Banca

La banca prepara un plan para mejorar su imagen y reconciliarse con el Gobierno

El documento, que se conoce tras las críticas de la vicepresidenta Calviño, incluye recomendaciones sobre los salarios de los ejecutivos

Protestas en Madrid contra el plan de despidos del BBVA, el pasado 2 de junio.
Protestas en Madrid contra el plan de despidos del BBVA, el pasado 2 de junio.SUSANA VERA / Reuters

En medio del malestar por los ERE con miles de despidos anunciados por varias entidades, entre ellas BBVA o CaixaBank, y tras la polémica de que las reducciones de plantilla se acometan mientras los directivos reciben altas remuneraciones, la banca quiere firmar la paz con el Gobierno, que reprochó los altos salarios de las cúpulas, y ha puesto en marcha un plan para recuperar parte de la reputación perdida.

Para lograr estos objetivos, las entidades preparan un documento conjunto que, salvo sorpresas, presentarán en julio y que ha sido consultado con el Ministerio de Asuntos Económicos que lidera Nadia Calviño. En este informe quieren destacar la labor positiva que han realizado para la sociedad durante la crisis de la covid y comprometerse a mantener los principios de responsabilidad social en la próxima recuperación económica, de la que quieren ser partícipes.

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Según fuentes conocedoras de las conversaciones, el documento se articulará en torno a tres ejes destacados: uno, los sueldos de los directivos, sobre los que admiten que tiene que haber moderación en un momento de crisis, pero sin reconocer que los salarios sean excesivos, sobre todo si se comparan con sus pares europeos o anglosajones.

En segundo lugar, el sector quiere resaltar el papel de la banca a la hora de ayudar a la economía real en esta crisis, desplegando más de un millón de operaciones entre las refinanciaciones, las moratorias en el pago de los créditos y la financiación con aval del ICO.

Los bancos quieren dejar claros los compromisos que han adquirido, como por ejemplo la recolocación de buena parte de los trabajadores despedidos, según fuentes conocedoras de la negociación. También pretenden destacar todo lo que están haciendo por la digitalización de la economía, la financiación de la transformación energética y la cobertura de los servicios financieros en la España vacía. El sector hará además especial hincapié en la formación financiera que da a los jóvenes en los colegios y a sus plantillas para evitar que se vendan productos no adecuados a los clientes.

En tercer lugar, la banca se compromete a financiar los recursos privados que se movilicen para acometer los proyectos que utilicen fondos europeos, llegando incluso a ofrecerse para mediar en la distribución y selección de fondos entre las empresas.

Iniciativa conjunta

En resumen, el sector quiere recopilar sus aportaciones positivas a la sociedad en un documento inédito porque trata de aglutinar a los bancos más representativos con el sello de la Asociación Española de Banca (AEB) y el de la CECA, que agrupa a las entidades procedentes de cajas de ahorros. Estas dos organizaciones solo han emitido comunicados conjuntos en circunstancias muy especiales, como en la pandemia.

El momento no parece el más oportuno, porque llega después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya abierto expediente a cuatro de los más grandes (Santander, CaixaBank, Bankia y Sabadell) por aprovecharse de los créditos otorgados con aval del ICO para colocar a los clientes seguros y otros productos propios muy rentables o para sanear deudas dudosas al meterlas bajo el aval del Estado.

Al margen de incidentes incómodos, el sector quiere tender puentes con la vicepresidenta Nadia Calviño y enfriar un enfrentamiento que ha llegado muy lejos, según los banqueros consultados. La presentación de los ERE de CaixaBank y BBVA, que pueden suponer el despido de unas 9.000 personas, ocurrió en mitad de la campaña electoral de la Comunidad de Madrid, y se convirtió en un arma arrojadiza que empleó Vox y una parte de Podemos contra el ala socialista del Gobierno.

En La Moncloa se consideró una torpeza por parte de las entidades que presentaran los ERE al mismo tiempo que se conocían las nuevas retribuciones de la cúpula de CaixaBank, en donde el Estado controla el 16% por su anterior dominio de Bankia. Su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, ha pasado de ganar 500.000 euros a 1,68 millones, al margen del bonus por objetivos.

Esta circunstancia tensó la situación y acabó llevando a Calviño a adoptar una postura beligerante con los bancos, que ahora se quiere reconducir. La vicepresidenta y el propio presidente Pedro Sánchez reclamaron moderación salarial a las cúpulas de las entidades argumentando que si los despidos buscan reducir gastos, también se debían aminorar los sueldos multimillonarios en plena crisis.

Calviño recordó que lleva años reclamando a las entidades que sean más imaginativas en la búsqueda de la rentabilidad y que no se limiten a cerrar oficinas y despedir trabajadores con una edad que hace difícil su recolocación. La rebaja en casi 1.000 despidos del ERE del BBVA, algo que también está haciendo CaixaBank, aunque no ha firmado el acuerdo, así como la mejora de las condiciones de salida, son aspectos que la vicepresidenta ha valorado públicamente, dando a entender que se han debido a su presión política.

Ahora queda lejos la primera reacción conciliadora del Gobierno por boca de la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, cuando defendió los ajustes en la fusión de CaixaBank y Bankia. “Siendo consciente de que se trata de un expediente cuantioso e importante, este podría haber sido muy superior si cada entidad hubiera hecho la reestructuración por su lado”, afirmó.

La banca quiere la paz con el Ejecutivo. Y mantiene conversaciones con el Ministerio de Asuntos Económicos, que ve con buenos ojos la propuesta. Las entidades también buscan reforzar con esta iniciativa a Calviño frente a las alas más duras del Gobierno de coalición. Es más, admiten que la vicepresidenta económica es lo mejor que les puede pasar con este Ejecutivo.

En definitiva, se trataría de una especie de tregua después de las tensiones que Calviño ya tuvo con las entidades a cuenta del diseño de los créditos ICO, pues los bancos hicieron lobby con La Moncloa exigiendo mayores niveles de cobertura de las garantías públicas. Y luego también se enzarzaron con Economía por motivo de las quitas a los ICO y las ayudas directas a empresas. Varias entidades incluso reclamaron estas últimas en público, algo que no sentó bien en el ministerio. Todos, Gobierno y bancos, parecen ganar si las aguas vuelven a estar tranquilas. Ese es el objetivo del documento, que todavía está en proceso consultivo, no ha logrado el consenso de todos los actores involucrados y, en todo caso, recogerá unas pautas y no normas.

Las entidades sufrieron una importante pérdida reputacional con la pasada crisis financiera. Pero con la pandemia su situación en la opinión pública dio un giro y empezó a mejorar al facilitar, respaldadas por el ICO, la financiación a las empresas que estaban quedándose sin ingresos por las restricciones a la actividad. En 2020, su proyección pública cambió, y pasó de ser un problema a formar parte de la solución. Hasta que comenzaron a surgir las noticias sobre los ERE y los sueldos de los directivos. Desde entonces, en el sector observa con preocupación el deterioro de su percepción pública. Así que han decidido dar este paso adelante con la intención de reforzar su reputación.

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