La Audiencia Nacional investiga los contratos de Repsol con Villarejo

El macrosumario de la Operación Tándem sigue creciendo. La Audiencia Nacional ha abierto una nueva línea de investigación centrada en los contratos de la petrolera Repsol con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de la trama de corrupción policial y empresarial. Según ha adelantado La Información y han confirmado fuentes jurídicas a este diario, el magistrado Manuel García-Castellón tomó esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. La agencia Europa Press señala, además, que estas pesquisas también implican a la entidad financiera Caixabank.

Con esta iniciativa, la trama urdida en torno a Villarejo salpica a dos nuevas empresas del Ibex 35. Según precisaron varias fuentes jurídicas, el juez ha decidido abrir una nueva pieza separada para investigar los contratos de la petrolera Repsol con el comisario jubilado, al que se le considera el cabecilla de una "estructura paraestatal" que traficó con información confidencial a cambio de "cantidades millonarias". Aunque estas mismas fuentes detallan que estas nuevas pesquisas se encuentran aún en una fase inicial, Europa Press precisó que también se amplían a Caixabank —antiguo accionista de la petrolera— y que, en ellas, se trata de esclarecer si se recurrió al agente retirado en 2011 para evitar que, mediante un acuerdo con la sociedad mexicana Pemex, Sacyr se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Antoni Brufau.

A preguntas de este periódico, un portavoz de Repsol ha detallado este viernes que no tienen constancia de esta decisión judicial y que no han recibido ninguna notificación por parte de la Audiencia Nacional. Aun así, reconocen que existen facturas de 2011 de la petrolera con alguna de las empresas del agente retirado.

Facturas intervenidas

Pero EL PAÍS ha tenido acceso también a otras dos facturas a nombre de Repsol intervenidas a Villarejo y relativas a otros años. Una está fechada en 2014 por 24.200 euros y por "servicios de análisis de información y seguridad". El importe de la segunda, de mayo de 2012, asciende hasta los 53.100 euros por la "elaboración de estrategias para la ubicación y recuperación de datos electrónicos almacenados en discos duros de ordenadores y sistemas tecnológicos, anulados o dañados". Sobre ambos documentos, la petrolera no ha querido hacer ningún comentario.

Desde que la Audiencia Nacional activara la Operación Tándem en 2017, esta macrocausa no ha parado de crecer. La investigación suma ya una veintena de piezas separadas, en las que se investiga también, entre otros asuntos, el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas y la guerra sucia abierta por la policía patriótica contra Podemos. Pero, también, la presunta contratación por parte de grandes compañías a Villarejo para actividades irregulares, como espionajes a adversarios empresariales.

Entre las sociedades salpicadas se encuentran el banco BBVA, que ha llegado a ser imputado como persona jurídica; y la eléctrica Iberdrola. Esta última ha pasado a la ofensiva esta semana y ha denunciado a su exempleado José Antonio del Olmo, autor de un supuesto informe interno que acusa a la dirección de la compañía de ordenar espionajes y usar facturas falsas. Según la empresa, Iberdrola no tiene constancia alguna en sus archivos de ese informe.