26,5%, que repercutiría en la factura final que paga el consumidor con un incremento del 10,5%. Se producía después de cuatro aumentos anteriores.
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