El juez archiva la causa por la supuesta contratación de Villarejo por la constructora San José

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha decidido dar carpetazo a la línea de investigación abierta por la supuesta contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo por parte de la constructora San José. Aunque el magistrado considera que existen indicios de que la compañía contactó con la trama y de que el equipo del antiguo agente de la Policía Nacional llegó a elaborar un proyecto para espiar y boicotear a Santiago Rey, presidente del grupo de comunicación Voz —que incluye medios como el periódico La Voz de Galicia—, no se han encontrado pruebas de que finalmente se aprobase el encargo o se pagase. En estas pesquisas estaba imputado José Antonio Carpintero Dacal, directivo de la empresa y responsable de Seguridad.

Según consta en un auto dictado este 14 de diciembre, adelantado por Abc y al que tuvo acceso EL PAÍS, García-Castellón archiva esta causa abierta en septiembre de 2019 y que señaló a otra de las grandes empresas del país. No es la única en un macrosumario donde también se encuentran bajo sospecha otras importantes compañías, como BBVA (imputada, incluso, como persona jurídica), Iberdrola, Mutua Madrileña, Repsol, Caixabank o Grupo Planeta.

En el escrito de las pesquisas sobre San José, el magistrado detalla que todo comenzó en 2009. Según insiste el juez, el propio José Antonio Carpintero reconoció en su declaración en la Audiencia que, en aquella época, se produjo una reunión en el comité de dirección de la constructora donde se abordó el “tratamiento mediático inadecuado” que, en su opinión, estaba recibiendo la compañía. Especialmente, del Grupo Voz. La cúpula de la empresa quería contraatacar y mejorar su “imagen reputacional”. Así que en ese momento, según el responsable de Seguridad, justo “encontró” una tarjeta de visita del Grupo Cenyt, la trama de empresas de Villarejo, “que no recuerda cuándo ni cómo consiguió”. Y procedió a contactar con ellos.

La red del comisario jubilado elaboró entonces un “informe preliminar” con toda una serie de objetivos a desarrollar en dos fases, según subraya García-Castellón. Una primera, centrada en espiar al presidente del Grupo Voz y de su entorno para averiguar presuntas actuaciones irregulares que hubieran cometido —esta, además, se acompañaría de “acciones de hostigamiento o boicot de sus actividades”—. Y una segunda, basada en la difusión y publicación de la información que se hubiera conseguido en la anterior. Este modus operandi se repite en otras líneas de investigación del caso Villarejo.

Pese a ello, los investigadores no han conseguido encontrar pruebas de que la constructora llegara finalmente a aceptar esta propuesta. Tampoco de que pagara los importes que ese informe preliminar preveía por el encargo: más de 1,5 millones de euros si se elegía la opción más cara propuesta por Cenyt, que además aconsejaba a San José el “máximo de discreción en el procedimiento de pago”.